En la noche del miércoles, Hugo Moyano ya había decidido calmar los ánimos y hacer un gesto para facilitar el retorno de los “Gordos” e “Independientes”. “Voy a bajar los decibeles”, le había dicho a un allegado de estrecha confianza. El gesto que había preparado con antelación se produjo apenas 24 horas más tarde. Ayer, en una decisión poco habitual en política, Moyano pidió disculpas por las palabras que había dedicado a sus rivales. “Ojalá Dios ilumine a aquellos compañeros que se han sentido un poco molestos, y si algún error hemos cometido les pido disculpas, pero vengan a la CGT, que está fortalecida con los dirigentes pero fundamentalmente con todos los trabajadores”, dijo. Los testigos de su discurso conciliador llenaban el salón Felipe Vallese del edificio de Azopardo. El acto fue el broche final de 48 horas de negociaciones.

Dos temas fueron claves para evitar la ruptura: principalmente la convocatoria oficial al Consejo para el Diálogo Económico y Social (CDES), que hubiera perdido representatividad si una parte de la CGT se autoexcluía de las reuniones, pero también la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Servicios de Salud. La APE es el ente descentralizado que se encarga de reintegrar a las obras sociales sindicales el 10 por ciento de los aportes de empleados y empleadores: los fondos se distribuyen según las necesidades de las obras sociales con el objeto de reintegrar los gastos por prácticas médicas de alta complejidad, como transplantes y tratamientos costosos. La gerencia general de la APE está vacante desde que renunció Mario Koltan, designado por el ministro Juan Manzur. Quien sigue en funciones es el gerente de prestaciones Hugo Sola, a quien se atribuyen buenos vínculos con Moyano.

Dos funcionarios tuvieron un rol clave en las negociaciones que evitaron la ruptura. Se trata del ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par de Trabajo, Carlos Tomada. El primero mantuvo largas comunicaciones telefónicas con el dirigente de la Uocra, Gerardo Martínez. Tomada hizo lo propio con el secretario general de los mercantiles, Armando Cavalieri. Martínez y Cavalieri, con matices, forman parte del grupo que salió a cuestionar públicamente el “personalismo” de la conducción de Moyano. También llegó a intervenir la propia Presidenta. La mediación de los funcionarios tenía un objetivo muy delicado para el Gobierno: en la Casa Rosada querían impedir a toda costa que la convocatoria al CDES sumara un nuevo obstáculo por el flanco sindical. Eso hubiera sucedido, por caso, si los “Gordos” e “Independientes” desconocían la convocatoria y faltaban a la primera ronda de negociación.

La presencia de “Gordos” e “Independientes” en el CDES se había convertido en un tema de extrema importancia para el Ejecutivo. Incluso algunos sectores empresariales, como el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, habían llegado a advertir que si el mercantil Cavalieri no era de la partida, él tampoco asistiría. Esa amenaza preocupó al Gobierno, que todavía no recibió ninguna respuesta pública por parte de la Mesa de Enlace agropecuaria sobre su participación en esa ronda de negociación intersectorial. Finalmente, la mediación de Tomada y De Vido descomprimió las tensiones entre Moyano y los gremialistas rebeldes. “Es bueno para el país y para sus trabajadores que haya una CGT unificada, lo que permite que los acuerdos y consensos que se alcancen sean mucho más amplios y con mejores resultados para todos”, se congratuló Tomada.

La primera prueba de que la CGT logró permanecer unificada podrá comprobarse el martes 28 de julio en el Ministerio de Trabajo. Ese día se reunirá el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los trece miembros que asistirán en representación de la CGT ya tienen nombres propios: serán Moyano, Cavalieri, Martínez (Uocra), Juan Belén (metalúrgicos), Gerónimo Venegas (peones rurales), Andrés Rodríguez (UPCN), José Pedraza (La Fraternidad), Héctor Daer (Alimentación), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Juan Zanola (La Bancaria), Roberto Fernández (UTA), Omar Viviani (taxistas) y Mario Manrique (Smata). La conformación de la comitiva refleja la decisión de integrar a todos los sectores y tendencias que conviven en la central de Azopardo. Están los moyanistas, los “Gordos” y los “Independientes” que encabezaron esta puja contra el camionero y hasta el Momo Venegas, emblema del peronismo disidente.

El único excluido fue Luis Barrionuevo (gastronómicos), fundador de la CGT Azul y Blanca, a quien los propios “Gordos” llegaron a minimizar tratándolo como un actor “marginal” en el mapa actual del sindicalismo. El gesto de Moyano de pedir disculpas cayó bien entre sus rivales, pero lo que hará sustentable el acuerdo y mantendrá unida a la CGT va mucho más allá de las palabras. “Lo que hemos cuestionado es una metodología, de una conducción personalizada y queremos que cambie”, había planteado el estatal Rodríguez, de UPCN. Dicho en otros términos (o sea sin eufemismos), lo que “Gordos” e “Independientes” están reclamando es que Moyano les permita incorporar a hombres de su confianza en los lugares de decisión de la APE.

Así como Moyano tiene como jefe del área de Legales a Abel Beroiz (h), ellos pretenden que la gerencia general deje de estar vacante. También quieren que sea reactivado el Consejo Consultivo que monitorea los pagos: los “Gordos” sostienen que ese organismo se desactivó cuando el albertista Héctor Capaccioli se alejó de la SSS.

Como buen allegado al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, Capaccioli tenía mejor relación con los “Gordos” que con Moyano. En una lógica inversamente proporcional, el camionero ganó influencia a medida que Fernández iba perdiendo poder. El proceso pareció completarse con el alejamiento de Graciela Ocaña del Ministerio de Salud. Todo esto estuvo sobrevolando el conflicto que esta semana estalló a través de los medios. Pero al final el pronóstico optimista de Moyano resultó acertado. La sangre no llegó al río. “Hay un ambiente diferente, ahora reinan nuevamente el diálogo y la concordia”, se entusiasmó Martínez. Eso significa que habrá un nuevo reparto de poder.