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Tres intereses convergieron para el derrocamiento de Fernando Lugo: los intereses de las transnacionales del agronegocio y del sector financiero; los de la oligarquía terrateniente, aliada al capital transnacional, y los de los partidos políticos de derecha. Todos apadrinados por Estados Unidos.

Los objetivos estratégicos son: reinstalación de una democradura exclusivamente regenteada por la derecha, con apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos como en los tiempos de la Guerra Fría; arrinconamiento y criminalización de la izquierda y los movimientos sociales; avance de la producción meramente extractivista agroexportadora, con la postergación indefinida de la industrialización del país; consolidación violenta del proceso de descampesinización del campo.

En el campo geoestratégico, Paraguay se convierte aceleradamente en un problema cada vez más grave para Brasil y las posibilidades de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y tiende a consolidarse como una base importante de operaciones de Estados Unidos en el proceso de disputa por el control de América del Sur.

La Unión de Gremios de Producción (UGP), que integra a los productores mecanizados del país, pero que en la práctica sirve de refugio a los terratenientes, especuladores y rentistas de la tierra, pivoteó toda esta trama contra Lugo. Cuando la trasnacional Monsanto tuvo inconvenientes para imponer su semilla transgénica de algodón y de maíz por incumplimiento de normativas legales, empezó a ascender la presión de la UGP. Monsanto facturó –sin pagar impuestos– en concepto de regalías, 30 millones de dólares, sólo en 2011, por su soja transgénica, sin contar la facturación por la venta de semillas. Parte de ese monto se distribuye anualmente entre los tecnócratas de la UGP.

Este gremio presionó primero por la destitución de Miguel Lovera, un técnico que dirigía la institución de control y uso de semillas y agroquímicos en el país. Luego amenazó con una protesta nacional, denominada tractorazo, consistente en el cierre de rutas con maquinarias agrícolas, y por último presionó por el juicio político de Lugo.

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, empresario ligado estrechamente al grupo empresarial de los Zuccolillo.

Este grupo es socio de Cargill, otra trasnacional del agronegocio. El grupo Zuccolillo también tiene en su haber el diario ABC Color, dirigido por su propietario Aldo Zuccolillo. La línea editorial de este periódico está plagada de incitaciones y provocaciones a las fuerzas armadas y a los partidos políticos para derrocar a Lugo desde los inicios de su gobierno.

En enero del corriente año, Aldo Zuccolillo se reunió con el político del Partido Colorado, el también agroempresario Horacio Cartes. El senador colorado Juan Carlos Galaverna manifestó que Cartes salió deslumbrado de la entrevista con Zuccolillo. Según los cables de Wikileaks, publicados por el propio Zuccolillo el año pasado, Cartes fue involucrado por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, en narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Estado lo ha blanqueado.

Llamativamente, en el último tramo del gobierno de Lugo, Cartes fue el principal propulsor dentro de su partido para el juicio político a Lugo, apoyado por el diario ABC de Zuccolillo. Finalmente, Cartes arrastró a su partido –que había sido derrotado por Lugo en 2008, luego de 60 años en el poder– para promover la destitución del presidente.

Esto ocurrió tras los sangrientos sucesos de Curuguaty del 15 de junio pasado, donde murieron seis policías y once campesinos, en un desalojo de un latifundio propiedad del ex presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Estas muertes sirvieron de principal excusa para acelerar el derrocamiento de Lugo.

En un giro de 180 grados, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) abandonó el cogobierno con Lugo y de la mano de su presidente, Blas Llano, también se acopló al juicio político impulsado por el Partido Colorado, el diario ABC Color y la UGP.

Hoy, al PLRA, en el poder luego de 70 años de llanura, con Federico Franco como presidente del Paraguay, le quedan poco más de 13 meses para gobernar y deberá hacer el trabajo sucio de reprimir a sus ex aliados en el gobierno: a la izquierda y a los movimientos sociales, que iniciarán una sistemática resistencia al gobierno liberal, destruyendo cualquier posibilidad de ganar las elecciones del otro año. Horacio Cartes, precandidato por el Partido Colorado, sonríe y ve mejorar sus chances con apoyo de ABC Color, la embajada estadounidense y la UGP.

Finalmente, en estos días, Lugo y sus asesores deberán reconocer que cometieron un grave error: Pensaron que podían cogobernar con el imperialismo, con la oligarquía feudal y con los partidos de derecha, tributarios de los poderes fácticos y traidores a la patria. Como dice Atilio Boron, es un error creer que un gobierno tímidamente progresista, como fue el de Lugo, pudiera prosperar transigiendo con los intereses oligárquicos e imperiales, sin articular a los movimientos sociales y a los partidos de izquierda.

* Autor del libro Los herederos de Stroessner. Miembro de la Sociedad de Economía Política de Paraguay, Seppy. De La Jornada. Especial para Página/12.