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El debate acerca de la necesidad de instrumentar una asignación familiar universal tiene la virtud de instalar en el espacio público la existencia de un porcentaje importante de la población con necesidades básicas insatisfechas. Pero tiene el defecto de que ha sido una iniciativa capturada por sectores conservadoras que pueden desdibujar un reclamo histórico de organizaciones sociales. Además, se corre el riesgo de depositar en ese proyecto una cualidad de la que carece, que es la de instalar en la sociedad la idea de que con esa sola medida se puede terminar con la pobreza. Como se sabe, la definición de un hogar como pobre reconoce la existencia de varios factores, siendo uno de los más relevantes la insuficiencia de ingresos, pero no el único. En el ámbito de las políticas públicas existe la tensión entre estrategias inmediatas y permanentes, que en este caso se expresaría entre la distribución de una suma de dinero y la generación de condiciones económicas y de infraestructura que mejoren la situación social. Esta cuestión no resulta de fácil resolución puesto que, además de cierta restricción presupuestaria, aparece un inquietante cuadro social que requiere respuestas rápidas a pesar de la permanencia de un ciclo económico que acumula varios años de fuerte crecimiento económico. Igualmente, esto no significa que el sendero de la asignación universal sea el más adecuado para alterar la matriz inequitativa de la distribución del ingreso o para disminuir en forma considerable la pobreza. Pero tiene otras cualidades no consideradas en algunos análisis rústicos dominantes en ese debate.

El sociólogo danés Gösta Esping-Andersen, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, ha escrito un documento provocador desde el mismo título: ¿Por qué el ingreso básico garantizado es una mala idea? Lo interesante de este trabajo es que ofrece elementos para pensar en forma crítica ese proyecto acerca de su impacto en el corto plazo así como también de sus debilidades estructurales. Permite alejarse de las concepciones mágicas que se instalan en el sentido común respecto de que una sola medida puede solucionar el problema de la pobreza. Esping-Andersen, que confronta con el neoliberalismo siendo un estudioso del Estado de Bienestar, destaca que ésta ha sido una de las innovaciones institucionales más importantes del siglo XX. Aunque también subraya la necesidad de adaptarlo a una nueva sociedad y a una nueva economía. En ese contexto, sostiene que “muchos creen que el ingreso básico es un potente instrumento contra la pobreza. Pero puede suceder que a menudo sea un instrumento irrelevante”.

Si se observa que pese a la dimensión de los actuales planes sociales, que alcanzan a gran parte de la población vulnerable, se convive con un elevado porcentaje de hogares que siguen en la pobreza, esa definición del danés encontraría cabida en la realidad argentina. En la práctica, existe una asignación por hijo “casi” universal. El autor de esta columna publicó el 16 de agosto pasado un artículo precisando que, de acuerdo con los datos registrados en los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, la cantidad de beneficiarios de los distintos programas sociales alcanza al 78,5 por ciento del total de menores de 18 años, estimado en 12,4 millones, según el último censo de 2001. También detalló que esa cobertura está estructurada de la siguiente manera:

- Empleados en relación de dependencia: 5,2 millones menores.

- Empleados que reciben más de 5000 pesos mensuales, que declaran en la AFIP los menores a cargo para la deducción en el Impuesto a las Ganancias: 800 mil menores.

- Plan Jefas y Jefes de Hogar: 636.447 menores.

- Plan Familias: 1.965.143 menores.

- Pensión No Contributiva (madre de 7 hijos): 1.038.441 menores.

- Pensión No Contributiva (discapacidad): 61.141 menores.

- Otras PNC: 34.562 menores.

En ese esquema quedan sin cobertura 2,6 millones de menores, de los cuales se estima que cerca de la mitad no tienen documentos de identidad, lo que complica la posibilidad de su incorporación a un programa social. Por ese motivo, los proyectos en circulación se refieren a ese grupo poblacional, o la reformulación de todos esos planes para presentarlo como uno universal. En realidad, más allá de uno u otro esquema de universalización, un punto central en esta cuestión se encuentra en el monto de la asignación, que remite a aspectos presupuestarios, fuentes de recursos y decisiones de orientación del gasto. Este último puede hacerse hacia la asistencia social inmediata, hacia la generación de condiciones sociales que mejoren la calidad de vida de los pobres o hacia la creación de fuentes de trabajo.

Frente a esas alternativas, el documento de Esping-Andersen, publicado en Revista de Trabajo (julio-diciembre 2006), incorpora un tema fundamental en relación al objetivo de disminuir la desigualdad en una sociedad. El especialista indica que para evaluar el ingreso básico desde una perspectiva de igualdad se necesita acordar en lo que es más relevante: “¿Igualdad ‘aquí y ahora’, o una igualdad de oportunidades de vida?”. “Realmente cambia perentoriamente si optamos por una u otra alternativa.” Explica que dentro de la perspectiva “aquí y ahora” no hay duda de que una transferencia de un ingreso básico a todas las personas tendría seguramente un efecto redistributivo. Sin embargo, señala que si ese mismo dinero fuera asignado a servicios, el efecto sería mucho más grande. En la categoría servicios incluye educación, salud e infraestructura básica (agua, cloacas, luz y gas de red). Esto es, las prestaciones sociales que un Estado, el de Bienestar adaptado a los actuales y estrechos márgenes de autonomía que determina la globalización, debería garantizar a toda la población.

De todos modos, Esping-Andersen concede que “hay sin duda un buen argumento (para el ingreso básico universal) contra la pobreza en las familias con niños. Esto es porque la pobreza por ingreso, en la infancia, tiene efectos secundarios muy problemáticos para las futuras oportunidades de vida”.

El análisis general de este especialista tiene la reserva en que se refiere a economías desarrolladas o con bajos porcentajes de pobres en la población. Sin embargo, sirve para pensar en forma crítica las limitaciones y alcances que tiene la idea de la universalización de una asignación.

En una sociedad que ha padecido los efectos de un modelo neoliberal que transformó la estructura laboral y social, generando núcleos duros de pobreza y desempleo, y con una política neodesarrollista que posee restricciones para alterar la estructura regresiva en la distribución del ingreso, la propuesta de universalizar una asignación monetaria por hijo tiene la mayor virtud en el reconocimiento de derechos de los excluidos. Se trata de una compensación por sufrir décadas de neoliberalismo. Esta iniciativa de indudable relevancia, que para los sectores más postergados significaría tener más dinero en sus bolsillos, no implica necesariamente que de ese modo se vaya a terminar con la indigencia o disminuya considerablemente el índice de pobreza. Pero sí ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por sucesivas políticas económicas.

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