El ex fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, juró ayer como ministro del Interior de Paraguay, en reemplazo de Carlos Filizzola. El cambio en el gabinete se dio tras el desalojo de campesinos en el noreste del país, que dejó entre 15 y 17 muertos.

Candia Amarilla asumió formalmente a primera hora en una ceremonia encabezada por el presidente Fernando Lugo. También asumió el nuevo comandante de la Policía Nacional, Arnaldo Sanabria, nombrado por el mandatario tras la salida de Paulino Rojas, por las mismas razones que Filizzola. “No soy el más adecuado para opinar sobre las tareas de Carlos Filizzola, una vez que me adentre en el cargo podemos opinar”, dijo, según informó el diario La Nación de ese país, en conferencia de prensa. El nuevo ministro del Interior es una figura ligada al opositor Partido Colorado y fue ministro de la cartera durante la gestión presidencial de Nicanor Duarte, entre 2003 y 2008, además de fiscal general del Estado. “La lucha contra del EPP será con todo el rigor de la ley, ahora mismo algunos están siendo juzgados, no apartarme de la línea de persecución de este grupo”, dijo Candia Amarilla, que se convirtió en el cuarto ministro del Interior de la administración de Lugo, iniciada en agosto del 2008, después de Rafael Filizzola, Federico Acuña y Carlos Filizzola. “El cumplimiento irrestricto de las normas legales, fue una de las condiciones que le exigí al presidente de la República para aceptar el cargo”, aclaró resaltando que su labor no será igual a la de ningún otro. Y concluyó: “Siempre se va a instalar el debate con los campesinos, encuadrar nuestras conductas en el marco de la legalidad, vamos a ver cuáles serán los primeros pasos con relación con lo ocurrido ayer”.

La cifra de muertos el viernes llegaba a 17, se puso ayer en cuestión por el anuncio de la policía, que detallaba la existencia de 15 fallecidos, 6 agentes y 9 campesinos. Otro tanto pasaba con el número de heridos que, según los medios, variaba de 80 a 100. Los hechos se dieron durante un violento desalojo de un predio de unas 2000 hectáreas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, al noreste del país, en la frontera con Brasil. Ahí, policías y campesinos enrolados en la Liga Nacional de Carperos se tirotearon intensamente generando el acontecimiento de mayor magnitud en cuanto a víctimas en la lucha por la tierra en el Paraguay.

La policía estaba en la región a la espera de ingresar en la zona boscosa de la hacienda, propiedad del ex senador colorado Blas Riquelme, para buscar heridos, verificar si hay más muertos y, eventualmente, detener a campesinos que huyeron.

Un primer intento de la fuerza policial apoyada por militares en busca de más víctimas o de fugitivos fue dificultado ayer por un temporal de lluvia y relámpagos que se abatió sobre Curuguaty. Se estima que en los montes puede haber más campesinos muertos o heridos y numerosos efectivos rodearon la zona para tratar de capturar a los sobrevivientes. Hay también campesinos detenidos, aunque hasta el momento la policía no proporcionó la cantidad ni la identidad de los mismos.

El fiscal Marcos Alcaraz confirmó ayer que son nueve los campesinos muertos, pero sólo ocho están identificados hasta el momento. Explicó que un equipo multidisciplinario de fiscales, médicos forenses y expertos en balística está trabajando en el tema y analizó los cuerpos de las víctimas, incluyendo los policías. Según informó el fiscal, quienes dispararon a los policías lo hicieron desde un plano superior a sus víctimas y las heridas fueron, en su mayoría, en la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax. Además, detalló que los policías dispararon desde una posición horizontal o de abajo hacia arriba. El fiscal, además, indicó que los disparos fueron hechos a mediana y corta distancia, pero en ningún caso a quemarropa, descartando indirectamente la posibilidad de que haya habido ejecuciones de civiles, como trascendió en algunos medios locales. Alcaraz explicó que se encontraron diversos tipos de municiones y de distinto calibre, por lo que no se ha podido establecer aún el tipo de armas que usaron los campesinos. “Es necesario reconstruir los hechos y para eso hay que ser cautos y objetivos”, enfatizó el fiscal descartando especulaciones hasta no tener todos los resultados de la investigación que, estimó, arrojará en una o dos semanas un informe final sobre lo sucedido. El viernes, la Cámara de Diputados decidió la creación de una comisión bicameral investigadora para analizar lo ocurrido y continuaban las especulaciones sobre la posible implicancia del grupo ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el adiestramiento de los sin tierras.