Romy Schmidt es la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. De visita en Buenos Aires, participó en un seminario regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, organizado por Memoria Abierta, y dialogó con Página/12. Se refirió a las deudas que aún tiene Chile en materia de construcción de la memoria. Además, la ex ministra de Bienes Nacionales del gobierno de Michelle Bachelet habló de los festejos del Bicentenario en la nación trasandina, que se vieron opacados por la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches y que lleva casi tres meses.

–¿Cómo evalúa la experiencia del recientemente inaugurado Museo de la Memoria de Santiago?

–Los primeros meses del museo fueron complejos. El 11 de enero de 2010, con mucho esfuerzo, se inauguró la iniciativa que había anunciado la ex presidenta Bachelet. Ella dio a conocer la idea el 21 de marzo de 2007, tres años después ya estaba inaugurado el museo. El 11 de marzo de este año asumió el presidente Sebastián Piñera, un gobierno de derecha. Pero el 27 de febrero tuvimos el terremoto, que afectó muy fuertemente al museo. Estuvimos cerrados por cinco meses y medio. Alcanzamos a estar abiertos por seis semanas, en las que tuvimos 55 mil visitantes. Fue tremendo ver destruido algo que había costado tanto esfuerzo y ya no teníamos presupuesto para la reconstrucción. Pero en agosto logramos reabrir.

–¿Quiénes visitan este sitio de Memoria?

–Estamos llegando a un público nuevo, que viene con muchísima curiosidad y sale con más preguntas todavía. Ese público vive con emoción transitar por los 17 años de dictadura, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado. Las nuevas generaciones se acercan a estas historias tristes a través de lo audiovisual y la percepción individual. Necesitan hacerse su propia concepción de lo pasado y no quieren que se las cuenten ni sus profesores ni sus padres, que tienen un sesgo determinado. Lo que nos han transmitido es que estos espacios contribuyen a que ellos tengan esta visión más personal, más propia de estos hechos históricos que aún no están relatados con suficiente objetividad ni en los libros de historia ni en los colegios. Al igual que en la Argentina, la dictadura chilena tenía un aparato comunicacional muy fuerte con el que tergiversaba los horrores que cometía y alianzas muy fuertes con medios de comunicación muy importantes. Entonces hay mucha gente que no tenía dónde informarse y no supo realmente lo que pasó.

–¿Qué semejanzas y qué diferencias tiene con los espacios que existen en la Argentina?

–El Museo fue una obra presidencial, a diferencia de muchos sitios de conciencia que hay en la Argentina. Recoge las recomendaciones de los informes de verdad en torno de visualizar las violaciones a los derechos humanos y una voluntad política. Todos tienen un sentido común, que es resaltar la memoria. No sólo porque sea importante saber lo que pasó, es esencial para construir el futuro. No hay una democracia que pueda permanecer en el tiempo si nosotros ocultamos aquello que sucedió. El Museo de la Memoria es una obra del Bicentenario. En Chile hemos sido capaces de reflexionar sobre los errores que cometimos en estos cien años de República, a diferencia de lo que pasó en el primer centenario. En ese entonces, las obras fueron muy magnánimas, fueron todas en la capital y estuvieron ligadas al arte. Ahora, en el paso de 37 años, pudimos condenar lo sucedido como sociedad y estamos tratando de aprender del pasado para que nunca más, en Chile y ojalá en ninguna parte del mundo, se repita ese tipo de hechos.

–Si bien el Museo es una obra del Bicentenario, también se barajó para estos festejos indultar a los represores condenados. ¿Cómo vivieron ese debate?

–En Chile, a diferencia de lo que sucedió en Argentina, la Iglesia Católica y las iglesias en general tuvieron un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos. Para ser más concretos, salvaron la vida de mucha gente y ayudaron en la persecución de los culpables. Tuvo hombres muy destacados que pasaron a ser héroes nacionales. Por lo tanto, una institución con esa historia es la que planteó un indulto para aquellos victimarios que ellos ayudaron a condenar, en ciertos casos, y de los que conocían bien su obra, porque escondieron y salvaron a víctimas.

–¿Cómo evalúa la determinación del mandatario chileno de negar el perdón a los represores?

–Fue una decisión difícil para el presidente Piñera, porque tenía entre sus electores a gente que había sido partícipe del régimen de Augusto Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos. Es más, durante la campaña presidencial, él se reunió con los victimarios condenados en el penal de Punta Peuco. Pero yo creo que tomó la determinación pensando que en Chile no estaban dadas las condiciones para un indulto, puesto que todavía falta mucho por avanzar en justicia.

–¿Cuál es la situación en materia de juzgamiento?

–Se han dado importantes pasos en el último tiempo, con sentencias muy emblemáticas, pero todavía no se inician procesos por la enorme mayoría de los detenidos desaparecidos y ejecutados. Por el 57 por ciento de ellos no se han iniciado causas. Las sentencias son mucho más bajas de las que le darían a un delincuente común si hubiese cometido los hechos. Sólo un tercio de los condenados están cumpliendo pena con privación de libertad.

–¿En qué coyuntura se festejaron los 200 años de Chile como nación?

–Es un momento interesante. Por un lado, se ve que en este Bicentenario asumió un gobierno de derecha, y bienvenido, porque lo hizo en un marco democrático, con unas elecciones absolutamente transparentes, dejando atrás una serie de cuatro gobiernos de la Concertación. Sólo el tiempo nos va a decir cómo se comporta la democracia en este gobierno, sobre todo en torno de la construcción de la memoria. Hoy en día, Chile nos está diciendo que no pensemos que se acabaron las violaciones a los derechos humanos porque las hay, como también las hubo durante los gobiernos de la Concertación. Las instituciones se están haciendo eco de esto. El Parlamento ha buscado jugar un rol articulador en el término del conflicto de la huelga de hambre con los comuneros mapuches. Pero hay muchas situaciones más allá de ésta. Por ejemplo, lo que sucede con la mujer en Chile en lo referido a la participación, a la violencia intrafamiliar, la inequidad que afecta a los grupos más vulnerables. La composición de la pobreza no es transversal, tiene mucho rostro de mujer y eso duele especialmente.

–¿Cuál fue la relación del gobierno de Piñera con el Museo?

–Durante el gobierno del presidente Piñera se hizo un recorte de aproximadamente un 5 por ciento a las reparticiones públicas. A no-sotros, que somos una fundación privada financiada con recursos públicos, se nos recortó casi un 20 por ciento.

–La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció que hay dos hombres vinculados a la derecha en la dirección del museo. ¿A qué se debe?

–Cuando se inauguró el museo, se creó una fundación privada que es la que lo administra y que tiene catorce directores que vienen de distintos lados de la sociedad. Hay seis que son institucionales, tres de ellos son representantes de universidades y los otros tres son integrantes de organismos de derechos humanos. Los otros directores responden a trayectorias personales. Bachelet tuvo el cuidado de buscar ciertos equilibrios y que hubiese representantes de sensibilidades de la Concertación y otros de derecha. Pensando que esta obra pretende ser nacional y del Bicentenario, es importante recoger desde la institucionalidad misma a toda la sociedad. Pero todos tienen una cosa en común: condenar las violaciones a los derechos humanos. No toda la gente de derecha en Chile estuvo de acuerdo con el golpe. Creo que ha sido un intercambio bastante interesante el que se ha dado en el directorio.

Entrevista: Luciana Bertoia.