La policía británica reconoció que cometió un error al dispararle al brasileño Jean Charles de Menezes en 2005, pero ninguno de sus oficiales será condenado, ni siquiera sancionado por su muerte. La decisión final la tomó ayer la Comisión Independiente de Quejas de la Policía (IPCC, en sus siglas en inglés). A través de un vocero, el organismo anunció que ratificaba la recomendación que había dado la Fiscalía británica a principios de este año, cuando concluyó que no había pruebas suficientes para procesar a ningún oficial de forma individual. La IPCC era la última esperanza de los familiares y los amigos del joven brasileño. “Fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas de la familia de que la justicia británica puede cumplir cuando se trata de la policía”, protestó la ONG Justice4Jean.

De Menezes tenía 27 años cuando fue baleado por agentes de Scotland Yard en la estación de metro de Stockwell el 22 de julio de 2005, el día siguiente al intento fallido de reproducir los ataques del 7 de julio anterior. El 7J, como se conoce en Londres, fue la última de la serie de atentados de Al Qaida en ciudades occidentales; primero Nueva York y las Torres Gemelas y más tarde Atocha en España. En Londres cuatro atacantes suicidas hicieron explotar varias bombas en el transporte público de Londres y asesinaron a 52 personas. Según argumentó más tarde Scotland Yard, las fuerzas de seguridad habían quedado conmocionadas y frustradas por los ataques.

Con esa justificación explicaron por qué los agentes de la policía confundieron esa mañana a Menezes, un joven de piel morena con una mochila, con un terrorista. Según el relato de los policías involucrados, lo confundieron con el presunto terrorista Hussain Osman, que vivía en su mismo edificio y con el que tenía un vago parecido. Tras seguirlo hasta un vagón de metro, contaron durante la investigación policial, le dispararon siete balazos en la cabeza.

El asesinato del joven electricista encendió una polémica internacional e inició una lluvia de cuestionamientos sobre el racismo y la impunidad en la fuerza pública británica. El repudio pareció surtir efecto en 2007, cuando la Policía Metropolitana fue declarada culpable de violar la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo del Reino Unido, que obliga a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad tanto de los agentes como de terceras personas.

La familia celebró el fallo y el gobierno brasileño agradeció. Sin embargo, la Fiscalía británica y más tarde la IPCC recusaron la decisión y adujeron que, si bien el asesinato había sido ilegal, ningún oficial debía ser siquiera procesado. El caso entró en el laberinto de la burocracia judicial y se perdió hasta que el año pasado comenzó un nuevo y último juicio. La bronca renació e inundó los tribunales, pero no llegó a inclinar del todo la balanza de la Justicia londinense.

En diciembre pasado y después de que el juez del caso eliminara la posibilidad de utilizar la figura de “homicidio ilegal”, un jurado entregó un veredicto ambiguo o, como se lo conoce en Londres, un veredicto abierto. “El jurado de la investigación judicial decidió que Jean no fue muerto de manera legal, que se cometieron muchos errores terribles y que aceptaban las versiones de los policías”, recordó la prima de Menezes, Vivian Figueiredo, en un comunicado que difundió ayer.

Los diez miembros del jurado acusaban a Scotland Yard de cometer un homicidio justificado, pero se habían quedado sin el arma legal para imputar a cada uno de los policías que participaron del operativo. El veredicto terminó siendo una mera denuncia y declaración de principios.

La última esperanza era que la IPCC tomara esa declaración del jurado y la utilizara para reabrir la investigación y rever su decisión de no procesar a los policías responsables. Pero ayer esa esperanza terminó de desaparecer. “El IPCC consideró cuidadosamente las protestas formales de la familia, las pruebas identificadas por su propia investigación y todos los procedimientos legales subsiguientes”, explicó el vocero del organismo. Pero para la familia el ente de control interno de la policía volvió a defender a los suyos y cerró para siempre el caso de Menezes.