Desde México, DF

El presidente Felipe Calderón logró reactivar a una izquierda y a un movimiento social que muchos daban por aniquilados. A tres años de que el corazón de la capital mexicana estuvo paralizado por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador por el denunciado fraude electoral en las elecciones presidenciales, la noche del jueves pasado entre 150 mil y 300 mil obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, políticos, amas de casa y activistas condenaron el cierre de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El músculo de la calle se enfrentó al aparato del poder político, económico y mediático que pretende borrar los 95 años de historia de uno de los sindicatos más combativos del país y obligó a la administración calderonista a abrir una mesa de negociación a un conflicto al que ni los más optimistas le auguran una salida fácil.

Simplemente no hay nada que negociar: los secretarios de Gobernación y del Trabajo fueron tajantes al advertir que no hay marcha atrás a la extinción de LFC, porque “es un hecho consumado”, y el sindicato anuncia que no cederá en sus demandas de derogar el decreto presidencial que lanzó a la calle a 44 mil trabajadores y dejó en la zozobra a 22 mil jubilados, la salida de la Policía Federal de las instalaciones de la empresa y que les sean devueltas su fuentes laborales.

La administración calderonista y el SME ya habían tenido un primer encuentro, hace algunas semanas, cuando el secretario particular del presidente Calderón le ofreció al sindicato que se atendería “su asunto”, en referencia a la negativa oficialista a reconocer a la dirigencia sindical recién electa. Días después, Calderón envió a la Policía Federal Preventiva y al ejército a tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, una hora antes de promulgar el decreto con el que desapareció a esa empresa pública y extinguió de facto la relación laboral con su sindicato, el pasado domingo 11.

Ahora, a diferencia de aquella primera “negociación”, los trabajadores no van solos: el gobierno izquierdista de la Ciudad de México tendrá un asiento en calidad de testigo.

La tarde del jueves, mientras decenas de miles de manifestantes avanzaban desde la Columna de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, para plantarse frente al Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación se resignaba a abrir una mesa de negociación con el sindicato, pero ya advertía que sólo “para analizar alternativas de reinserción laboral”.

La primera reunión se celebraba ayer por la tarde, y se prolongaba más allá de la hora de cierre de esta nota.

En cualquier caso, y pese a la avalancha mediática que saturó de desinformación a la radio y televisión –que apenas cubrieron marginalmente la manifestación–, el oficialismo llega mermado en su credibilidad, ante la oleada de evidencias que desmienten su argumento principal: la empresa se cierra por incosteable, debido a los enormes privilegios del sindicato que significan más de 40 mil millones de pesos al año, es decir, cerca de 3 mil millones de dólares, casi exactamente la misma cantidad de dinero que dejan de pagar los principales consumidores industriales y comerciales del Distrito Federal, además de varias dependencias públicas, o equivalente también al costo de la energía que la Comisión Federal de Electricidad vendía con sobreprecio a LFC, a la que obligaba a vender subsidiada.

A Calderón ni siquiera le funcionó su intento por dividir al sindicato, primero, generando un conflicto interno entre las dos facciones que se disputaban la dirigencia: tras el golpe a la empresa y al sindicato, los trabajadores se unieron en una defensa común. Tampoco ha podido mermar las filas sindicales, pese a la oferta de liquidaciones extraordinarias que, en algunos casos, equivalen a dos años y medio de salario, si los pagos son aceptados por los trabajadores antes del 14 de noviembre. Pero en los primeros dos días de operación de los 12 “centros de liquidación” abiertos en el DF, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, apenas 1405 trabajadores habían aceptado el dinero, es decir, el 3,2 por ciento de la base sindical.

Como si lo previera, Calderón canceló sus actividades públicas el mismo día de la marcha de protesta y se reunió con su gabinete de seguridad, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés. Afuera de la residencia oficial de Los Pinos, el Estado Mayor Presidencial reforzó las medidas de seguridad y acordonó la zona con barreras de acero de más de dos metros de altura.

Para colmo, miles de campesinos marcharon por su cuenta el mismo jueves por la mañana desde el Monumento a la Revolución hasta la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores no aprobar la propuesta calderonista que pretende desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, además de las secretarías de Turismo y de la Función Pública.

La intención del presidente Felipe Calderón “no es acabar con la pobreza, sino con los pobres del país” y con la clase trabajadora, mediante la desaparición de instancias gubernamentales y el cobro de más impuestos para “tapar el boquete financiero generado por la corrupción gubernamental y los altos sueldos de la alta burocracia”, clamaron los manifestantes matutinos.

Por la noche, el mitin del Sindicato Mexicano de Electricistas terminó cuando la retaguardia de la marcha estaba todavía a un kilómetro del Zócalo capitalino.