El detonante de la bomba lo encendió la semana pasada Chilevisión –el mismo canal de TV que hasta hace poco figuraba como patrimonio de Sebastián Piñera– al emitir una entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que cumple una pena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto, y que en Chile está inculpado en el asesinato del senador y fundador del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán.

En la entrevista, el ex frentista denominado “Comandante Ramiro” encendió el ventilador y enlodó a muchos. Esto porque Hernández insinuó que personal de inteligencia de la época, dependiente del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), estaba al tanto de los planes del grupo guerrillero para asesinar a Guzmán, quien era el civil más influyente de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet, hecho que se concretó en las afueras de la Universidad Católica el 1º de abril de 1991.

Así las cosas, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, confirmó ayer que decidió abrir el caso del primer asesinato político una vez recuperada la democracia. La reapertura del caso ocurre luego de que el abogado Luis Hermosilla, que representa a la familia del fundador de la UDI, solicitara las diligencias tras las declaraciones de Hernández Norambuena.

Entre las pericias requeridas se incluye la citación a declarar a varias autoridades de la época, especialmente quienes conformaron el Consejo de Seguridad Pública, conocido también como La Oficina. Además se pidió ubicar a otro ex frentista: Enrique Villanueva, quien según Hernández era un infiltrado en el FPMR que entregaba información a La Oficina sobre los posibles blancos de atentados políticos.

En este escenario, el abogado de la familia Guzmán informó del envío de un escrito al tribunal para solicitar que declare en la causa el ex vocero del gobierno militar Francisco Javier Cuadra, luego de que la semana pasada Cuadra dijera que recibió un llamado de Inteligencia que advertía sobre la inminencia de un atentado terrorista a su persona y al asesinado Guzmán, información que también habría manejado el Ejército.

El trabajo del juez Carroza comenzó ayer en las dependencias de Chilevisión con el fin de revisar el master de la entrevista realizada por los periodistas Luis Narváez y Pedro Azócar; además solicitó copia de la grabación y posteriormente interrogó a los profesionales.

En tanto, el ex ministro del Interior del ex presidente Aylwin Enrique Krauss negó las acusaciones respecto de que ese gobierno sabía del atentado que sufriría Jaime Guzmán. “El gobierno no tenía en absoluto conocimiento de este hecho”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió al gobierno y en nombre de su partido “máxima velocidad” en el esclarecimiento del atentado a Guzmán, el padre político del conglomerado conocido también como gremialista y que se cuadró con el gobierno de Pinochet.

Desde el gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, confirmó que La Moneda realiza gestiones con Brasil y la Argentina para que los ex FPMR cumplan sus condenas en Chile.

Los requerimientos que se estudian apuntan específicamente a Hernández Norambuena y Galvarino Apablaza: éste último está en la Argentina a la espera de un pronunciamiento sobre su petición de asilo político, que mantiene en espera desde 2005 la extradición solicitada por Chile.

En el caso del ex frentista Juan Gutiérrez Fischmann, se sospecha que está en Cuba, mientras que de Ricardo Palma Salamanca no hay información.