La prensa francesa celebraba ayer una brisa de “revuelta” que empezó a soplar en Francia contra la política de Nicolas Sarkozy. Aunque es demasiado temprano para dar crédito completo a esa perspectiva, el gobierno logró cristalizar un sólido frente de oposición convergente. Por un lado está la mayoría que desaprueba el aumento legal de la edad de la jubilación y por el otro quienes impugnan la política de seguridad agresiva hacia los extranjeros, la expulsión de gitanos y las medidas que apuntan a retirarles la nacionalidad a los extranjeros nacionalizados que hayan cometido crímenes contra las fuerzas del orden. El pasado fin de semana se realizaron en Francia unas 130 manifestaciones en protesta contra la política inmigratoria del gobierno. Hoy podrá medirse en las calles la potencia de la brisa opositora con la jornada de huelgas y manifestaciones convocadas por los sindicatos el día en que los diputados inician el examen del proyecto de ley sobre la reforma del sistema francés de jubilaciones. Este último capítulo es el más sensible de todos, no sólo porque se trata de la reforma central del mandato de Sarkozy sino, también, porque quien está encargado de defenderla no es otro que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, un hombre enterrado hasta el cuello en el escándalo de la heredera de L’Oréal y a quien, por ese motivo, los sindicatos descalificaron como interlocutor de una reforma tan controvertida y capital.

A pesar de los índices de popularidad por los subsuelos, Nicolas Sarkozy mantuvo el rumbo: respaldó a su ministro, recalcó que el proyecto de ley que hace pasar la edad legal de la jubilación de 60 a 62 años no sería modificado en sus puntos más importantes y ratificó su política inmigratoria. Las últimas revelaciones sobre los lazos evidentes entre el ministro de Trabajo y ex tesorero del partido UMP y de la campaña presidencial y el gestor de la fortuna de la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt, no alteran el programa. Luego de haberlo negado innumerables veces, Eric Woerth reconoció que había pedido la Legión de Honor para Patrice de Maistre, el gestor de los Bettencourt. Ayer se encontraron nuevas pruebas sobre la cercanía entre ambos hombres en momentos en que Woerth era ministro de Presupuesto y Bettencourt y su gestor organizaban un detallado dispositivo de evasión fiscal. Ni Sarkozy ni el Ejecutivo se conmueven. Ayer, el presidente mantuvo fijo el timón hacia su política respecto de los inmigrantes. Sarkozy puntualizó las medidas contra la delincuencia y la inmigración irregular hechas públicas el pasado mes de julio. Toda indica que Sarkozy empieza a tejer la trama de su reelección (2012) centrando su política en los extranjeros. En un comunicado divulgado por la presidencia francesa al cabo de una reunión con el primer ministro, François Fillon, y el ministro de Interior, Brice Hortefeux, el jefe del Estado reiteró que se anulará la nacionalidad francesa de los extranjeros naturalizados que atenten contra la vida de policías y gendarmes. Sarkozy retiró la poligamia de la lista de delitos que valen el retiro de la nacionalidad. El comunicado presidencial subraya que Sarkozy quiere ver aprobadas “cuanto antes” las citadas medidas. En este paquete se incluye una enésima reforma de la ley de inmigración a fin de tornar más simple la expulsión de inmigrantes ilegales, entre los cuales también figuran “ciudadanos” de la Unión Europea. El palo de la seguridad esgrimido por la presidencia establece otras prioridades: éstas van desde “una pena de cárcel de 30 años sin posibilidad de reducción a los asesinos de policías y de gendarmes”, “la generalización de penas mínimas para los autores de actos de violencia agravados”, hasta el recurso de brazaletes electrónicos para delincuentes reincidentes que hayan cumplido con su condena.

No es una coincidencia si este paquetazo policial se hace público en la víspera del examen en la Asamblea Nacional de la ley de reforma de las pensiones. Sarkozy elevó este dispositivo a prioridad de su mandato con el objetivo de achicar los déficit abismales de las cajas de jubilaciones y alcanzar el equilibrio en 2018. El viernes pasado, Sarkozy aclaró que no será “el presidente que se va sin haber solucionado la cuestión del equilibrio de los regímenes jubilatorios”. Los sindicatos rechazan toda modificación hacia arriba de la edad legal de la jubilación.

Hasta hace unos meses, esta reforma se presentaba como un paseo para el Ejecutivo. Los sondeos mostraban que una mayoría de franceses se resignaba y estaba dispuesta a pagar el tributo de la reforma para salvar el sistema. Pero el contexto se modificó. La implicación del ministro de Trabajo en el escándalo L’Oréal y la batalla de comunicación de los sindicatos terminaron por dar vuelta una situación favorable. Los sindicatos esperan movilizar hoy más que el pasado 24 de junio. En vísperas del verano, más de dos millones de personas salieron a las calles del país. Por tercera vez en lo que va del año, los sindicatos ponen a prueba su capacidad de movilización en torno de un beneficio heredado del difunto presidente socialista François Mitterrand y cuya modificación las centrales sindicales juzgan “injusta”.

Las encuestas arrojan un cuadro de opinión paradójico: 70 por ciento aprueba las huelgas de hoy, 53 por ciento encuentra “aceptable” que se amplíen los años de cotización y 62 por ciento juzga que el ministro de Trabajo no debería permanecer en su puesto y al frente de la reforma. Sarkozy pone un pie en el cuarto año de su mandato con un suelo resbaladizo. Crecimiento económico restringido, desempleo persistente, impopularidad, descrédito y divisiones caprichosas en su propia mayoría configuran un presente alterado y un futuro indeciso para sus ansias de reelección.