Viernes, 22 de julio de 2011
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EL MUNDO › PROYECTO DE UN DIPUTADO DE PIÑERA
Por Adrián Pérez
Un proyecto de ley impulsado desde el oficialista Renovación Nacional amenaza con poner límites a la labor de los periodistas trasandinos. La insólita propuesta del diputado chileno Gaspar Rivas sugiere que se prohíba a los cronistas repetir preguntas. También promete llevar ante la Justicia “a los reporteros que consulten fuentes en forma imprudente, invasiva y hostigosa“(molesta). Esto último elevó ayer a Rivas al pico máximo de su (im)popularidad en Chile, donde el parlamentario fue trending topic (tema del momento), en Twitter, bajo el hashtag (etiqueta) #preguntahostigosa. La inspiración del diputado del RN provino de la experiencia de un supuesto caso de acoso periodístico contra la ex modelo Cecilia Bolocco.
Rivas entiende que la prensa violó la intimidad de la ex Miss Universo –y ex pareja de Carlos Menem– cuando le preguntaron en el aeropuerto de Santiago si se había sometido a una cirugía estética, entre otros temas que molestaron a la actual animadora de televisión. “Es un absurdo, un atentado a los derechos de los chilenos, un intento de censura”, manifestó el presidente regional de los periodistas, Marcel Garcés. Y provocó la pronta respuesta del Colegio de Periodistas de Chile, que puso el grito en el cielo y salió a rechazar esa iniciativa.
Garcés señaló que el proyecto era una rémora de los tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, cuando se mataba a la gente para silenciarla. “Las personas pueden responder o no cuando son requeridas, pero no se puede prohibir que el periodista pregunte”, dijo el dirigente gremial. El debate generado alrededor de Rivas coincidió con una denuncia hacia el alto mando policial, sospechado de haber espiado a diputados y senadores a través de escuchas telefónicas. Esto podría reeditar un escándalo similar al que se desató en Inglaterra con las pinchaduras de News of the World. Como si el presidente Sebastián Piñera no tuviera bastante con las manifestaciones estudiantiles contra la privatización de la educación pública, por estas horas se cree que su gobierno habría contratado un software especial para monitorear los debates de los ciudadanos en blogs, Twitter y Facebook. Esta cadena de intrigas y sospechas encendió el malestar de los chilenos, que decidieron volcar su bronca en las redes sociales.
Rápidos de reflejos, desde el RN salieron a desmarcarse de Rivas. “Respetamos el derecho del diputado a presentar los proyectos que estime pertinentes, pero no lo patrocinamos y creemos que es un error. Le comentamos que no compartíamos la propuesta, pero él decidió seguir adelante”, dijo Pedro Browne, jefe de la bancada. Marcelo Shilling, diputado del Partido Socialista chileno, aseguró que la propuesta es inconstitucional. “Creemos que esto no va a prosperar, que se va a declarar inadmisible por inconstitucional. No va a pasar de ser un momento jocoso en la Cámara de Diputados”, indicó el legislador.
“Buscar información para que cada persona pueda decidir en términos políticos y sociales es una obligación de cada periodista; tenemos un mandato de la ciudadanía para acercarnos lo más posible a la verdad”, señaló ante Página/12 Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas chileno. El periodista consideró, a su vez, que la propuesta de Rivas encarna una vergüenza internacional, porque Chile es un país que se precia de ser democrático, pero con esta medida está atentando contra la libertad de expresión de sus periodistas. “Es un síntoma de desesperación parlamentario que representa las posiciones más conservadoras del país –agregó–. Por lo general, la derecha en Chile tiene temor a la libre circulación de la información.” Según Castillo, en lo que va del año, doce fueron los periodistas detenidos en manifestaciones callejeras.
“Estas iniciativas generan un panorama de desconfianza hacia la prensa y eso es bastante grave”, evaluó el periodista chileno, y adelantó que, desde la asociación que conduce, van a pedirle al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero Abaroa, que el proyecto no se tramite. “Vamos a recurrir a nuestros abogados, porque este proyecto, como se da a conocer, está violando derechos constitucionales”, insistió Castillo. En su artículo 19, la Constitución de Chile consagra la libertad de emitir opinión e informar, sin censura previa, en cualquier forma y cualquier medio.
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