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La crisis de Honduras sigue sin resolverse, pero con la campaña electoral en marcha ya se vislumbran algunos posibles escenarios. Desde la perspectiva de Washington, la solución multilateral que ellos preferían fue intentada y fracasó cuando se cayó el llamado Acuerdo de San José-Tegucigalpa.

Por supuesto que Estados Unidos no fue ajeno a ese proceso multilateral desde el mismo momento en que impulsó como negociador a Oscar Arias, cosa que los demás países de la región aceptaron. Y más allá de si apoyó, consintió, o no hizo suficiente cuando el avión que llevaba al exilio al presidente legítimo hizo escala en la base de Palmerola, a la hora de negociar el gobierno de Obama aceptó que la vuelta de Zelaya al poder era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo, y entendió que el dictador Micheletti sólo aceptaría dicha solución bajo presión de la comunidad internacional. Entonces canceló las visas de los golpistas, expulsó a sus diplomáticos, congeló su crédito internacional, y los denunció en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Y quizá algo más. Este cronista no lo pudo confirmar, pero una fuente diplomática europea le deslizó que el regreso de Zelaya a su país también se produjo a través de la base de Palmerola. La ruta del regreso es tema tabú entre los zelayistas, y en todo caso el gobierno de Estados Unidos fue el primero en darle la bienvenida y llevarle comida cuando Zelaya se refugió en la embajada brasileña de Tegucigalpa. Makes sense.

Pero según contó una fuente cercana al gobierno de Obama, cuando el acuerdo se cayó hace dos semanas los zelayistas y los gobiernos latinoamericanos le dijeron a Estados Unidos que resolviera el problema. Entonces Shannon viajó a Tegucigalpa y negoció un acuerdo, que decía que el Congreso debe decidir la restitución de Zelaya, “en el espíritu del acuerdo de San José de Costa Rica”. O sea, el Congreso debe resolver, pero con la idea de que Zelaya debe ser restituido.

Claro que en términos legales “espíritu” es una palabra difícil de sopesar. Cuando Zelaya no fue restituido por el Congreso dentro de los plazos que se conversaron en la negociación, con toda razón se dio por engañado y dio por terminado el acuerdo. Pero el miércoles pasado Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, dijo que el acuerdo sigue vigente porque no establecía plazos para la restitución de Zelaya. Y anteayer el dictador anunció que para facilitar la transición piensa “alejarse del poder” mientras se celebran las elecciones, el próximo domingo. El mandato del futuro presidente empezaría a fines de enero.

Desde la perspectiva de Washington, las cosas están encaminadas. El escenario ideal es convencer a Zelaya de que reasuma aunque sea en el último día de su mandato para legitimar al próximo gobierno. Calculan que la dictadura no tendría problema en que asumiera Zelaya pocas horas o algunos días antes de que termine su mandato constitucional, y que todavía podrían negociar algunas cosas con Zelaya, para que cambie de idea. Desde que se cayó el acuerdo, Zelaya viene diciendo que la elecciones del 29 de noviembre serán un fraude y una farsa y que no será funcional a las maniobras para legitimarlas.

“¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que haya elecciones razonablemente libres, aunque Zelaya no las apoye, y que se elija un nuevo gobierno? Claro que no es la solución ideal, pero las demás opciones son peores”, argumenta una fuente estadounidense.

Entonces, desde la perspectiva de Washington, a Zelaya ahora le queda la opción de aceptar un regreso simbólico para legitimar las elecciones, o exponer al próximo gobierno de Honduras a cuatro años más de aislamiento diplomático, porque la Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha dicho que sin restitución de Zelaya no reconocerá al ganador de los comicios.

El primero sería el escenario ideal para los estadounidenses; el segundo sería un escenario alternativo pero igualmente aceptable. El aislamiento de Honduras sería sólo parcial. Para empezar, la Unión Europea dice que recién se pronunciará al respecto después de las elecciones. La mayoría de los países de la región y el propio organismo mantendrían su posición de no reconocer las elecciones del 29 de noviembre. Pero en la OEA evalúan que Panamá, Colombia, Canadá y quizá Perú acompañarían a Estados Unidos en el reconocimiento del nuevo gobierno.

Siempre tan prácticos estos norteamericanos. Típica solución de su manual de “nation building”, ese que está lleno de promesas, pero que ya cuenta con demasiados fracasos, siendo el último el vergonzoso acto eleccionario en Afganistán el 20 de agosto. No existe el almuerzo gratis. En América latina costó demasiada sangre entender que los pueblos no toleran líderes proscriptos, ni aguantan la pesada herencia de un golpe impune.

Lamentablemente, a la hora de elegir muchas ex colonias siguen comportándose como colonias, casi por inercia, sobre todo a la hora de repartir culpas. Los verdaderos dueños de las llaves para destrabar el conflicto son los políticos hondureños. Si los principales candidatos se bajaran de estas elecciones ilegítimas, forzarían la restitución de Zelaya y desbaratarían la estrategia estadounidense de mantener el statu quo.

Ese escenario haría posible una verdadera refundación de Honduras. El punto de partida sería una discusión sobre la principal herramienta de control de los sectores conservadores y proestadounidenses que forzaron la salida de Zelaya.

Esa herramienta de dominación es la Constitución hondureña. Fue sancionada en 1982, en plena guerra de contrainsurgencia, cuando ese país era la plataforma de lanzamiento de las operaciones militares y de inteligencia del gobierno de Ronald Reagan para desestabilizar al gobierno sandinista y combatir la guerrilla en El Salvador y Guatemala.

Una Constitución tan rígida que hasta prohíbe cualquier intento por reformarla, y a la vez tan perfectible que ni siquiera contempla un proceso de juicio político para un presidente acusado de violarla. Podría decirse que esa es la contradicción que dio origen a la crisis política hondureña. Los errores de cálculo de Zelaya y sobre todo la ambición de poder de la derecha golpista local e internacional hicieron el resto.

La crisis encuentra a la región en un estado de ebullición, sin grandes dramas pero con varios escenarios potencialmente explosivos. La pelea entre Perú y Chile por un caso de espionaje, las tensiones crecientes en la frontera entre Colombia y Venezuela, la amenaza golpista que jaquea al presidente paraguayo, el enfrentamiento entre gobierno y empresarios en Guatemala son nubes que se acumulan en el horizonte. Nubes que parecen augurar un cambio de época.

Antes, bajo la tutela de Washington, muchos de estos conflictos ya estarían resueltos o encaminados hacia un desenlace previsible. Los escenarios que hoy se pueden vislumbrar para Honduras y la región no serán alentadores, pero tampoco son tan catastróficos como cuando todo se solucionaba con el garrote de los Marines y la chequera del FMI.

Las huellas que va dejando el repliegue estadounidense –repliegue táctico, estratégico, temporario, permanente, cínico, sincero, oportunista, inevitable: el tiempo dirá– son huellas que conducen a un escenario denso, fragmentado, fluido e imprevisible.

Un escenario sin divas ni finales cantados, que invita a la construcción colectiva. O sea, a la emergencia de nuevos liderazgos, a la creación y afinación de instrumentos regionales, a la convergencia económica, política y cultural, al pago de deudas internas.

Nuevos actores, nuevo guión, un público que se renueva. El escenario cambió. No del todo, pero cambió bastante. Y bastante costó cambiarlo como para pensar que sólo cambió el decorado.

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