En el segundo día del juicio por prevaricación contra Baltasar Garzón, un agente de la policía española confirmó ayer que el magistrado ordenó prevenir el derecho de defensa de los implicados, en la causa por blanqueo de dinero conocida como “Gürtel”. Garzón pasó ayer su segunda jornada en el juicio por el que se lo acusa de haber dictado una resolución injusta a sabiendas, y de haber ordenado pinchar conversaciones que derivaron en detenciones a abogados de funcionarios del Partido Popular (PP) hoy gobernante. La causa es promovida por Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama de corrupción salida a la luz en 2009, que salpicó al PP. En diálogo con Página/12, el portavoz de la plataforma civil Solidaridad con Garzón definió esta causa y la que comienza el 24 de este mes (por investigar los crímenes del franquismo) como la “culminación de un disparate colectivo de unos intereses inconfesables”. “Son los juicios de la vergüenza, que ponen en cuestión a quienes lucharon por la libertad y el Estado de Derecho, con garantías para todo el mundo. Son días muy tristes para nosotros, por el grado de inquina que instila la derecha mediática. Es preocupante y peligroso en los momentos de crisis económica y de incertidumbre “, dijo Jordi Gordon.

Garzón es sospechado en esta causa de violar garantías constitucionales al haber ordenado interceptar conversaciones en prisión entre presuntos dirigentes principales del caso de 2009 y sus abogados. El inspector de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que compareció ayer en el Tribunal Supremo de Madrid, aseguró que su grupo de investigación preservó la intimidad de los cabecillas investigados. Si bien este testimonio favoreció ayer a Garzón, fuentes de su entorno informaron que el magistrado dijo encontrarse ante un pelotón de fusilamiento, y que prefería que le quiten la venda de los ojos para ver a sus verdugos. El actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya enfrenta una pena de 15 años de inhabilitación de sus funciones.

“Garzón será la última víctima del franquismo y la primera del caso Gürtel”, dijo el vocero de Solidaridad con Garzón, quien cree que a pesar de que ayer fue una jornada positiva para el magistrado, lo suyo ya es cosa juzgada. “Creemos que si han llegado hasta aquí, es difícil que no lo inhabiliten”, se lamentó.

Vicente Maroto, funcionario del Juzgado de Instrucción Nº 5 y a cargo de la investigación del caso Gürtel, aseguró ayer que la fiscal anticorrupción Myriam Segura le pedía a Garzón hacer algo para impedir el blanqueo de dinero de la asociación ilícita de los funcionarios del PP y sus abogados a paraísos fiscales desde la prisión, a través de las visitas penitenciarias. Por su parte, el policía de la UDEF dijo que las escuchas eran necesarias para impedir que continúe el blanqueo de capitales.

Olivera corroboró que desde el principio había claros indicios de lavado puro y duro en la causa Gürtel. “No hay ningún juicio que haya puesto en cuestión la situación de Garzón. Las investigaciones sobre ese tipo se basan en escuchas telefónicas, porque si no, no habría forma de probar el delito”, dice Gordon respecto de las escuchas telefónicas. Según el vocero, la fiscalía ordenó las escuchas telefónicas y el Tribunal Supremo de Madrid las anuló, pero eso es materia de interpretación y no constituye un delito por parte de Garzón. “En la historia de la judicatura española ningún magistrado ha sido juzgado de esta manera y ha habido cosas peores”, se queja Gordon.

El próximo martes, a una semana del inicio del juicio por escuchas de la causa Gürtel, Garzón tendrá que volver al TS a enfrentar otra causa por prevaricación. Se trata de un proceso impulsado por Manos Limpias, el instrumento de extrema derecha del PP para presentar querellas, por haberse atribuido funciones que no le competían al investigar los crímenes del franquismo. En la causa se lo acusa de haber ignorado intencionalmente la Ley de Amnistía de 1977, cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas. En esa investigación acusó al dictador Francisco Franco y a 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de cometer crímenes de lesa humanidad. La causa terminó diluyéndose al tener que inhibirse en favor de los juzgados territoriales, obligado por la fiscalía. “La causa del franquismo es un problema de interpretación de la ley, unos jueces consideraban que sí era competente y otros en cambio hicieron una interpretación distinta. De ahí a sentarse en el banquillo penal de acusados hay una gran diferencia”, asegura el vocero.

Solidaridad con Garzón organizó diversos actos en repudio a lo que aseguran se trata de una operación política espuria contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional. Para el 24 de enero habrá una concentración a las puertas del Tribunal Supremo, que es donde se lo procesa. Para el día 29 habrá otra manifestación que partirá del mismo lugar, donde se encontraba el juzgado de orden público franquista que se ocupaba de la represión política. La marcha confluirá hacia la Puerta del Sol, donde funcionaba una dependencia de la policía política del régimen.

“Esta es una causa por la democracia y por el Estado de Derecho. Garzón ha cometido errores y aciertos, esto no pasa por simpatías personales, son las causas. Cuando lo incriminaron y comenzaron los procesos y fue suspendido en 2010, hubo una gran manifestación que reunió 60.000 personas. Eso da cuenta del apoyo con que cuenta Garzón”, afirmó Gordon.

A la plataforma civil Solidaridad con Garzón se sumaron el poeta de Granada Luis García Montero, organizaciones por la memoria, asociaciones ciudadanas y partidos como la Izquierda Unida.

Informe: Juan Nicenboim.