Desde Roma

Hacía mucho que la Corte Europea de Derechos Humanos no tomaba una decisión tan ejemplar. En los tiempos que corren, condenar a un país como Italia a pagar una suerte de indemnización a los refugiados que rechazó en medio del mar, llevándolos a Libia, ha dado y dará que hablar además de provocar los aplausos de parte de todas las organizaciones de derechos humanos, desde Amnesty International al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El hecho ocurrió en la noche del 6 al 7 de mayo de 2009, es decir en pleno gobierno de Silvio Berlusconi y cuando el exponente de la Liga Norte, Roberto Maroni, era el ministro del Interior. Aunque la situación no era de la gravedad como la que se planteó a principios de 2011, cuando miles de hombres y mujeres escapaban de las revoluciones del norte de Africa y llegaban a la isla italiana de Lampedusa, el gobierno italiano decía estar acosado por la llegada de inmigrantes y hablaba de cifras incontenibles, usando estos argumentos para justificar el endurecimiento de la legislación. Poco después de estos hechos, el 15 de julio de 2009, el gobierno sancionaba un paquete de medidas de seguridad que incluía el “delito de inmigración clandestina”, imponiendo la cárcel a quien fuera descubierto. Este delito fue posteriormente bochado por la Corte de Justicia de la Unión Europea.

Aquella noche del 6 de mayo de 2009 unos 200 inmigrantes viajaban en una gran barcaza cuando a pocas millas de la isla de Lampedusa –el territorio italiano más cercano a la costa africana– fueron detectados por las fuerzas navales italianas. Muchos de ellos eran de Somalia y de Eritrea –dos países que fueron colonias italianas hasta principios del 1900–, había niños y embarazadas. Los inmigrantes fueron trasladados a naves italianas y acompañados a territorio libio en contra de su voluntad y sin ser escuchados ni informados sobre su verdadero destino. En ese entonces Libia estaba gobernada por Muammar Khadafi, y con él Italia había firmado en 2008 un Tratado de Cooperación y Amistad que contemplaba la colaboración en el control de la “inmigración clandestina”. Los inmigrantes africanos, tal vez porque los traficantes de seres humanos tenías facilidades en Libia o simplemente porque había menos controles, a menudo partían en barcazas desde las costas libias para llegar a Italia. De las 200 personas, 24 fueron asistidas en Libia por el Consejo Italiano para los Refugiados, que luego se encargó de presentar el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

La Corte condenó la semana pasada a Italia a pagar 15.000 euros a cada uno de los 22 inmigrantes que iniciaron la causa. En realidad eran 24, pero dos de ellos murieron al hacer un segundo intento por llegar a las costas italianas. Según la sentencia, además de haber violado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos, que se refiere al maltrato y la tortura, las autoridades italianas tampoco respetaron los artículos 4 (prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y 13 (derecho a un recurso efectivo) de la misma convención. “La sentencia establece claramente que los Estados no pueden actuar con impunidad cuando está en juego el tratamiento de personas interceptadas en el mar, en particular cuando esto sucede en aguas internacionales”, comentó Amnesty International, añadiendo que los estados deben garantizar que las personas que son objetos de sus operaciones tengan derecho a presentar algún recurso o apelación individual. Para Amnesty, además, “las autoridades europeas deben aprender la lección y garantizar que los derechos humanos estén en el centro de las negociaciones con Libia o con otros países”.

Se trata de una sentencia “histórica” dicen las organizaciones de derechos humanos, mientras el ex ministro Maroni habla, para variar, de una sentencia “política” y dice que “haría de nuevo exactamente lo que hizo en aquella oportunidad”. El secretario de su partido, la Liga Norte, Umberto Bossi, va mucho más lejos y no puede evitar que el racismo le salga por las orejas: “Lo importante es que así impedimos que el país se llenara de inmigrantes”, dijo. La sentencia, además de ejemplar, es de alguna manera una condena al racismo que practicaba el gobierno de Berlusconi y particularmente sus aliados de la Liga Norte, comentó la prensa progresista de Italia. Laurens Jolles, representante del Acnur para Europa del Sur, sostuvo que el fallo de Estrasburgo representa “una indicación importante para los Estados europeos”. “Auspiciamos que constituya un motivo de reflexión que lleve a una discontinuidad de parte del gobierno italiano”, añadió, aunque reconoció “el desafío que plantean las migraciones irregulares a Italia y otros países de la Unión Europea, y los esfuerzos llevados a cabo por Italia y otros Estados para salvar vidas humanas en el ámbito de sus operaciones de búsqueda y asistencia en alta mar”.