Desde Medellín

El futuro político de Colombia se definió ayer en el Congreso. En medio de denuncias, ofrecimiento de cargos públicos y supuestas compras de votos, la Cámara de Representantes iba a votar el proyecto de referendo popular con el que el gobierno de Alvaro Uribe espera reformar un artículo de la Constitución que hoy le impide presentarse, nuevamente, a las elecciones presidenciales próximas. El “articulito”, según Uribe mismo lo llama, será cambiado si al menos siete millones de colombianos van a las urnas y la mayoría así lo decide.

El Capitolio estaba a reventar. Durante la tarde y la noche, allí tuvo lugar uno de los debates más trascendentales en la historia colombiana reciente. Asistieron 125 de 166 políticos que integran la Cámara, entidad paralela al Senado que la semana pasada le dio el primer empujón a la resurrección a este proyecto que casi fue archivado en el cajón de los fracasos políticos del gobierno de Uribe. El país estaba en vilo. La decisoria sesión fue incluso trasmitida en directo por televisión, mientras afuera del Congreso un grupo de prouribistas exhibía pancartas a favor de un nuevo referendo. En los balcones del recinto, unas trescientas personas presenciaron la votación.

Las dudas por la ilegalidad de este mecanismo, fundadas en delitos probados con los que ganó el referendo que permitió la primera reelección del presidente, fueron uno de los motivos para que este año nadie creyera que la historia se iba a repetir. Sin embargo, las coaliciones uribistas y los propios ministros se mostraron optimistas frente al resultado del escrutinio en Cámara. En la tarde, ya afirmaban tener 92 votos asegurados a su favor. Ese mismo número de representantes objetó, al iniciar la plenaria, la propuesta de la oposición de retirar el punto de votación de referendo del orden del día. Ellos, como lo aseguró el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, acordaron ya con sus líderes políticos y los funcionarios de Uribe que darían un sí al referendo ayer. ¿A cambio de qué? La respuesta es descarada.

Ayer mismo, el representante Rodrigo Lara reveló públicamente que a tres parlamentarios del Partido Cambio Radical les ofrecieron cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La compra de votos está anunciada desde cuando Yidis Medina, encarcelada hoy, reveló que vendió su voto en 2004 y que lo hacía porque el gobierno no le cumplió con el botín prometido.

La sesión de ayer estuvo tan tensa, que durante el debate el congresista Jorge Rozo denunció que el director del Sena le envió una funcionaria “para comentarme un tema”. “¿Qué necesita para que vote el referendo?”, fue la pregunta de la mujer al momento del encuentro. Hoy existen nueve denuncias sobre vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de referendo. Dos ex parlamentarios están en la cárcel por aceptar “favores” políticos y dinero a cambiar de votar favorablemente el primero, aunque ningún funcionario de Uribe ni mucho menos él mismo están siendo procesados por ser contraparte en el delito. Hablándose a boca abierta de la estrategia para pasar el referendo a toda costa, el ambiente se puso tan caliente que hasta se impidió que los asesores de los parlamentarios se acercaran a ellos durante la sesión. La parlamentaria Gema López aprovechó la medida para denunciar que el viceministro de Justicia sí logró ingresar y estaba, hasta último momento, susurrándoles a varios representantes.

Otro grupo de congresistas atinó a “salvarse” de la votación de ayer declarándose impedidos. Ayer eran 20 los impedimentos radicados y 2 las excusas médicas que llegaron a la mesa directiva de la Cámara para no asistir al decisivo encuentro. La influencia uribista consiguió que se anunciaran sanciones para los ausentes. Entretanto, la oposición se la jugó con una carta clara: 86 representantes que votaron el proyecto en el debate de diciembre son investigados por la Corte Suprema de Justicia. Ellos, según denunció Germán Navas, parlamentario del Polo Democrático Alternativo, incurrieron en prevaricato, aun el Registrador Nacional no certifica que el referendo es financiado legalmente.