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El enviado de Estados Unidos se fue de Honduras igual que como llegó, pidiendo diálogo. En apariencia nada cambió. El presidente derrocado Manuel Zelaya (foto) repitió que no se sentará a negociar con los golpistas otra vez, y el dictador Roberto Micheletti siguió sonriendo y llamando a la paz. Pero la Corte Suprema hondureña se reunió ayer para analizar el acuerdo y la posible vuelta del presidente democrático, y la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ya emitió su opinión. Quedan 18 días para las elecciones generales y Zelaya quiere ser restituido antes.

El número dos del Departamento de Estado para América latina, Craig Kelly, tomó su vuelo de vuelta a Washington apenas a 24 horas de haber llegado. No se mostró mucho, excepto para sacarse la foto oficial, primero en el Palacio de Gobierno con un Micheletti confiado, y más tarde en el bunker, tapiado y cercado, de Zelaya y su gente. Fue medido, pero dejó bien clara la posición del gobierno de Barack Obama. “La salida para el pueblo hondureño parte de la solución de las elecciones, pero queremos avanzar con el máximo apoyo de la comunidad internacional”, señaló Kelly.

Con esa frase, el funcionario norteamericano intentó desmentir los roces con la OEA, la organización hemisférica que el martes resolvió que no reconocerá los comicios de noviembre. El único país del continente que criticó la decisión del secretario general José Miguel Insulza fue el embajador norteamericano. En Tegucigalpa, en cambio, Kelly fue más medido e hizo un último intento por presionar a la dictadura hondureña para que apure la votación en el Congreso que, según el acuerdo firmado hace dos semanas, es el que debe dar la última luz verde para que Zelaya vuelva al poder hasta el traspaso de gobierno a finales de enero próximo.

El Congreso hondureño está en receso hasta después de las elecciones del 29 de noviembre, ya que la mayoría de los diputados están en plena campaña. Pero el presidente del Legislativo, Alfredo Saavedra, ya prometió que convocará a una sesión extraordinaria cuando reciba las opiniones de todas las instituciones convocadas: la Corte Suprema, la Procuraduría Nacional, la Fiscalía Nacional y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Las opiniones no son vinculantes, pero Saavedra se niega a convocar a los diputados antes.

Los próximos días dirán si la visita fugaz y sorpresiva de Kelly surtió efecto. Entre el círculo íntimo de Zelaya sostienen que todo el asunto depende de la voluntad política de los golpistas, no de los tiempos de la burocracia. Aun en la Resistencia Popular, en el movimiento de base que reclama desde hace cuatro meses y medio la vuelta de la democracia creen que la restitución de Zelaya a esta altura, a dos semanas de las elecciones, sería un triunfo para el gobierno derrocado.

“No negamos que la restitución sería un triunfo, pero se le robó el tiempo al pueblo”, aseguró Berta Cáceres, la presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y miembro de la cúpula del Frente de la Resistencia contra el golpe de Estado. “Pero aun si lo restituyen ahora no hay condiciones para elecciones transparentes y creíbles, por eso no reconocemos y boicotearemos estos comicios fraudulentos manejados por los golpistas”, agregó la dirigente.