La sanción llegó tarde, pero aun así sienta un precedente. El gobierno de Tabaré Vázquez decidió sancionar a 36 medios entre radios y canales de televisión que el pasado 22 de octubre, último día antes de que empezara a regir la veda electoral en Uruguay, no transmitieron un mensaje en cadena nacional a favor de la anulación de la Ley de Caducidad.

El spot debía salir al aire a las 22 horas de aquel día por todos los medios de comunicación uruguayos. Mirando a cámara, los hijos de de-saparecidos Macarena Gelman –nieta del poeta Juan Gelman–, Victoria Julien y Mariana Zaffaroni, entre otros, llamaron a votar por la papeleta rosa en el plebiscito que se realizó junto a las presidenciales del 25 de octubre. El aviso se grabó en el estudio del canal oficial 5, y fue sólo el que lo difundió a la hora pautada. Los canales privados 4, 10 y 12 terminaron transmitiéndolo pasada la medianoche tras la insistencia de Macarena Gelman que los llamó uno por uno, según pudo constatar esta cronista.

Los impulsores de la campaña por el “Sí” insistieron en que los ciudadanos tuvieron poca información sobre el plebiscito y que los medios colaboraron con esa desinformación. Adujeron que en parte fue ése el motivo por el que no se logró el 50 más uno de los sufragios necesarios para anular la Ley de Caducidad. La norma, sancionada en 1986 y ratificada en 1989, impide juzgar a policías y militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Durante una reunión con sus ministros, el presidente Vázquez ayer anunció las sanciones a 36 medios. Señaló que se debe aplicar “un mecanismo ejemplificador”. Su ministro de Industrias, Raúl Sendic, presentó un balance sobre la emisión de la cadena por la anulación de la Ley de Caducidad. Según datos oficiales, de los 363 medios obligados a adherirse a la cadena, 36 no lo hicieron, por lo que quedarán sujetos a multas. Los montos serán fijados en función de la audiencia y los antecedentes de los medios de comunicación involucrados, indicó el ministro.

Sendic dijo que las sanciones a los medios de comunicación constituirán una señal clara a futuro. “Cuando se establece una cadena nacional de radio y televisión, los medios deben adherir porque hacen uso de un bien público y deben prestar servicios cuando las necesidades del gobierno y el Estado lo requieren.” De la vereda de enfrente, Gustavo Cersósimo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Broadcasters, hizo su descargo. “En muchos casos la situación se dio porque la comunicación del Poder Ejecutivo no llegó a tiempo.” Pero Vázquez enfatizó que a la población no debía quedarle “ninguna duda” de que el gobierno había emitido la orden en tiempo y forma.

Consultado por Página/12, Raúl Olivera, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical Pit-CNt, calificó como positiva la medida de gobierno, pero lamentó que no se haya podido evitar el daño. “Cuando los canales se negaron a trasmitir el aviso recordé que en 1989, durante la (primera) campaña por la anulación de la Ley de Caducidad, los medios no difundieron la alocución de Sara Méndez, madre de un desaparecido. En aquel momento era esperable, porque gobernaba (Julio María) Sanguinetti, un impulsor de la ley. Entonces pensé: volvió a pasar lo mismo con los medios. Por eso creo que está bien que el Estado sancione, para que en el futuro no se repita. El ciudadano tiene que tener la información para votar, si no, falla la democracia.”

Olivera se mostró favorable a que en Uruguay se abra un debate como el que sucedió en Argentina. “El gobierno y el Estado tendrían que pensar qué papel cumplen los medios. Tabaré hizo poco por afectar los intereses de los grandes medios, que en su mayoría están en manos de empresarios que han actuado en contra del gobierno y de las organizaciones sociales. Es un debate que nos debemos en Uruguay.”

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