La Justicia uruguaya está analizando el video que grabaron supuestos militares, que alertaban sobre operaciones para liberar a represores presos por abusos a los derechos humanos. Según publicó la prensa local, los fiscales investigarán el caso bajo la figura de terrorismo.

Días atrás, el semanario Búsqueda denunció la existencia de un video en el que tres supuestos jóvenes oficiales, con sus rostros tapados, daban a conocer la formación de un comando “Honor y Dignidad” de un Ejército Nacional Libertador. Los encapuchados expresaban en la cinta su malestar por lo que ellos entienden como una desarticulación de las fuerzas armadas y por la cantidad de camaradas tras las rejas. En rigor, los detenidos no superan la docena y están alojados en la cárcel VIP de la calle Domingo Arena de Montevideo, como denuncian organismos de derechos humanos. Los tres uniformados se refieren como “presos políticos” a los represores que cometieron crímenes aberrantes durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

Si bien desde el Ejecutivo se trató de minimizar el impacto de la amenaza y se buscó desligar a las fuerzas armadas, la Justicia tuvo que dar algunas señales más enérgicas. Según publicó El Observador, la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero pedirá que se abra un expediente para investigar lo que entiende como una actividad terrorista. Las actuaciones estarían enmarcadas en la ley 17.835 de 2004, que considera como actos terroristas los que buscan intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

De acuerdo con El Observador, desde la Secretaría de Inteligencia reconocieron que la iniciativa judicial tiene sentido, ya que existe tensión y nerviosismo entre los sectores de militares retirados que tuvieron participación durante la dictadura. A los procesamientos con prisión ocurridos durante el gobierno de Tabaré Vázquez, que llevó a la cárcel a las principales figuras del régimen de facto, se suman nuevas convocatorias en causas vinculadas con violaciones de derechos humanos y que alcanzarían a 30 militares retirados.

De hecho, ayer continuaron las declaraciones de sobrevivientes de la base aérea Boisso Lanza. Los ex detenidos hicieron a fin de año una presentación por torturas bajo la figura de genocidio contra quienes operaron en ese destacamento, lo que puso nerviosos a los uniformados, que tiempo después respondieron con la conformación del Foro Libertad y Concordia, que reclama la libertad de los represores.

Pero desde ese Foro golpista salieron a desvincularse de los que emitieron el video. El argumento de los foristas fue el mismo que esgrimieron los detenidos: la cinta los desprestigia. La difusión de ese video forma parte de una “operación” con el fin de desacreditar a las entidades que agrupan a militares en actividad y retiro y que se manifestaron críticos con la Justicia en los casos de los uniformados procesados.

En la esfera política hubo repudio. Aunque el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo que no había visto el video en cuestión y que la policía era la encargada de investigar de dónde provenía esa grabación. Es más que sospechoso que el funcionario no haya accedido al material, ya que se sabe que el presidente José Mujica envió una transcripción a la Suprema Corte de Justicia, a líderes políticos y a ex mandatarios. “Recibí por orden del presidente un sobre, con una hoja sin firma, conteniendo reivindicaciones sobre los militares presos. Pero no sabía nada de este video. Fue hace unos diez días. Se me pidió reserva y lo guardé en la caja fuerte”, declaró al diario El País el ex mandatario y actual senador Luis Lacalle.