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Desde París

La industria estadounidense del cine, de la música y de los videojuegos encontró en la Justicia sueca un aliado severo para defender sus intereses. En el último capítulo de la guerra de las multinacionales del entretenimiento contra los portales de descargas de contenidos en Internet, un tribunal sueco ordenó la desconexión de Pirate Bay, el portal de descargas P2P más importante del mundo.

La arremetida es una sanción más que se suma a la sentencia pronunciada por un tribunal de Estocolmo que condenó a los administradores de Pirate Bay a un año de cárcel y una multa de más de 4 millones de dólares por “hacer posible que los internautas compartieran archivos”. Esa condena tuvo una influencia decisiva en el éxito político que obtuvo en las elecciones europeas del mes de junio el Partido Pirata sueco Piratpartiet, que sacó 7,1 por ciento de los votos y un eurodiputado electo. La última decisión tomada por un tribunal de un distrito de Estocolmo obligó a Black Internet, el proveedor de banda ancha de Pirate Bay, a que desconectara el portal de los piratas. Bajo la amenaza de una multa superior a los 100 mil dólares, Black Internet cedió a la demanda.

Los responsables de la web de intercambios P2P aseguran hoy que ya han encontrado otro proveedor de acceso a Internet. La nueva medida de la Justicia sueca escribe una página suplementaria del extenso conflicto entre las multinacionales norteamericanas del cine, la música y los videojuegos en contra del intercambio de contenidos en Internet. Varias empresas de Hollywood como Disney, Paramount y Columbia han forcejeado con mucha eficacia para que Pirate Bay cese sus actividades. Sin embargo, detrás de este portal se mueve no sólo una plataforma sino todo un movimiento con argumentada filosofía social y política cuyos credos son la libertad numérica, la protección de la vida privada, el libre intercambio de las producciones culturales, la reforma de la legislación sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Rick Falkvinge, uno de los administradores de Pirate Bay, comentó que la condena al portal demuestra que “la ley de derechos de autor se ha hecho insostenible”. El portal de Pirate Bay impugna la decisión de desconectar la web y acusa a sus promotores de la industria del cine y de la música, apodados paródicamente “La Mafia”, de “haber gastado millones de dólares para conseguir esta prohibición. Suponemos que también se recurrió a sobornos ya que la prohibición viola varias leyes, y no sólo en Suecia, sino también en la Unión Europea”.

La cruzada de la industria norteamericana del entretenimiento en contra de esos portales se ha vuelto muy eficaz en los últimos dos años. El Ejecutivo francés adoptó un dispositivo muy represivo para castigar las descargas, que va desde la multa hasta el corte del acceso a Internet de los usuarios. El gobierno británico anunció ayer que también está estudiando diferentes opciones para combatir esa forma de piratería y que entre éstas se incluye la supresión del servicio. Los piratas de la cultura numérica ven en estos dispositivos un atentado contra las libertades civiles. Lo que está en el centro de sus planteos es la calidad de la libertad que se puede ejercer así como la navegación sin supervisión policial en Internet. En este sentido, el fundador del Partido Pirata francés, Rémy Cérésiani, acota: “Nosotros no queremos que Internet, que es un lugar de libertad por excelencia, se transforme en un medio como la televisión, donde todo está impuesto desde arriba”. Si la descriminalización del intercambio de los bienes culturales fuera de toda lógica de transacción comercial es la bandera de la piratería numérica, hay no obstante temas subyacentes que han alimentado el debate. Está el tema de la vigencia de los derechos de autor. Actualmente, los derechos de autor protegen una obra durante 50 años, pero la Unión Europea trabaja en un proyecto para llevar la protección hasta los 75 años. Los partidos piratas proponen en cambio que el derecho de autor tenga una vigencia máxima de 10 años en lo que atañe a los intercambios comerciales y la legalización, es decir, la ausencia de derechos, de los intercambios no comerciales realizados en streaming o mediante peer-to-peer.

La legislación actual es tan delirante que puede dar lugar a situaciones como las que narra Andrew Robinson, presidente del Partido Pirata de Gran Bretaña, el UK Pirate Party. Robinson cuenta que, según la ley británica, “uno debe teóricamente pagar derechos a la Recording Industry Association of America para poder cantar el ‘Happy birthday to you’. La canción está protegida por derechos de autor hasta el año 2030. Esto constituye una prueba de que, en su forma actual, el derecho de autor es inadaptado para nuestras sociedades porque es exageradamente favorable a las empresas”. El juicio y la posterior condena contra los responsables de The Pirate Bay tuvieron un efecto contrario al esperado. En vez de servir de ejemplo sirvieron para que los promotores de la libertad numérica tuvieran más audiencia y alcanzaran la consagración política. Andrew Robinson piensa que, poco a poco, “cuando las legislaciones de cada país se vayan tornando más restrictivas contra los usuarios, los partidos piratas aumentarán cada vez más su audiencia”.