El senador Jaime Quintana, uno de los nuevos líderes de la Concertación chilena, estuvo el fin de semana en Buenos Aires. En diálogo con Página/12, el jefe de bancada del Partido Por la Democracia (PPD), el partido que fundó Ricardo Lagos, habló del conflicto mapuche, se refirió, entre otras cosas, a las deudas del gobierno de Sebastián Piñera, el conflicto mapuche y al caso Apablaza. Quintana es profesor de Letras y está por su asumir la presidencia de la Comisión de Educación del Senado chileno.

–¿Qué pasa con el recorte en materia de educación que tuvo la semana pasada a los estudiantes en las calles?

–Como en Argentina, estamos en plena discusión del Presupuesto. Lo que generó las manifestaciones es que creció un 18 por ciento el Crédito con Aval del Estado y creció sólo un tres por ciento real el fondo solidario, que necesitan los estudiantes de menores recursos para financiar sus estudios en las universidades del Estado. El gobierno está buscando la forma de que los recursos que hay para financiar la educación superior se compartan con las 35 universidades privadas. Es algo complicado porque no pueden competir en igualdad de condiciones las universidades con fines de lucro y las del Estado, cuya finalidad es el desarrollo y el pensamiento estratégico del país. Esa es nuestra diferencia con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, al que en otros aspectos hemos apoyado en su gestión.

–¿Desde el PPD están apoyando el voto voluntario?

–Sí, estuvimos con Carolina Tohá, la presidenta del partido, reunidos la semana pasada con el ministro Cristián Larroulet. Hay sectores de la Concertación que manifestaron reparos al voto voluntario. La nueva mesa directiva de la Democracia Cristiana (DC) ha planteado que debería ser obligatorio. El problema es que ya tenemos aprobado el voto voluntario. Los estudios que se hicieron mostraron que el padrón va a presentar una mutación bien significativa. Lo preocupante es que los sectores que más votan son los acomodados. Este estudio dice que le conviene a la derecha. Tendremos que ver cómo atraemos a los jóvenes, ése es el desafío de la Concertación. Tenemos que tomar algunos resguardos como transporte gratuito para el día de la elección, proceso de información, mailing. O sea, un sistema para que el Estado haga todos los esfuerzos para que la gente concurra ese día a votar.

–¿Cómo fue el proceso de reconstrucción después del terremoto?

–La Concertación cree que esto ha sido más lento de lo que se pensaba y no por falta de recursos sino por procedimientos. Piñera ha mostrado nítidamente su poca experiencia en gobierno y que no estaba preparado para asumir este riesgo. Sólo un tercio de las 200 mil familias que perdieron su vivienda tiene expectativas reales de que va a poder tener su casa en menos de un año. Eso es un retroceso y contrasta con otras áreas en las que el gobierno ha sido exitoso.

–¿Cuál es su evaluación del conflicto mapuche?

–Yo creo que el gobierno ha demostrado un aprendizaje y eso se valora. Esto es un diálogo que había que instalar con un pueblo originario, que tiene su tradición, que era el dueño de los recursos naturales en Chile y que, hoy en día, está arrinconado sin reconocimiento institucional, con algunos de sus líderes perseguidos por la Justicia y con legislaciones, de las cuales todos somos responsables, que le han dado la espalda a esta diversidad cultural. Yo vivo en la zona de la Araucanía Norte y siempre he sentido que hay una deuda del Estado que está latente. De alguna forma, este conflicto mostró que la deuda no está sólo desde el punto de vista de las tierras o del desarrollo sino también en materia jurisdiccional y de participación política efectiva. Deberíamos avanzar en esa línea y no tenerles miedo a conceptos como la autodeterminación.

–¿Cómo tomaron que Marco Enríquez Ominami elogiara a Piñera por modificar la ley antiterrorista y criticara a la Concertación por no haberlo hecho en 20 años?

–La Ley antiterrorista se aplicó mal porque este aprendizaje no estaba hecho. Para ser justos, fue el conjunto de acontecimientos el que fue construyendo este escenario. En la campaña, el presidente Piñera decía que había que aplicar más la ley antiterrorista. Los mismos que durante veinte años se negaron al reconocimiento institucional, hoy asumieron otra posición y eso se valora.

–¿Qué lectura tiene de la disputa entre La Moneda y la Casa Rosada por la negativa argentina a extraditar al ex guerrillero Galvarino Apablaza, acusado de asesinar al senador pinochetista Jaime Guzmán en democracia?

–Yo siento que Chile ya tiene las condiciones para garantizarle el debido proceso a Apablaza.

–¿No tiene la sensación de que hay más interés en avanzar en la causa por el asesinato de Guzmán que en el castigo a los represores?

–Yo creo que en Chile se ha hecho un esfuerzo grande en materia de verdad y justicia. Nunca se va a alcanzar lo óptimo. Durante el gobierno de la Concertación hubo una legislación abundante en esta materia y hubo una preocupación sistemática por las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero el país debe tener la posibilidad de actuar en los distintos frentes. Vemos que han pasado 20 años del asesinato de Jaime Guzmán y no hay avance en la investigación.

Entrevista: Luciana Bertoia.