Desde Medellín

En diez días la Corte Penal Internacional podrá empezar a investigar y condenar los crímenes de lesa humanidad en Colombia. A las víctimas de la guerra el hecho las llena de esperanza y para la sociedad colombiana es la posibilidad de salir de la impunidad. Por su parte, los grupos armados ilegales insurgentes y paramilitares no expresan aún su versión, mientras los oficiales militares advierten que con la llegada de la Corte están temblando los criminales. Pero en “la casa de Nariño también podrían investigar”, opina Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

En julio de 1998 se creó la Corte Penal Internacional (CPI) para asegurarse de que los crímenes contra la humanidad no quedarán impunes, al menos en los 110 países que firmaron. Colombia fue uno de ellos y al unirse al grupo reconoció que la Justicia nacional no obra a la perfección. Sin embargo, con el actual gobierno de Alvaro Uribe Vélez las buenas intenciones se acabaron. Uribe empezó su período, en 2002, invocando el artículo 124 del estatuto de Roma reclamando siete años de salvaguarda para empezar la vigencia de la CPI. Como razón, expuso que aprovecharía el tiempo para hacer un proceso de paz, pues sólo si no son condenados las guerrillas y los paramilitares aceptarían dialogar. En cambio, si la CPI pudiera investigarlos no habría lugar a una negociación, sólo a la condena. Sin embargo, con la guerrilla la voluntad de negociar por parte del gobierno nunca apareció. Con los paramilitares sí se realizó una desmovilización colectiva, pero ahora los comandantes están lejos de ayudar a la búsqueda de la verdad y la reparación nacional, pues la mayoría fue extraditada a Estados Unidos y estando allí no están obligados a colaborar con la Justicia colombiana.

Las consecuencias de estos siete años de silencio son claras. Siete años más de impunidad. Ese plazo se vence el próximo 1° de noviembre, cuando la Corte podrá empezar su trabajo en caso de la Justicia local no logre aclarar y condenar crímenes de guerra. Eso sí, no hay lugar a retroactividad. En los casos de genocidio y lesa humanidad, la Corte tiene competencia desde el primero de noviembre de 2002. Pero para los de guerra, no, según interpretan algunos sectores. De todas formas, es una puerta que se abre para esclarecer y castigar a los culpables de los horrores cotidianos del país: las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro, la desaparición forzada, la infiltración paramilitar al Estado, a las fuerzas militares y al Congreso, la trata de personas, el exterminio a pueblos indígenas, el desplazamiento forzado, la participación de niños como combatientes, entre otros.

“La impunidad en Colombia es altísima, tiene vieja data, y las instituciones no obran de la mejor forma a excepción de la honrosa sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si no se producen juicios de parte de la CPI, será aún más oscuro el panorama”, explica Iván Cepeda. En este país para nadie es secreto que los principales responsables de la confrontación armada que vive hace cincuenta años están libres. Es más, no es pública la identidad de quienes, en el fondo, mueven los hilos del poder bélico en el país y se benefician del narcotráfico, la guerra contrainsurgente y los demás delitos.

Hasta hoy la Corte Penal Internacional no ha realizado solicitudes formales para investigar algún crimen, pues la competencia la tiene apenas desde noviembre de 2009. Sin embargo, en julio del año pasado, el fiscal de esa tribunal, Luis Moreno Ocampo, visitó el país para indagar por los asesinatos de campesinos por parte de militares colombianos, preguntar por la marcha de las investigaciones por la parapolítica, es decir, de los vínculos y pactos de parlamentarios con comandantes de ultraderecha paramilitar, y la financiación de la guerrilla de las FARC en el negocio de la coca. Hoy la lista de horrores que están impunes en el país es larga y dolorosa. El del padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda, víctima del exterminio al partido político de izquierda Unión Patriótica, es uno entre millones, pero representa la lucha de los sobrevivientes por encontrar la verdad y condenar los responsables. “Con la llegada de la CPI se amplían las posibilidades de que se abran investigaciones por los crímenes que a diario se cometen en el país, en un nivel mucho más riguroso. Ella sería una garante de la justicia. Pero a la larga lo que esperamos que sea una advertencia, un mensaje claro para los criminales de que no pueden seguir cometiéndolos indiscriminadamente. Y eso ayude a que se acaben los crímenes de lesa humanidad en Colombia.”