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Los familiares de víctimas del régimen del ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry esperan que la Suprema Corte de Uruguay lo condene por el golpe de Estado de 1973. “No tengo ninguna duda de que será condenado y el pueblo va a festejar”, declaró ayer Lille Caruso, vocera de la Comisión de Familiares de Asesinados por Motivos Políticos. Caruso juntó más de 1500 firmas para presentar la acusación ante el máximo tribunal uruguayo.
El ex dictador tiene 74 años y podría recibir una sentencia de 10 a 30 años de prisión. Para la ley uruguaya, ésta es la máxima condena prevista “porque el golpe se considera un crimen contra la patria”, explicó Walter de León, el abogado que patrocina a los familiares de las víctimas. Si la demanda se encamina, será la primera vez que alguien sea enjuiciado en Uruguay por su responsabilidad en un golpe de Estado. Esta denuncia es la segunda presentada este año contra Bordaberry por delitos cometidos durante su mandato. La primera fue cuando el juez Rolando Vomero aceptó reabrir el asesinato de ocho militantes comunistas en 1972 por fuerzas policiales. Los asesinos fueron identificados y Vomero estudia a Bordaberry como autor intelectual de la masacre.
Bordaberry fue electo en noviembre de 1971 en un Uruguay sumergido en la violencia social y política. Apoyado por las FF.AA., disolvió el Congreso el 27 de junio de 1973 y prohibió cualquier actividad política. En 1976, las Fuerzas Armadas dejaron de respaldarlo y tuvo que renunciar. Su golpe inició 12 años de dictadura en Uruguay.