Integrantes del flamante gabinete de Dilma Rousseff salieron ayer a respaldar la decisión de crear una Comisión de la Verdad. El general encargado de la seguridad del gobierno había declarado que no era necesario revolver el pasado y que no era una vergüenza que hubiese desaparecidos en el país. La presidenta había retado al funcionario, que tuvo que pedir disculpas.

Rousseff ya tuvo su primer enojo como mandataria. El general Elito de Carvalho Siqueira, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, relativizó la importancia de los cientos de desaparecidos que dejó la dictadura brasileña que gobernó entre 1964 y 1985 y agregó: “No podemos ir hacia adelante mirando hacia atrás. No podemos, estamos perdiendo el tiempo”. Según trascendió, la economista de 63 años le habría llamado la atención al militar, quien habría pedido perdón en una reunión realizada el martes por la noche. Para Rousseff, éste es un tema especialmente sensible porque ella misma fue víctima del régimen militar: estuvo presa casi tres años en el penal de Tiradentes y padeció las torturas durante 22 días seguidos.

Por las declaraciones de Siqueira, la secretaria de Derechos Humanos, María do Rosario, difundió un comunicado en el que decía que no iba a retroceder con la creación de la Comisión de la Verdad, que había sido propuesta durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El vicepresidente Michel Temer buscó la salida elegante y trató de mantenerse al margen del debate. “Es la opinión de él, no voy a manifestarme”, declaró en referencia a los dichos del general. Según publicó el diario Folha de Sao Paulo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, dijo que el gobierno de Rousseff en su conjunto respalda el proyecto de ley presentado por Lula. Además de la Comisión de la Verdad, Rousseff espera conseguir un mea culpa por parte de los militares y, para lograrlo, necesita de Jobim.

El integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Sergio Pinheiro se quejó por la demora para que haya verdad y justicia por los 400 muertos y los 160 desaparecidos durante la dictadura. “El gobierno no está inventando la rueda, ya fueron creadas cerca de 40 comisiones de la verdad en todo el mundo”, apuntó Pinheiro.

En Brasil sigue en pie la Ley de Amnistía de 1979, que impide el juzgamiento de los represores. En abril del año pasado, la Corte Suprema dijo que los delitos perpetrados por los militares estaban contenidos dentro de esa norma y que, por lo tanto, no podían ser juzgados. A mediados de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Brasil por la permanenencia de esa ley, cuando trató una denuncia por la represión contra la guerrilla de Araguaia.