Opinión

El fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional penar la tenencia de cualquier droga para consumo personal trata sobre las libertades individuales. La de quienes siendo mayores de edad optan por fumar porro, tomar cocaína o experimentar con ácidos y lo hacen sin importunar al resto. Lo que se conoce como un delito sin víctima. Esta postura, compartida por todos los miembros del alto tribunal, encierra una paradoja: a veces, para avanzar hace falta retroceder. Y no sólo porque el fallo retoma la jurisprudencia del caso Bazterrica de 1986, contrariada luego por el fallo Montalvo durante el menemismo, sino por la discusión que implicó elegir una historia entre todas las que llegaban al tribunal. Un caso que no desentonara con la realidad que rodea al tema: ignorancia y terror mediático.

Hasta hace algunas semanas, el principal candidato a convertirse en el protagonista de esta historia era Andrés Villacampa, un joven imprentero detenido cinco años atrás con dos gramos de marihuana. El caso terminó por prescribir ante la indecisión de los magistrados de la Corte. ¿Qué los detenía? No se sabe. Tal vez el crecimiento de la presencia mediática de los sectores que piden más prisión, más mano dura. Más allá de eso, el caso Villacampa tenía muchos elementos interesantes, jurídicamente hablando. Además del usuario, el otro protagonista –en el rol de “malo”– era la policía y la acción trascurría en la calle.

Como pasa habitualmente, no hubo ningún tipo de inteligencia previa por parte de los agentes. Villacampa era un usuario ocasional. Lo detuvieron en un boulevard céntrico con un bagullo de marihuana que no llegó a descartar cuando vio venir a la policía en un auto particular. Lo encañonaron y se lo llevaron luego de requisarle ilegalmente sus bolsillos. Villacampa no estaba fumando al momento de ser interceptado. Venía de entregar un volante de su madre, que da cursos de metafísica, a Alejandro Zunini. La policía estaba vigilando la casa de Zunini, que fue allanada (encontraron 100 gramos de marihuana). Al joven imprentero le tocó pasar tres días en la comisaría con la policía sugiriéndole (por poner un eufemismo) que delatara a su dealer. No lo hizo.

Su caso llegó a juicio oral y público, hubo que trasladar a jueces, abogados y peritos desde Rosario para las audiencias (la Justicia gastó, solamente en viáticos, 3000 pesos). El joven fue condenado a dos meses de prisión en suspenso por tenencia para consumo personal, conmutables, como se establece en la ley 23.737, por “una medida curativa”. Luego vendrían las apelaciones. Estaba en juego su derecho a la privacidad porque su bolsillo, como el baúl de un auto o una casa, es parte de la intimidad.

El caso, como puede apreciarse, demuestra todo lo dicho por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus asesores del Comité Científico. La policía, en el afán de armar causas “por narcotráfico”, detiene a consumidores, satura el sistema judicial y se mantiene “ocupada”, mientras los grandes narcos sacan toneladas de cocaína a Europa en barco. Fallar sobre este caso hubiera involucrado un fuerte cuestionamiento a las fuerzas del orden en un contexto en el que el usuario quedaría en el rol de “víctima” de los abusos policiales y judiciales.

Para la lectura mediática mayoritaria, que no dista de la opinión de cualquier vecino prejuicioso, la historia de Villacampa era muy atacable. Después de todo, la asociación entre drogas, violencia y delito se afianzó tanto que la gente tiene la idea de que para llegar al narcotráfico hace falta perseguir al eslabón más débil de la cadena, el usuario. El miedo a “una epidemia de drogas” haría el resto. De hecho, tanto Fernández como el juez Eugenio Zaffaroni, caras visibles de la despenalización, han repetido en muchos medios de comunicación que “no se despenaliza la droga”, sino la tenencia, que nadie habla de legalizarlas, que esto no es Holanda.

Descartado el caso de Villacampa, los jueces comenzaron a evaluar otras historias, personajes, contextos. Uno de los magistrados deslizó, a días de las sentencia final, que la causa elegida sería la de Carlos Alustiza, otro consumidor. El caso ocurrió en Pergamino y había, a diferencia de Villacampa, una mayor claridad respecto del derecho a la privacidad. No era su bolsillo sino su casa la que había sido requisada. La policía, en el marco de una investigación por homicidio, allanó el lugar y encontró una tuca, una pipa de madera y ochenta gramos de marihuana prensada en el cuarto de Alustiza.

El motivo del descarte fue obvio: la cantidad. Aunque técnicamente no importa cuánta droga haya porque lo que debe demostrarse es la comercialización, despenalizar la tenencia para consumo personal con esa cantidad abría la fantasía, mediática por supuesto, de que se establecía un tope mínimo tolerable de esta sustancia bastante alto y que los dealers saldrían favorecidos porque llevarían esa cantidad para vender, o menos, y podrían decir que consumían si los atrapan. Enseguida circuló otro caso, el de un usuario requisado ilegalmente en la calle, como Villacampa. Sólo que tenía cocaína, una sustancia con muy mala prensa que borra, en la concepción de público desinformado, la distancia entre usuario, abusador y dependiente.

Finalmente, la Corte encontró la historia que podría mitigar el impacto negativo en la sociedad. A diferencia de los casos anteriores e incluso de Bazterrica y Montalvo, el protagonista no es un consumidor, sino un dealer: Sebastián Arriola. O sea, el “malo” de la historia deja de ser un policía y el escenario es la casa del dealer en Rosario, algo que podría ser bien recibido por los medios y los clásicos formadores de opinión, quienes insisten en que la despenalización favorece el narcotráfico.

La suerte de Arriola y su socia Mónica Vázquez, acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ya fue resuelta por la Corte Suprema el 5 de mayo pasado. Fueron declarados culpables. La policía descubrió la casa de Arriola, en la esquina de Forest y México, a partir de la detención de varias personas que andaban en la cercanías. Y después de filmar la entrada del lugar, con el consecuente movimiento de compradores, consiguió la orden de allanamiento. Los usuarios detenidos durante la investigación terminaron procesados por tenencia de drogas para consumo personal y ayer fueron absueltos. En total son cinco personas.

El mensaje, para la sociedad, pero también para los demás jueces, es que hay que separar al consumidor del dealer, que se puede separarlos. El retroceso queda a la vista. Se sacrifica una discusión por otra. Poner a los consumidores como protagonistas implicaba repensar el uso de drogas en la vía pública, las requisas ilegales a los que suele someterlos la policía, el mal funcionamiento de la inteligencia que debería perseguir a los grandes narcotraficantes.

Sin embargo, el nivel del debate es demasiado inmaduro. Los propios magistrados hicieron circular ayer un comunicado a la prensa. El título era: “La Corte no ordenó la despenalización general del consumo de marihuana”. No alcanzó. Los titulares de los noticieros dijeron todo lo contrario.