El gobierno del presidente Mariano Rajoy ordenó ayer detener a los autores de dos saqueos a supermercados en España, acción inédita realizada por sindicalistas y desocupados, que se llevó a cabo para entregar alimentos a personas necesitadas en pleno recrudecimiento de la crisis económica. El Ejecutivo español dijo que los saqueos fueron hechos muy graves que no pueden justificarse con la crisis. Los organizadores, por su parte, defendieron las acciones y calificaron las órdenes de detención, que prometieron resistir, como propias de la dictadura encarnada por Francisco Franco. La decisión del gobernante Partido Popular (PP) llegó un día después de que los comercios fueran saqueados en Andalucía y de que uno de los supermercados, Mercadona, afirmara que iba a denunciar la sustracción de los alimentos.

“El establecimiento presentó una denuncia y he dado orden a la policía y a la Guardia Civil de que detenga a los autores de esas acciones y los pongan a disposición judicial”, anunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a la prensa española. El titular de Interior añadió que habló con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que pida a la Fiscalía General del Estado que actúe contra quienes están incitando a realizar estos actos. “Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios”, dijo Fernández Díaz, quien añadió que en ningún caso se va a permitir que se tome justicia por mano propia porque sería la ley de la selva.

Los saqueos, organizados por el anticapitalista Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), tuvieron lugar en Ecija, Sevilla, y Arcos de la Frontera, en el sur del país, donde la crisis está haciendo estragos y la tasa de desempleo, del 34 por ciento (40 por ciento en zonas rurales), supera con creces la media de España y Europa.

La acción fue liderada por el alcalde de la localidad sevillana de Marinaleda y diputado regional de Izquierda Unida (IU) Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien remarcó que se trató de un acto simbólico de desobediencia civil para denunciar las políticas de ajuste del gobierno y sus consecuencias para miles de familias que no tienen para comer. “La orden de Interior es propia de los gobernadores de la época del dictador (Francisco) Franco, que parece que resucitó en La Moncloa con el PP”, denunció Sánchez Gordillo.

“Yo he enseñado el camino. Si el gobierno no quiere que ocupemos grandes superficies, que establezca una renta básica. Si no, volveremos a ocupar”, advirtió el histórico líder de la izquierda anticapitalista. Sánchez Gordillo defendió la radicalización de las acciones desde la no violencia activa, mientras espera la orden de arresto junto a 500 jornaleros que están a punto de ser desalojados de un campo ocupado en Sevilla, propiedad del ejército, en el que quieren hacer funcionar una cooperativa. “Si quiere buscar chorizos (por Fernández Díaz), tiene muchos donde elegir y no tengo que ser yo, que sólo he hecho una acción pacífica, donde se cogieron alimentos cuya cuantía económica ha sido ridícula y no llega ni a hurto”, aseveró el barbado referente de IU.

Y señaló que no llegó a pisar el establecimiento comercial, sino que se ocupó de desarrollar la maniobra de distracción que permitiera la entrada de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. “No nos vamos a ocultar, vamos a resistir”, dijo por su parte Diego Cañamero, secretario general del SAT. “Esperábamos que dieran la orden para detener a los banqueros, a los que dejaron a España en la ruina, o a los empresarios que hacen fraude, y no a los que se llevan unos kilos de frijoles y lentejas para los necesitados”, sostuvo Cañamero. En Ecija, el saqueo se produjo a la vista de la policía, que permitió que los activistas salieran del supermercado Mercadona con nueve changos cargados de alimentos, tras producirse algunos forcejeos con los empleados, explicó el líder sindical. En Arcos de la Frontera, los empleados del supermercado –un Carrefour– cerraron las puertas y no dejaron salir a los militantes, pero después de una negociación con los responsables del establecimiento y la policía se llegó a un acuerdo y se sacaron 15 changos con alimentos.

El diputado Gaspar Llamazares, de IU, defendió abiertamente la acción liderada por Sánchez Gordillo, que fue reprobada por dirigentes del gobernante PP y del opositor Partido Socialista (PSOE). Cándido Méndez, secretario general la Unión General de Trabajadores (UGT, central mayoritaria), tampoco apoyó la medida. “No es la manera de enfocar los problemas sociales y económicos gravísimos de España”, sostuvo.

Llamazares insistió en que se trató de un acto simbólico que se hizo con la cara al descubierto y no en beneficio propio, sino para personas que tienen dificultades económicas, al tiempo que remarcó que el Código Penal justifica este tipo de acciones en situaciones dramáticas. “Nos parece una barbaridad”, dijo, por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando.