Desde Medellín

Después de que las FARC anunciaron ayer la suspensión de la liberación de seis rehenes en su poder, la tensión crece entre los familiares, el gobierno y las ONG que esperan el regreso a la libertad de los uniformados desde diciembre pasado, cuando los rebeldes hicieron el anuncio como gesto humanitario y de buena voluntad para comenzar diálogos de paz. Desde entonces, cada semana aparece un nuevo “pero” para que los militares regresen a sus hogares.

“Por Dios, no más trucos y engaños. Ni siquiera sabemos dónde están los secuestrados. No han entregado coordenadas. Libérenlos ya”, expresó el presidente Juan Manuel Santos desde su cuenta de la red social Twitter. “Estos procesos son siempre complejos en una guerra que continúa y se recrudece en nuestro país”, le dijo a Página/12 Iván Cepeda, vocero de la comisión de paz del Congreso colombiano. Cepeda ha sido uno de los gestores de la liberación desde el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz y, como tantos ayer en el país, quedó decepcionado tras el anuncio de la guerrilla. “Deploramos la suspensión del proceso de liberación, que tiene que ver con tensiones entre el gobierno”, explica el congresista, que se muestra esperanzado en que, pese a todo, los hombres recuperen pronto su libertad.

Temprano en la mañana, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue el primero en mostrar su malestar por la negativa de las FARC a continuar el proceso de liberación. Desde el aeropuerto militar de Catam, Pinzón dijo a la radio nacional que el hecho no tiene justificación y que se trata de “una burla permanente” del grupo guerrillero más antiguo del mundo. “No es justo que sigan jugando con los familiares, ellos no pueden estar sujetos a la manipulación de las FARC”, dijo el ministro enérgicamente.

Luis Alfonso Beltrán, César Augusto Lasso, Carlos José Duarte, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero y José Libardo Forero son los seis militares que hace más de diez años los insurgentes tienen secuestrados en las selvas del país. A primera hora de ayer, los rebeldes publicaron un comunicado en Internet en el que aseguraban que no los liberarían pues la zona donde los mantienen cautivos estaba siendo objeto de operativos militares.

Según el ministro de Defensa, el pasado martes el gobierno sostuvo una reunión con la Cruz Roja y Colombianos por la Paz y no se anunció el lugar de la liberación ni el de cautiverio. El gobierno, asegura, nunca supo donde están los secuestrados y tampoco detuvo las operaciones militares pues éstas se realizan continuamente en todo el país. “El gobierno, en todas las ocasiones en que se ha dispuesto un proceso de liberación, ha frenado operaciones en los lugares en que se han llevado a cabo estas labores y cuando ha sido necesario”, afirmó Pinzón y agregó que “el gobierno no puede convertirse en responsable de secuestros y todo tipo de crímenes”.

Gloria Marín, esposa del subintendente de la policía, Carlos José Duarte, dijo que espera que la postergación de la liberación tenga como fin la seguridad de su marido y conserve su vida. Su “piso y su soporte”, dice, es la esperanza de que sí saldrá libre pronto. Los familiares son los que reciben el impacto más fuerte en estas situaciones, según explica Iván Cepeda. “Son personas que llevan esperando años el regreso de sus seres queridos y ante la inminencia de las liberaciones la presión psicológica aumenta.”

Para Cepeda, el gobierno ha sido “renuente a que las liberaciones se realicen con aeronaves de Brasil, y son indispensables para la confianza en el proceso humanitario”. El gobierno, por su parte, asegura que nunca ha rechazado la participación del vecino país, pero que sí prefiere que se realice con herramientas colombianos. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo de ayer no significa la frustración del proceso; solo hace falta que las partes se pongan de acuerdo para avanzar en la liberación.

Cepeda es enfático al pedir “que no se haga ningún intento de rescate por la vía militar; son muy peligrosos y terminan con la muerte de los rehenes”. En enfrentamientos con militares de la Fuerza Pública, las FARC asesinaron a cuatro secuestrados en noviembre de 2011.