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“¿Cuántos vetos puede usar Cristina?” La pregunta era un clásico en los análisis preelectorales del oficialismo, atendiendo a la posibilidad de un crecimiento opositor y una ofensiva del “campo”. La inquietud no aludía a la Constitución (no hay tope de vetos), sino a la política. Se daba por hecho, con buena lógica, que cada ley “desechada” (tal el vocablo en jerga usado en la Carta Magna) por el Ejecutivo crisparía el ambiente haciendo imposible su uso a discreción. El desarrollo ulterior al 28 de junio pareció remitir la cuestión a 2010. El Frente para la Victoria (FpV) mantuvo bastante cohesionado a su bloque y a sus aliados, sacando provecho de la integración transitoria del Congreso. En tanto, la oposición se trabó, enredada por sus internas tanto como por la falta de sensatez de varios de sus referentes.

Pero un traspié en el Congreso, una tortuga que se les escapó a los diputados y senadores del FpV, forzó a la Presidenta a gastar prematuramente su primer veto postelectoral, una suerte de bala de plata. No es única, como en la narrativa del Far West, pero tampoco dispone de infinitas.

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Dos argumentos complementarios musitan en las bancadas oficialistas. El primero es la viga en el ojo ajeno. “Abusaron de nuestra buena fe, nos durmieron”, hablando del frente del rechazo, en especial de sus colegas de Unión-PRO. El segundo es la introspección: “Atajamos un montón de penales y después nos comemos un gol porque se nos escapa un tirito desde media cancha”. Las metáforas futboleras, se sabe, están a la orden del día.

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La emergencia agropecuaria es una “ley marco”, a la que se acollararon normas para distintas provincias. La idea dominante, que propició que se aprobara por unanimidad, era que no se incluía baja en las retenciones ni envíos de ATN. El debate general en las dos Cámaras recoge ese criterio, trastrocado en la norma referida a Buenos Aires. El oficialismo está en lo cierto cuando señala que la exención era incongruente con el espíritu de la ley y con el marco general. Y que era insensato discriminar tamañamente entre esa provincia y las otras. En La Ciencia Maldita, un blog bien distante del kirchnerismo, que se edita tan luego en La Nación on line, el economista Lucas Llach comparte esa conclusión. “Por esta vez, y hasta que me demuestren lo contrario, Hannibal (Aníbal Fernández) tiene razón.” Se refiere a la imposibilidad de implementar el beneficio.

La inclusión era incoherente, pues resultaría inexplicable que la oposición hubiera desamparado a otras provincias. Suena absurdo, por ejemplo, que los socialistas y Carlos Reutemann hubieran votado una norma que dejara de lado a los chacareros santafesinos.

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El veto es una prerrogativa constitucional del Ejecutivo. Una de las varias potestades que prueban la preeminencia de ese poder, en un sistema marcadamente presidencialista. En materia legislativa también lo son las facultades de prorrogar las sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias, fijando a discreción las respectivas agendas parlamentarias. En materia judicial lo son el indulto y la posibilidad de conmutar penas.

No hay cupo constitucional para la cantidad de vetos disponibles para la Presidenta. Sí lo hay (menos precisos pero no menos reales) en términos políticos. La legalidad es parte del intríngulis, pero en estas cuestiones tallan también la legitimidad y las correlaciones de fuerzas. Un veto, en las actuales contingencias, es un bajón para el oficialismo, una merma en su potencial simbólico.

Observada que es una ley, el Congreso puede imponerla al Ejecutivo. El proyecto vuelve a las Cámaras que pueden torcer la decisión con mayoría de dos tercios de votos de miembros presentes, inaccesible con esta integración del Congreso. Sería muy remota aun con la que tendrá desde el 10 de diciembre.

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El cronista ha escuchado teorías conspirativas de todo pelaje que niegan el error del oficialismo, pero no las cree. Hay ruralistas que hablan de una provocación deliberada, hay oficialistas que se recelan entre sí. Esas hipótesis son caras a muchos periodistas y a las gentes del común. Los primeros, porque leer bajo el agua o entre los cortinados es parte de su métier. Y se presupone que una conjura es más entretenida para el público que un desliz. Algo de eso hay. A muchas personas de a pie les cuesta digerir que se equivoquen los políticos a quienes creen muy taimados e infalibles a la hora de urdir tramoyas. Quien ha hecho política, o trabajado en una redacción, sabe que el error acompaña a la acción como la sombra al cuerpo. Máxime cuando se trabaja a toda velocidad, con bajas pautas de cooperación y de revisión. Las tortugas se piantan con llamativa asiduidad; las pelotas fáciles se escurren entre las manos, como le pasa al Pato Abbondanzieri en el ocaso de su carrera.

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El domingo pasado se explicó en esta columna que la supuesta hegemonía oficialista era una impresión magnificada, pues la limitaban varios factores. Uno de ellos eran sus tropiezos de gestión, otro el escenario parlamentario que se viene. En ese momento, el FpV parecía estar a cubierto del segundo límite hasta diciembre. La susodicha ley le adelanta los tiempos y fuerza a la Presidenta a pagar un costo anticipado.

Puede ocurrir que el impacto no afecte sólo al eterno conflicto con las patronales agropecuarias. El entorno enardecido, al que se suman los medios dominantes, quizá reste apoyos a la Ley de Servicios de comunicación audiovisual, que se presentaría mañana en sociedad. “Ese quilombo no es nuestro”, discurren, por ahora en sordina, varios gobernadores peronistas, que sí acompañaron la prórroga de las facultades delegadas. El chubutense Mario Das Neves, muy castigado en el ágora mediática por su sensata opción en ese caso, sería uno de los más vulnerables a la presión corporativa.

Desde un ángulo sistémico el episodio es una mala nueva. Excita a los halcones de ambos bandos. En la Rosada y zonas de influencia se da por probado que todo diálogo con los opositores conduce a una traición. Entre los ruralistas y los opositores más rabiosos, se avivan los vientos de fronda.

La Mesa de Enlace convocó a un paro sin cortes de ruta. Tal su discurso explícito, pero su praxis suele incluir los supuestos desbordes de los “autoconvocados”. En verdad, es un rol playing siempre ensayado. Con todo, la cautela verbal de los dirigentes, que no azuzaron asambleas de las bases, sugiere que leen que hay un clima social distinto al de 2008. Tendrán que medir la magnitud de la revuelta, en una sociedad menos exasperada, seguramente menos dispuesta a bancar sus demasías.

En un esquema político difícil, con un oficialismo debilitado por las urnas y una oposición diseminada y torpe, se multiplican los errores de los protagonistas. Mala cosa, que aminore el poder político mientras crece la fronda de las grandes corporaciones.

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