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El Pentágono anunciará esta semana supuestos avances en los derechos de 600 prisioneros en la base aérea de Bagram, Afganistán. Los detenidos en la cárcel estadounidense ubicada al norte de Kabul recibirán ayuda para recopilar testimonios y pruebas, informaron ayer los diarios The New York Times y The Washington Post. La revisión, sin embargo, es poco probable que aplaque las críticas a Washington por la violación de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos tanto en Bagram como en Guantánamo.

Citando al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a abogados de los prisioneros, el Times afirmó que unas 600 personas recibirán asesores de las filas del ejército. Los oficiales no son abogados, pero por primera vez ayudarían a reunir testimonios y pruebas que permitan revisar los casos.

La mayoría de los presos son sospechosos de pertenecer a los talibán; algunos están desde hace seis años en Bagram. A diferencia de los presos en la cárcel de Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, Cuba, no tienen derecho a un abogado ni a escuchar las acusaciones en su contra. Sólo hay revisiones “rudimentarias” del estatus del detenido como combatiente enemigo, dijeron fuentes militares a la prensa estadounidense. La prisión de Bagram, venida a menos, además será cerrada y sustituida en otoño (boreal) por un nuevo centro penitenciario. Esta cárcel militar con capacidad para albergar a unos 1000 prisioneros será más moderna y humana.

Bagram es para muchos afganos un símbolo de la desgracia. En sus primeros años los métodos duros y la privación de sueño eran rutina.

Desde julio los presos se habían negado a abandonar sus celdas para ducharse, para encontrarse con sus allegados o representantes de la Cruz Roja. De ese modo protestaban por su detención ilimitada en el tiempo, citó The New York Times a abogados defensores de los derechos humanos. Con las nuevas medidas los sospechosos terroristas serán separados de los presos más moderados. “No queremos retener a nadie que no debamos retener”, dijo un funcionario del Pentágono bajo condición de anonimato. El funcionario no quiso hacer estimaciones acerca del número de presos que podrán ser puestos en libertad tras una inspección.

Entretanto, organizaciones de derechos humanos calificaron la decisión como un paso en la dirección correcta, según publicó The Washington Post. Sin embargo, sostienen que es insuficiente. “Este cambio no significa en absoluto una revisión real de las reglas”, aseguró el abogado Ramzi Kassem que sigue el caso del yemení Amin al Bakri.

Militares y abogados de derechos humanos subrayaron que también existen dudas acerca de cuán rápido y con qué alcance se podrán implementar en la práctica las nuevas directivas. Entre otras cosas, se cree que es posible que no haya suficiente personal como para representar a los detenidos.