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¿Existe alguna forma de anular el primer matrimonio homosexual de Latinoamérica? La duda, la sola posibilidad, carcome los sueños de José María Di Bello y su flamante esposo Alex Freyre, luego de esa audaz movida que hicieron para casarse en la austral isla de Tierra del Fuego la semana pasada. “Sabemos que van a intentar anular nuestro matrimonio y estamos preparados para eso, la maldad no tiene límites”, dijo uno de los maridos. También sus abogados están expectantes a la reacción de los mismos dinosaurios que lograron frenar la boda a principios de diciembre, tras montar una lluvia de amparos. Ya dieron el primer paso en este sentido. Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados porteños, incitó a las autoridades legislativas a enjuiciar políticamente a Fabiana Ríos, la gobernadora fueguina, por firmar un decreto que autorizó la boda. Y un abogado ultracatólico y vinculado con el nacionalismo de Cabildo ya presentó un recurso ante la Cámara Civil para que se declare nulo el acto de Ushuaia.

Esta primera objeción de Rizzo se basa en la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo provincial por la que “se estaría produciendo un nuevo avasallamiento a la majestad de la Justicia y a las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Judicial”. Vale aclarar que este Colegio de Abogados no es un enemigo ácerrimo del matrimonio entre personas del mismo sexo, las “desinteresadas” opiniones de su titular sobre el tema son publicadas en blogs y no representan necesariamente las ideas de los casi más de 50 mil abogados que constan en su padrón. Cosa que sí ocurre con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, más reducido (tiene sólo 1500 afiliados) y de tinte ultraconservador.

También hay una muy activa Corporación de Abogados Caólicos, el brazo armado (de plumas) que estuvo detrás de la mencionada lluvia de amparos, que logró frenar la boda en Capital Federal. En aquella ocasión se pidió la nulidad del fallo de la jueza Gabriela Seijas y un día antes de que Freyre y Di Bello lo lograran, la magistrada Martha Gómez Alsina, al frente del Juzgado Nacional en lo Civil 85, ordenó al Registro Civil de Barrio Norte que suspendiera la ceremonia, lo mismo que hizo luego la Cámara Nacional en lo Civil.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, prefirió acatar estos últimos fallos. Sin embargo, para salvaguardar la imagen “progre” que consiguió al permitir el casamiento no bien salió el fallo de Seijas, dijo que en verdad estaba a favor de realizar la boda pero prefería que fuera la Corte Suprema la que indicara qué fallo debía acatar el Registro Civil a su cargo. Distinta fue la postura de Ríos, que decidió, como indicó en su decreto y expresó luego a este diario, que el fallo de Seijas está fundado “en la normativa vigente en materia de derechos humanos, garantizando el derecho a la igualdad de los recurrentes”.

La secretaria de Legal y Técnica de la isla, Eleonora De Maio, quien estuvo detrás del armado del decreto de la gobernadora Ríos, sostiene que no hubo intromisión del Ejecutivo ni del Poder Judicial ni el Legislativo. “Lo que dice Rizzo no tiene sustento –se atajó la abogada–, no nos arrogamos las facultades de otros poderes, simplemente hicimos cumplir una sentencia firme, la de la jueza Seijas. Lo que pasó después fue aberrante: una jueza de la Justicia nacional, que no es superior a Seijas sino una par de otro foro, ordenó suspender el matrimonio. ¡Y la medida cautelar salió en un día!”

De momento, en Tierra del Fuego, según dejó entrever, no hubo mayores movimientos para anular el casamiento. Sólo algunas amenazas a través de las radios y canales locales, muchas de ellas provenientes del abogado Jano de la Riva, un conservador que ya adelantó que va a denunciar penalmente a la gobernadora por “comisión de delito en el desempeño de sus funciones”. Este abogado opina que la mandataria actuó de forma “clandestina” para casar a la pareja. “De todas formas es difícil que alguien se anime a discutir la igualdad de derechos”, dice De Maio al respecto. Y agrega: “Lo que hicimos fue absolutamente prolijo y en todo momento se respetó el derecho procesal”.

Mientras tanto, el conservador Colegio de Abogados fueguino, uno de los pocos si no el único en todo el país que no brinda asistencia gratuita, sigue reteniendo el trámite de su matrícula. “Una chiquilinada porque no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión, ellos critican mi actuación porque no tenía la matrícula, pero son ellos los que no me la están dando”, comenta De Maio, que trabaja hace sólo ocho meses en la isla, adonde llegó luego de ejercer su profesión en los tribunales porteños. Desde allí la llamaron para felicitarla varios jueces que la conocían.

La fortaleza del decreto que firmó Ríos, según comenta una asesora del Instituto contra la Discriminación, es que se basa en la valoración de las leyes de fondo (las del Código Civil), que declara inconstitucional el fallo de Seijas, aunque se apliquen sólo al caso de la pareja que se casó. “Sabemos que la contra es muy creativa, pero también muy irracional, de hecho muchos de los abogados católicos que repartieron amparos por todas partes podían ser sancionados por el mal desempeño de su profesión. Si quieren bloquear el casamiento tiene que posicionarse como parte del caso con un interés legítimo y no creo que pueda demostrarlo”, asegura esta abogada.

María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans también habla del tema sin mostrar mucha preocupación. “Los que están en contra pueden hacer una presentación de nulidad del casamiento, pero nosotros vamos a apelar todas las presentaciones que hagan –dice la activista–. Esto quiere decir que no va a quedar firme cualquier decisión judicial contraria al casamiento. Si siguen insistiendo el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no creo que la Corte, con la composición actual, lo anule.” Para Rachid había que consumar el matrimonio “como fuera” porque su sola existencia complica cualquier estrategia contraria: “Ahora es más difícil que nos hagan retroceder”.