Otra vez la desilusión se apoderó de los hondureños. A pesar de la creciente presión internacional y los llamados al diálogo de varios sectores golpistas, la misión de los cancilleres de la OEA anunció ayer que dejaba el país con las manos vacías; el presidente de facto Roberto Micheletti rechazó el Acuerdo de San José, redactado por el presidente costarricense Oscar Arias. De nada parece haber servido la presión que ejerció a último momento Washington. Esta mañana el Departamento de Estado informó que suspendía todas las emisiones de visa a hondureños a partir del día de hoy. “Vamos a revisar nuestra política de visas en apoyo de la misión de la OEA y como consecuencia de la renuencia del régimen de facto de Honduras a firmar el Acuerdo de San José”, explicó, temprano, el vocero Ian Kelly. Otra vez, los golpistas hondureños demostraron que no les tienen miedo a las sanciones de Estados Unidos.

Micheletti marcó el humor de la jornada. No bien recibió a los cancilleres latinoamericanos en el Palacio de Gobierno, dejó en claro que no iba a tolerar ultimátum. “Este es un país soberano, aquí nadie puede venir a imponernos absolutamente nada”, les dijo el dictador a sus invitados. Los cancilleres estaban allí para preguntar, por última vez, si el gobierno de facto aceptaba o no el plan ideado por el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias. Micheletti no dio una respuesta directa frente a las cámaras, pero no dejó mucho lugar a la duda. “No tenemos miedo al embargo de nadie. Podemos salir adelante sin el apoyo de ustedes”, aseguró. La nueva sanción de Estados Unidos no había surtido efecto.

A primera hora el Departamento de Estado había anunciado que ponía bajo revisión todo su servicio de visas en el país centroamericano. “Vamos a suspender los servicios de visa no urgentes, para los no inmigrantes a partir del 26 de agosto”, explicó el vocero Ian Kelly. La medida no alcanza a los funcionarios o ciudadanos que ya tienen una visa, pero sí a los más de 30 mil hondureños que todos los años hacen el trámite para viajar al país del Norte.

Además del descontento de los zelayistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, la dictadura hondureña deberá ahora enfrentar el malestar de las miles de personas que no podrán visitar a sus familiares en Estados Unidos. Más de un millón de hondureños viven allí.

La posibilidad de una mayor resistencia no pareció movilizar a Micheletti, quien tampoco respondió a la mayor prudencia y moderación de la OEA. Después de la fallida primera misión, el secretario general José Miguel Insulza había cambiado su estrategia. Desaceleró los tiempos para dar espacio a las negociaciones y aceptó sentarse a hablar con todos, zelayistas y golpistas.

Según confió a este diario una fuente diplomática del gobierno legítimo de Manuel Zelaya, durante las últimas dos semanas sectores golpistas negociaron en secreto en la embajada estadounidense en Tegucigalpa. “Había algunos grupos que habían empezado a aflojar y aceptaban la vuelta de Zelaya, si la comunidad internacional garantizaba que tendría límites”, explicó la fuente, que no está autorizada para hablar oficialmente. “No sé qué cambió en las últimas horas”, reconoció.

Al final de la tarde, el vocero de la misión de la OEA y canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, también advirtió que existen distintas posiciones dentro del régimen de facto. “La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del acuerdo”, explicó el funcionario de Arias. Según el análisis de la OEA, esos grupos quieren más garantías de la comunidad internacional, especialmente en cuanto a la amnistía general y al regreso de Zelaya. El fin de semana el mandatario derrocado había hablado en Radio Globo, uno de los pocos medios hondureños contrarios al golpe, y había prometido juzgar y condenar a todos los que participaron o apoyaron la dictadura de Micheletti.

A pesar de esas palabras, uno de los referentes del empresariado hondureño pro-golpe dejó atrás su intransigencia. “La empresa privada ha sido muy clara en decir que nosotros apoyamos al Acuerdo de San José. Si el acuerdo llama a que, bajo ciertas condiciones, el presidente regrese, la empresa privada va a estar totalmente de acuerdo”, aseguró a Radio Globo Jesús Canahuati, presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, una de las entidades empresariales que financió el lobby golpista en Washington. La misma radio informó ayer que la Iglesia Católica y la Protestante también habrían adherido al Acuerdo de San José. De ser así, la dictadura estaría empezando a perder apoyos clave.