Los secuestros, las torturas y hasta los asesinatos de militantes opositores continúan bajo el gobierno “democrático” de Porfirio Lobo. Ayer dos camarógrafos del canal público denunciaron haber sido secuestrados y torturados por personas a las que definieron como policías de civil, el martes a la noche. “Me pusieron un machete en el cuello y me dijeron que si no decía dónde estaban las armas me botaba la cabeza... pero la única arma que nosotros usamos es nuestra cámara”, declaró anteayer Manuel de Jesús Murillo, en las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh). Tuvieron suerte. Cuando a ellos los liberaban, en las afueras de Tegucigalpa un grupo de vecinos descubría el cadáver de Vanesa Cepeda, otra militante de la Resistencia.

La enfermera de 28 años y madre soltera de tres chicos y un bebé de cuatro meses había desaparecido a las 15 del martes. “Aún no sabemos cómo se la llevaron, estamos todavía hablando con su familia y sus amigos”, explicó del otro lado del teléfono Bertha Oliva, titular de la Cofadeh. Lo único que saben con certeza es que apareció tres horas después en un descampado, con una importante contusión en la frente. Para ella nada cambió con el traspaso de la banda presidencial el 27 de enero pasado. “Vanesa trabajaba en el Seguro Social y sus jefes le hacían la vida imposible por ser parte de la Resistencia”, recordó Oliva. Aún no pudieron acceder al informe del forense pero, según le confirmó la familia de la víctima, no había recibido ningún disparo ni mostraba señales evidentes de tortura.

Murillo y su compañero Ricardo Vázquez sí tenían marcas. En las muñecas, por estar horas maniatados y algunos golpes en la espalda. “Nos metieron bolsas de plástico hasta que casi nos ahogamos. Fueron segundos, pero durante ese tiempo uno sabía que estaba en manos de alguien que lo podía matar cuando quisiera”, contó Murillo. Según su relato, los agarraron en una estación de servicio a las 21 del martes en las afueras de la capital. “De repente llegó una camioneta Toyota de lujo y se bajaron varios hombres armados. Nos encañonaron y uno le gritó a las personas que estaban en el lugar: ‘Estos son los que acaban de asaltar a una señora’.”

Nadie preguntó ni llamó a la policía. Las familias de Murillo y Vázquez tampoco se animaron a llamar a las autoridades cuando no aparecieron en toda la noche. En la casa de Murillo sabían que de nada serviría. El domingo 28 de noviembre, el mismo día de las elecciones presidenciales, la policía había allanado la pequeña vivienda, sin dar explicaciones, para llevarse solamente tres remeras y varios stickers que tenía el camarógrafo de la época que acompañaba al ex presidente derrocado, Manuel Zelaya, en su campaña por un referéndum constitucional.

“Vivimos en un país donde la Justicia no existe”, no se cansa de repetir una y otra vez la veterana dirigente de derechos humanos, Oliva. Por eso, hace más de un mes que comenzó a tramitar el exilio de las víctimas de secuestros, detenciones arbitrarias y amenazas recurrentes. Inmediatamente después de denunciar públicamente su secuestro, Murillo y Vázquez partieron con rumbo a la vecina Nicaragua. “Cuando nos torturaban, nos decían cosas de nuestras familias; sabían cosas”, recordó Vázquez en su declaración ante el Cofadeh.

En Managua se encontrarán con otro periodista de la Resistencia hondureña exiliado, César Silva. Silva tuvo que dejar el país en año nuevo, después de vivir una historia similar. Lo secuestraron en las afueras de Tegucigalpa, lo encapucharon y lo torturaron una noche entera, en busca de pruebas de una novedosa resistencia armada, que aún no ha dado ninguna señal de existir.