Desde La Paz

Mientras negocia con los delegados de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), el gobierno de Evo Morales denuncia maniobras desestabilizadoras. Ayer, los gobernadores de ocho de los nueve departamentos bolivianos se reunieron para leer un pronunciamiento en defensa del presidente que advierte sobre el riesgo de un golpe de Estado.

“Condenamos y repudiamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático, promoviendo un golpe de Estado”, dijo el gobernador de La Paz, César Cocarico.

Según el gobierno nacional, hay un plan diseñado por policías, quienes querrían aprovechar la entrada a esta ciudad de la marcha indígena para desestabilizar al presidente Morales. “Existen grupos organizados que pretenden desestabilizar el proceso democrático, que ha costado sangre y luto a todas las bolivianas y bolivianos”, leyó Cocarico.

Sin embargo, los amotinados dicen que rechazan la posibilidad de hacer un golpe de Estado a Morales. La Policía Nacional cumplió su sexto día de motín en todo el país, mientras continúa en negociaciones con el gobierno por la atención de sus demandas. La principal traba está en el aumento salarial exigido para que el sueldo mínimo policial sea de trescientos dólares, pero el ministro de Economía dice que no cierran los números.

Pese a la ausencia tan extendida de esta fuerza del orden, en el país prevalece mayormente la tranquilidad. Para hoy está previsto que ingrese a esta ciudad la Novena Marcha Indígena, que trae al presidente una serie de reclamos. Desde el Palacio Quemado les solicitaron retrasar su entrada hasta que se solucione el conflicto con la llamada institución verdeolivo.

Los indígenas de la novena marcha están desde hace dos días en Urujara, a diez kilómetros del Palacio Quemado. No quieren ingresar hasta que el gobierno y la Policía Nacional solucionen sus diferencias. Además, niegan tener algún tipo de contacto con los uniformados, resentidos como están con ellos desde la represión policial a la Octava Marcha Indígena, el 25 de septiembre de 2011, en Chaparina, departamento de Beni.

“Nuestras movilizaciones jamás fueron para tumbar gobiernos. Al contrario, han sido para reconducir las políticas de los gobiernos que se han venido equivocando”, dijo desde el frío implacable de Urujara Fernando Vargas, presidente de la subcentral de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por donde Morales quiere hacer construir una carretera a la que se opone la marcha.

Pero los gobernadores no les creen a los indígenas. “Ellos han desmentido supuestos afanes golpistas, pero sin embargo ellos son los sectores que están instigando, que quieren generar violencia o confrontación y buscan además muertos para decir que el gobierno es el culpable”, señala el comunicado firmado por todos los gobernadores menos el de Santa Cruz. Cocarico estuvo flanqueado por Edmundo Novillo, de Cochabamba; por Haisen Rivera, aliado del MAS, pero militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Beni; por Esteban Urquizo, de Chuquisaca; por Lino Condori, de Tarija; por Félix Gonzales, de Potosí; por Luis Adolfo Flores, de Pando, y por Santos Tito, de Oruro.

En la noche del lunes, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, estalló un explosivo que rompió algunos vidrios. A las cuatro de la madrugada de ayer, otro artefacto detonó en la radio Bolivia, de Oruro, y dañó la antena de esta emisora aliada al gobierno de Morales. Varios de sus funcionarios acusaron a los amotinados.

“Estamos frente a un escenario de golpe de Estado policial, por lo tanto el gobierno ha planteado ante la Defensoría del Pueblo los riesgos que pueden existir ante esa situación”, dijo Amanda Dávila, ministra de Comunicación, quien pidió a la novena marcha retrasar su entrada a la ciudad de La Paz. “La marcha tiene todo el derecho de llegar y el gobierno tiene toda la responsabilidad de expresar los riesgos que hay”, explicó. Allí se encuentra la sede del Ejecutivo y del Legislativo, allí están los policías amotinados y allí terminaría la movilización de los indígenas.

A todo esto, el gobierno y los amotinados reanudaron el diálogo el lunes a las 23.30. Pero hasta anoche no había resultados para que los uniformados se dejaran ver nuevamente en las calles. La negociación se frena en el monto que los policías van a cobrar de acá en adelante.

“El ministro de Hacienda (Luis Arce Catacora) es el que más trabas pone al aumento al sueldo básico. El insiste con los bonos, pero eso no queremos nosotros. Nuestros camaradas quieren un sueldo básico de 2000 bolivianos (unos 300 dólares). A eso nos mandaron a La Paz”, dijo José Heredia, delegado de los uniformados de Tarija.

Según la propuesta del gobierno, el sueldo básico de un policía sería de 1445 bolivianos. A ese número se agrega un bono de Seguridad Ciudadana de 620 bolivianos, con lo que totalizaría 2065 bolivianos. Pero los uniformados reclaman un sueldo básico de 2000 bolivianos, sin bono. Según el ministro Arce, obedecer este pedido generaría cien millones de bolivianos más para pagar impuestos, que el gobierno dice no poder afrontar. “Esperemos solucionar el problema de una vez, porque queremos trabajar”, dijo la sargenta Esther Cozón, delegada de los amotinados.