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Desde México, DF

El diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió que el oficialismo puede verse tentado a dar un golpe de Estado al Congreso de la Unión, luego del asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, la medianoche del sábado pasado, a manos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de elementos del ejército, que desde entonces custodian las instalaciones que surten de energía a la capital del país y a cuatro estados vecinos.

En medio de denuncias sobre el secuestro de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a manos de la PFP y del ejército, que los obligaban a restablecer el servicio en 22 zonas críticas del Distrito Federal que sufren apagones constantes desde el domingo pasado, Muñoz Ledo llamó a la Cámara de Diputados a conceder licencia al presidente o aceptar su renuncia y constituirse en colegio electoral para designar un mandatario interino, como lo contempla el artículo 73 de la constitución.

“De otro modo vamos a arrepentirnos. El que da un golpe de mano a una empresa del Estado, ¡puede dar un golpe de Estado al Congreso de la Unión! Desde que entró por la puerta de atrás, este gobierno ha mostrado ser fraudulento, mentiroso y golpista”, aseguró el legislador por el Partido del Trabajo (PT), dirigente del Frente Amplio Progresista (FAP) y cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador.

A la arena pública saltó también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que sostuvo que despojar a 66.000 familias de su fuente de trabajo y de sus derechos “es un atropello muy grande, es algo que no es justo. Si no hay diálogo, hay división y puede haber problemas”, advirtió.

De forma paralela se integró un equipo de 500 abogados –incluido el ex procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz– para llevar la defensa jurídica del sindicato, que no cobrarán por preparar y presentar 66.000 amparos directos en contra del decreto de Calderón para extinguir a LFC y hacer desaparecer al SME y promover una controversia constitucional a través de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la administración calderonista desmintió el presunto secuestro de trabajadores y reviró: acusó al SME de estar cometiendo “sabotaje” e incluso algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal dijeron que las autoridades ya le dan “seguimiento” al caso, según versiones de prensa, lo que fue calificado por el sindicato como una “intimidación” y justificación para actuar judicialmente contra los dirigentes del movimiento.