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La junta militar liderada por Augusto Pinochet traspasó fondos, modificó la Ley del Cobre para favorecer económicamente a los militares, pagó sobresueldos y designó a los fiscales militares que se hicieron cargo de los arbitrarios consejos de guerra en contra de prisioneros políticos. Estas premisas fueron dadas a conocer en un informe publicado por el diario La Nación de Chile ayer, tras una investigación de 150 leyes secretas dictadas bajo el gobierno de facto y hasta hoy no reveladas. El matutino denuncia también la escasa iniciativa legal que predominó en los sucesivos gobiernos democráticos para levantar el secreto de estas leyes y lograr su derogación.

“Por efecto de la legislación secreta, entre 1978 y 1981, Pinochet no sólo obtuvo 442 millones de dólares del Banco Central y la Tesorería General de la República para fines no determinados, sino que también se atribuyó poderes para obtener en Austria 1864 millones de chelines, que entonces equivalían a unos 250 millones de dólares. Hasta ahora se desconoce el destino de esos fondos austríacos, como también las cuentas reservadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”, señala el artículo del diario, resultado de un trabajo conjunto con la iniciativa periodística del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Archivos Chile.

La ley secreta del 12 de agosto de 1980 que involucra los préstamos del Banco Central a nombre del propio Pinochet no es la única que pone en problemas a las Fuerzas Armadas chilenas. Otras de las leyes publicadas en las ediciones restringidas publicadas por el Diario Oficial revelaron también gestiones en favor de la milicia, tales como las sucesivas modificaciones introducidas a la Ley del Cobre –13.190–, la cual aseguró a los militares un 10 por ciento de las ventas del metal rojo por varias décadas. En 1985, afirma el matutino, se dispuso que si la cantidad total del rendimiento del 10 por ciento era inferior a los 90 millones de dólares, el fisco debería completar la diferencia.

Sobresueldos en la Armada, el carácter legal de la pena de muerte en el auge del aparato represor de la dictadura, la designación de algunos fiscales militares para arbitrar consejos de guerra y exenciones tributarias para las “Instituciones de la Defensa Nacional” completan el cuadro de este revelador informe.