“Si Macri dice que no hacen nada, que me dé una y yo la pruebo con él”, desafió Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y, desde ayer, querellante en la causa contra la salida a la calle de las pistolas Taser X26 adquiridas por la Policía Metropolitana. La asociación que preside Bonafini presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadío por considerarse “parte damnificada” en base a su historia en la defensa de los derechos humanos y suscribió la denuncia del abogado Eduardo Barcesat contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y sus principales funcionarios del área de seguridad, por el delito “preparatorio de tortura”. En la presentación también solicitaron que se requiera un documento en el que la Policía Federal habría desestimado la incorporación de los dispositivos eléctricos para el uso de esa fuerza por la peligrosidad que entrañan.

Consultada por Página/12, Hebe de Bonafini afirmó que en las próximas horas ratificarán el escrito de tres carillas que suscribió junto a los abogados Eduardo Barcesat, Antonio Rojas Salina y María Jaume. “No podemos esperar otra cosa de Macri”, afirmó la dirigente al desafiar al jefe de Gobierno a probar con él mismo las descargas eléctricas que provocan las Taser. “La misma gente que no dijo nada cuando mataban y secuestraban estarán contentas con el uso de esas armas”, destacó Bonafini, que consideró que por la labor que lleva adelante la Asociación Madres de Plaza de Mayo en defensa de los derechos humanos son parte damnificada.

El juez federal Claudio Bonadío remitió al fiscal Gerardo Di Massi la denuncia inicial presentada por Barcesat y de la que ahora Bonafini es parte querellante. El escrito presentado por Madres advierte que “se pretende insertar en la sociedad un instrumento de suplicio eléctrico” y califica como “desafortunada y delictiva” la decisión de equipar a la policía porteña con las pistolas Taser. También subrayaron que las descargas eléctricas de esa arma “inexorablemente” estarán dirigidas “a los sectores víctimas de la marginación y exclusión social forzadas”, como “los sin techo”. Ya que, según afirmó Barcesat, el delito más grave que compete a la Metropolitana es el de “usurpación”.

El fiscal –días atrás– solicitó “medidas previas” antes de dictaminar si impulsará la apertura de una investigación penal contra el jefe de Gobierno y todos los funcionarios que hayan tenido participación en la compra de las X26, lo que puede incluir entre los acusados al ex jefe de la fuerza, Jorge “Fino” Palacios.

Por su parte, los denunciantes afirmaron que la Policía Federal “también se interesó” en el uso de las pistolas Taser, pero tras efectuar estudios y evaluaciones técnicas rehusó adquirirlas. Di Massi deberá decidir ahora si requiere al Ministerio de Justicia y a la Policía Federal el envío de las actuaciones, antecedentes y evaluaciones efectuadas sobre los dispositivos que motivaron el rechazo a su incorporación por parte de la Federal.