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Disfrazada en fundaciones, escondida detrás de bancas parlamentarias o refugiada en apenas un puñado de gobiernos nacionales, la derecha latinoamericana acompaña a la dictadura hondureña. Desde reconocidos golpistas como la hija de Augusto Pinochet, la concejal chilena Lucía Pinochet, y Pedro Carmona, el empresario venezolano que sacó del poder a Hugo Chávez durante 48 horas, hasta funcionarios como el canciller panameño, Juan Carlos Varela, y uno de los líderes apristas del Congreso peruano, Jorge del Castillo, apoyaron o justificaron públicamente el golpe del 28 de junio contra el presidente hondureño Manuel Zelaya. Esta semana la dictadura liderada por Roberto Micheletti anunció triunfante un nuevo aliado: el presidente colombiano Alvaro Uribe. Bogotá lo matizó, pero reconoció que se encontró en secreto con una delegación golpista.

Son los voceros del régimen de facto en la región y en el mundo; su voz para sortear el cerco de la comunidad internacional. Los ayudan aliados extrarregionales como el ex subsecretario del Departamento de Estado para América latina, Otto Reich, o el paladín del liberalismo, el ex presidente español José María Aznar. Este último echó mano de su fundación FAES para dar un aire de academia a los argumentos golpistas. “Lo que se ha puesto en juego en Honduras en particular, y en América latina en general, no es el regreso de los golpes militares, sino el futuro de la democracia y la libertad. El verdadero peligro para la región es el proyecto totalitario del socialismo del siglo XXI”, escribió la fundación en un artículo que difundió por los medios internacionales.

Ese es el mensaje que repiten una y otra vez. El peruano Del Castillo lo explicó sin medias tintas. “Más que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que preparaba Zelaya”, sentenció uno de los hombres fuertes del APRA, el partido del presidente Alan García. El gobierno peruano condenó el golpe el mismo día en que los militares expulsaron del país a Zelaya, pero nunca exigió formalmente su restitución, ni sancionó en manera alguna al régimen de facto hondureño.

Colombia y Panamá comparten esa posición ambigua. El vecino centroamericano tampoco retiró a su embajador en Tegucigalpa y fue aún más lejos, felicitó a las fuerzas armadas hondureñas. “En Honduras he visto un ejército responsable acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no formaron”, dijo el canciller, dando por cierta una orden judicial que nunca se hizo pública.

Panamá es la prueba viviente de que las ideologías no murieron, como muchos gobiernos aseguraban en los ’90. El día del golpe, el gobierno pañameno de Martín Torrijos, el hijo del mítico general Omar Torrijos, fue uno de los primeros en condenarlo. Unos días después entregó el poder al magnate textil Ricardo Martinelli, un cruzado neoliberal que en su ceremonia de asunción, con Zelaya presente, prometió “desafiar el péndulo ideológico” en la región.

Uribe, en cambio, siempre mantuvo un perfil bajo frente al golpe de Honduras. Retiró a su embajador, pero esquivó las condenas contundentes. Los hombres de Micheletti entendieron eso como una señal y la semana pasada decidieron visitar al mandatario. “Acudimos al gobierno colombiano porque ambas naciones son víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, contó hace unos días el canciller de facto Carlos López.

Acostumbrado a las denuncias y los escándalos, el presidente colombiano conservó el perfil bajo y contestó con un breve comunicado de la Cancillería. La reunión existió, fue secreta, pero se dio en el marco de la mediación del presidente Oscar Arias. El texto dejó afuera el supuesto apoyo, anunciado con bombos y platillos en Tegucigalpa.