El ex presidente peruano Alberto Fujimori deberá cumplir la condena de 25 años de prisión como el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, además de dos casos de secuestro. El máximo tribunal ratificó el fallo el 7 de abril de 2009 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que realizó un juicio público que se prolongó por 16 meses contra el ex mandatario.

Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, deberá permanecer encarcelado hasta el 20 de febrero de 2032, aunque si aplica a beneficios penitenciarios podría salir siete años antes, en 2025. Aunque el ex presidente tiene otras sentencias pendientes de ratificación, la ley peruana exige que solamente se cumpla la condena más alta, es decir, la de 25 años por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

El ex gobernante de 71 años fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos (15 muertos en 1991) y de la Universidad de La Cantuta (10 muertos en 1992), y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. En el caso de las matanzas, fueron perpetradas por un comando paramilitar del ejército en el marco de la guerra que el gobierno libraba contra la guerrilla de Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad, que documentó el conflicto –que produjo 70.000 muertos entre 1980 y 2000–, determinó que ninguna de las víctimas de Barrios Altos o La Cantuta tenía relación con la guerrilla como presumían los organismos de seguridad.

El tribunal de apelación, presidido por el juez Duberly Rodríguez, ratificó igualmente que el secuestro del periodista y el empresario fue “agravado” y no simple, informó un comunicado del Poder Judicial. El fujimorismo tenía esperanzas de que se variara la calificación del doble secuestro, pues eso le daría la posibilidad de acogerse en el futuro a los beneficios penitenciarios que no se otorgan a los condenados en la modalidad agravada. Durante el juicio, Fujimori se declaró inocente de todos los cargos que se le atribuían.

César Nakazaki, defensor de Fujimori, tras rechazar el fallo que confirma la sentencia, señaló que no ha sido un proceso jurídico, sino “político”. “Nosotros hemos denunciado que el Poder Judicial tiene una posición ideológica en cuanto a generar la destrucción del fujimorismo, y la sentencia del tribunal va en ese camino”, precisó.

Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta, dijo sentirse satisfecha con la confirmación de la condena a Fujimori. “Esta es la culminación de un proceso histórico. No fue un juicio político sino contra un delito concreto: violaciones a los derechos humanos”, señaló.

El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, destacó que “el gobierno respeta el fallo y el país debe acatar la decisión del Poder Judicial”.