El concentrado y escaso crédito existente en un sistema bancario líquido y solvente, junto con la alta volatilidad de los capitales, es el principal desafío en materia de política económica en el que se concentrará la flamante presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. El enfoque con el que abordará la problemática difiere radicalmente del utilizado por el organismo durante los casi seis años que duró la gestión de Martín Redrado. Las elevadas garantías que exigen los bancos para otorgar los préstamos –ascienden en algunos casos hasta el 140 por ciento del monto solicitado– y los problemas desde el lado de la demanda encabezan las dificultades en materia crediticia. En un escenario donde se registra entrada de capitales, la expansión del crédito destinado a la producción puede revertir el sentido de ese flujo. Por eso, y ante la experiencia de los últimos tres años cuando salieron 45 mil millones de dólares, Marcó del Pont buscará definir un grado de apertura a esos movimientos que sea consistente para un país como Argentina.

Los objetivos son muy ambiciosos pero sostiene que para alcanzarlos no será necesario realizar cambios en el cuestionado entramado financiero/legal que incluye la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del banco. Marcó del Pont entiende que se puede avanzar recurriendo a las herramientas disponibles en la ley constitutiva del banco y nuevas regulaciones. En materia cambiaria, aseguran que el tipo de cambio se mantendrá competitivo aunque es posible que exhiba una mayor volatilidad. Rechazan los reclamos devaluatorios y sostienen que la mejora en la rentabilidad llegará por el lado de mayores ventas, remarcando el rol del gasto público en ese esquema.

Oferta y demanda

El sistema financiero local exhibe el índice más bajo de préstamos en relación con el PIB (12 por ciento) de América latina, muy lejos del 40 por ciento de Brasil o el 80 por ciento en Chile. El 99 por ciento de ese crédito escaso no supera los 200 mil pesos y, en su mayoría, se destina a consumo y financiamiento de tarjetas de crédito. Las tasas de esos préstamos personales rondan entre el 30 y 40 por ciento.

Los elevados requerimientos que imponen los bancos a las pymes, y la regulación prudencial del Central son una restricción significativa al desarrollo del mercado de crédito productivo. Las entidades financieras solicitan a las empresas un activo líquido que sirva como cobertura en caso de falencia del prestatario. Los bancos exigen hasta el 140 por ciento del monto comprometido como garantía.

El argumento de los financistas es que durante las fases recesivas del ciclo también cae el valor de las garantías, ya sean prendarias o hipotecarias, y es por eso que las solicitan tan elevadas. Esa situación profundiza las asimetría entre los tomadores más grandes y chicos, y reduce todavía más el volumen prestado. Más allá de las elevadas tasas, la economista pretende reducir los requerimientos de securitización. La nueva normativa buscará que exista rentabilidad sin la necesidad de pedir colaterales tan grandes. A su vez, reconocen que es necesario trabajar también desde el lado de la demanda del crédito.

Fugados

La expansión de los préstamos permitiría disminuir el consumo público si las arcas del Estado llegan a estar más ajustadas. En ese sentido, reconocen, un elevado multiplicador del crédito no cumplirá su objetivo si no existen herramientas para controlar la fuga de capitales. Pero aun cuando desarrollen un esquema consistente las políticas de Marcó del Pont deberán también evitar que esa situación termine traduciéndose en aumentos de precio, fundamentalmente en el sector hipotecario.

Una de las principales herramientas que utilizaron el Central y el Gobierno para controlar la inflación en 2008, más allá de los acuerdos de precios, fue la apreciación cambiaria. Esa medida también consiguió desacelerar la fuga de capitales. Para algunos especialistas se recurrió a esa herramienta ante la falta de interés para regular la actividad cambiaria y la movilidad de capitales. En ese sentido el desembarco de Marcó del Pont posibilitará la coordinación de medidas con el resto de los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Valores y la AFIP. El ente regulador del mercado bursátil está encabezado por otro miembro del Plan Fénix, Alejandro Vanoli.