Cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata salgan a la cancha el próximo viernes para enfrentar a Huracán, desplegarán una bandera con la leyenda “Tres años sin López”. Será el puntapié inicial de una serie de reclamos por el testigo de cuya desaparición se cumplen, justamente, tres años. Al día siguiente, el otro equipo platense, Gimnasia y Esgrima, hará lo mismo cuando juegue en su cancha contra Tigre, en ambas oportunidades por iniciativa del colectivo Justicia Ya! El caso de la desaparición de uno de los principales testigos del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz llega a un nuevo aniversario con ausencia absoluta de resultados, más bien con el expediente judicial aún empantanado en la maraña burocrática de la Justicia. López, un albañil de 77 años sobreviviente de la dictadura, dejó su casa de Los Hornos la mañana del 18 de septiembre de 2006, pero nunca llegó a Tribunales, donde lo esperaban en la audiencia de alegatos del proceso contra el ex lugarteniente del genocida Ramón Camps.

Este viernes 18, a las 10.30, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Surcos, Praxis y otras organizaciones plantarán un árbol en la esquina de 66 y 137 de Los Hornos. Según un testigo, en ese lugar y a esa hora fue visto López por última vez. (El mes pasado la calle 66 fue señalizada con el nombre del testigo desaparecido.) Durante la mañana, Surcos, LADH y Unión por los Derechos Humanos harán un muro de silencio frente a la gobernación y rodearán los Tribunales platenses con carteles. A las 18, desde Plaza Moreno saldrá una marcha de antorchas organizada por el espacio de coordinación Jorge Julio López, mientras que a las 17.30 en Capital Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar de Congreso a Plaza de Mayo.

La investigación judicial de la desaparición de López, que había sido secuestrado el 27 de octubre de 1976 por una patota encabezada por Etchecolatz y sobrevivió para acusarlo, aunque no llegó a verlo condenado, está paralizada desde hace un año, cuando una denuncia de la familia contra sobrevivientes compañeras del testigo, sus abogadas y funcionarios judiciales “por no haberlo protegido” hizo que el juez federal Arnaldo Corazza se apartara de la causa por sentirse “violentado”. El caso terminó en la Cámara Federal de La Plata, donde la sala I decidió pasarlo a manos del juez federal Manuel Blanco. En los últimos días la Cámara de Casación revocó esa decisión y consideró que la investigación debía continuar a cargo del fiscal federal Sergio Franco. Ahora, la sala Federal tiene otra vez la palabra. Durante estos meses los 29 cuerpos, 50 legajos y 70 anexos del ámbito federal, más los cuatro cuerpos y unos 40 anexos del orden provincial, durmieron en el despacho de Blanco.

Desde aquellas primeras horas de estupor, cuando la familia de López lo creía perdido y los funcionarios nacionales lo buscaban debajo de los puentes, quienes habían participado con él en el juicio contra Etchecolatz no dudaron en exigir que la mira se pusiera en represores policiales y militares. Tres meses pasaron hasta que la Justicia reconoció que se trataba de un secuestro y no de una búsqueda de paradero. Hubo que esperar un año hasta que la Procuración designó personal para investigar, y un año y medio para que fuera apartada la Policía Bonaerense. Así, el caso se fue llenando de pistas disparatadas, que aportaron desde videntes hasta agentes de inteligencia, y que enturbiaron las que pudieron haber sido firmes. Recién dos años más tarde de la desaparición de López, su caso pasó a la secretaría especial de Juan Martín Nogueira, quien privilegió las líneas que conducen a la hipótesis de que el testigo fue secuestrado por una banda de policías y militares en actividad y retirados, en relación directa con su contribución en las causas contra represores de los centros clandestinos del circuito platense. Son dos vertientes que apuntan a represores imputados en otras causas y mencionados en este expediente, con cierta actividad previa al juicio contra Etchecolatz. Nogueira realizó una serie de medidas, entre ellas allanamientos a propiedades del ex médico de la Policía Bonaerense Osvaldo Falcone, y estaba a punto de identificar a imputados pidiendo su declaración indagatoria cuando le sacaron el expediente.

La ausencia de Tito, como lo llama su familia, puso en evidencia que nueve mil agentes de la Policía Bonaerense revistaron en esa fuerza durante la dictadura, y que los internos del pabellón “de lesa humanidad” de la cárcel de Marcos Paz gozan de increíbles privilegios. Allí fue donde Falcone visitó a su amigo Etchecolatz.