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En un intento por aislar la protesta de los campesinos cocaleros, el gobierno boliviano acordó con los sindicatos mineros, que reclaman la reactivación del sector, y los jubilados, que exigen la indexación de sus pensiones de acuerdo a la inflación. Pero el conflicto más serio que enfrenta el gobierno sigue sin resolverse. Ayer, los líderes Felipe Quispe y Evo Morales sellaron un pacto para intensificar los cortes de ruta y pedir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Mientras, el gobierno y Morales negaron la existencia de un grupo armado fundado por campesinos cocaleros en la selva del Chapare.
El líder aymara y diputado por el movimiento indigenista Pachacuti, Felipe Quispe, firmó ayer con el líder del movimiento cocalero Evo Morales un pacto para intensificar las movilizaciones y bloqueos de rutas en cinco departamentos de Bolivia y exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Morales aseguró que mantendrá las medidas de fuerza hasta que el mandatario atienda las demandas de estos sectores. Quispe advirtió a la población que se aprovisione de alimentos para resistir un prolongado conflicto. El domingo, los cocaleros le habían dado a Sánchez de Lozada un plazo de 48 horas para resolver los problemas que venció el martes. Pero el gobierno ordenó responder con fuerza a los cocaleros, por lo que una solución pacífica al conflicto parece cada vez más lejana. De todas formas, el gobierno logró acordar con el sector minero y los jubilados. Los sindicatos de Huanuni y Totoral, que desde hace una semana mantienen cortada una ruta del sur de Bolivia para exigir la reactivación del sector minero, lograron un acuerdo con el ministro boliviano de Desarrollo Económico, Oscar Farfán.