El tribunal oral que juzga en Córdoba los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria I debe resolver hoy la recusación presentada por el mayor Gustavo Adolfo Alsina y su defensor Osvaldo Viola contra el juez subrogante José Pérez Villalobos. Los motivos alegados son que el magistrado habría jurado “por los héroes de Trelew” y que el 24 de marzo último fue visto junto con su familia frente al Archivo de la Memoria de Córdoba, que funciona donde tuvo sus instalaciones el departamento de Inteligencia policial durante la última dictadura.

Esto implicaría una infracción al principio de imparcialidad, lo que haría sospechosa su valoración de los hechos. Algo similar intentaron sin éxito algunos represores mendocinos contra los jueces Juan González Macías, Héctor Cortés y el fiscal Omar Palermo, por haber asistido a una conferencia en la que un orador cuestionó la lentitud de los procesos por violaciones a los derechos humanos.

Pérez Villalobos negó haber jurado por las víctimas de la masacre de Trelew, de lo cual Alsina y su abogado no aportaron prueba alguna, y no negó haber asistido al acto frente al Museo. Pero éstos son detalles secundarios. La lógica subyacente en estas recusaciones es que para cumplir con el requisito de imparcialidad un juez no debe tener opinión formada sobre el terrorismo de Estado, al que podría considerar una forma de gobierno más, tan válida como la monarquía o la República.

Nada avala este desatino. Los requisitos para llegar a la magistratura incluyen el “compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”, según consigna el decreto que dispone el procedimiento de selección. Y al jurar su cargo los designados deben asumir el compromiso de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, es decir el marco institucional y axiológico que el terrorismo de Estado arrasó en aquellos años. Lo que está en juicio es el desempeño de determinadas personas en los cargos que ocuparon entonces. De hecho, un 10 por ciento de los imputados en estos procesos desde que se anularon las leyes de impunidad fueron absueltos, no porque los jueces avalaran la barbarie sino porque las pruebas de que hubieran participado en los delitos denunciados eran insuficientes.

Durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, el mayor Alsina fue detenido por el asesinato del médico José René Moukarzel, a quien ordenó estaquear a la intemperie en una cruda noche de invierno y arrojarle baldes de agua sobre el cuerpo desnudo hasta que muriera. Pero ya antes fue arrestado por uno de sus actuales compañeros de causa, el entonces Comandante del Cuerpo de Ejército III, general Luciano Menéndez, cuando un suboficial lo acusó de robar un cuadro durante un procedimiento. Menéndez citó al coronel Juan Carlos Alsina, a quien llamaban El Brilloso, para comunicarle la conducta de su hijo. Después de recibir la noticia murió de un infarto en el hotel de Córdoba en el que se alojó entonces. En 1987, Alsina y sus camaradas Enrique Pedro Mones Ruiz, Enrique Venturino y Ernesto Barreiro (a) Nabo fueron los activistas principales en la agitación que condujo a la rebelión de Semana Santa. Su problema es que sólo con jueces cómplices podría aspirar a un fallo favorable. Pero más allá del caso, lo que los colegas de Pérez Villalobos decidirán hoy es si el fango sangriento de la dictadura puede o no seguir manchando al Poder Judicial cordobés.