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El efecto contagio amenaza con ser imparable. Ayer, un nuevo militar se sumó al grupo de los uniformados rebeldes que clama por la renuncia de Hugo Chávez. Se trata del contraalmirante en actividad Carlos Molina Tamayo, un marino de carrera que advirtió sobre la “inminente posibilidad de un derramamiento de sangre instigado por el chavismo y su gobierno” en caso de que Chávez se niegue a abandonar su cargo. El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, desmintió tales pronósticos y aseguró –tal como lo hizo tras la rebelión del coronel de Aviación Pedro Soto y el capitán de la Guardia Nacional Pedro Flores– que existe “absoluta tranquilidad” en las guarniciones.
Molina Tamayo, de 48 años, exigió en un comunicado de doce páginas que leyó en una rueda de prensa la renuncia de Chávez y llamó al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo en caso de que quiera permanecer en el poder. De hecho, convocó a la prensa e instó “a las Fuerzas Armadas nacionales y al pueblo a que manifieste públicamente su rechazo a la posición antipatriótica de Hugo Chávez y soliciten su renuncia”. Los argumentos de cuestionamiento a Chávez fueron similares a los esgrimidos por “los dos Pedros”: el estilo “autoritario” y “antipatriótico” de Chávez, su intento de llevar al país a una “tiranía de extrema izquierda” y la política económica, fiscal y cambiaria oficial, que la semana pasada llevó al gobierno a recortar sus gastos y a declarar una flotación del bolívar, provocando su inmediata depreciación.
En concreto, Molina pidió la derogatoria del polémico paquete de leyes aprobado por Chávez el año pasado (que desató la huelga patronal del 10 de diciembre de 2001) y la anulación de los nuevos impuestos anunciados hace apenas una semana. Molina, desmintiendo los datos oficiales, aseguró que el descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) es “muy alto; más del 90 por ciento” y repudió la “reiterada acción del presidente Chávez para debilitar la capacidad operativa de la Fuerza Armada” tratando de ponerla “al servicio de su partido e intereses políticos, intentando conformar milicias territoriales al estilo cubano”. Molina arremetió también contra uno de los ejes centrales que anteayer, por medio de una carta pública a la cúpula militar, denunció un grupo de oficiales y suboficiales retirados autodenominado “Gosifan”: la “comprobada y peligrosa relación del presidente y algunos de sus ministros con la guerrilla terrorista colombiana”. La hoja de servicio de Molina Tamayo, que se presentó ante la prensa ayer en uniforme de gala, no admite lo que se dijo del primer rebelde, el coronel Pedro Soto: que sólo buscaba un ascenso. En los tres años del gobierno de Chávez, Molina ascendió a la jerarquía de contraalmirante, se desempeñó como director de armamento de la Fuerza Armada y secretario permanente del Consejo de Seguridad y Defensa. Hace cinco meses, había sido designado para la embajada venezolana en Grecia. Al respecto, ayer aclaró: “A mí me impusieron la embajada”.
Desde el gobierno, el ministro de Defensa salió a contrarrestar las declaraciones del tercer rebelde y convocó a “todos los venezolanos: los que están en la oposición, en primer término, para que se serenen, puedan actuar responsablemente; y al gobierno para que asuma sus responsabilidades totalmente. Yo las estoy asumiendo como ministro”. Y continuó: “No hay absolutamente nada distinto que esa persona que apareció en la televisión e hizo esa declaración. ¿Que eso pueda tener una incidencia en la Fuerzas Armadas? No la tiene”.
A Hugo Chávez lo están presionando desde más de un lado. El efecto de pinzas se está armando de la siguiente manera: por un lado, los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas amenazan con seguir su saga de pronunciamientos y denuncias y, por otro, se acumula el descontento de sectores que acompañaron a Chávez en su campaña electoral e incluso en su primeros tiempos de gobierno y que ahora –en particular desde que anunció el plan de ajuste fiscal– lo acusan en forma creciente de seguir los pasos del Consenso de Washington. Este escenario intensifica y vuelve másextrema la polarización que de hecho ya existe entre chavistas y antichavistas.
El general (R) Alberto Miller Rojas –jefe de campaña de Chávez en 1998, luego embajador en Chile y activista del extinto partido izquierdista Patria Para Todos (PPT)– declaró a Página/12 que no visualiza una salida constitucional en caso de que los apoyos del mandatario sigan descomponiéndose. Para Miller Rojas, esta seguidilla de pronunciamientos rebeldes “va a continuar”, lo cual “somete al país a una peligrosa situación de inestabilidad que actualiza el riesgo de un desenlace con enfrentamientos violentos”. Y vaticina: “No veo salida en el orden institucional. Ese caso sólo es posible a partir de enero de 2003, cuando se cumple la mitad del mandato de Chávez. Sólo entonces se podría impulsar un referéndum de revocación de mandato”. A la vez, Chávez enfrenta una ofensiva judicial: tiene más de 15 demandas en su contra que actualmente se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia. Dos de ellas –por abuso de autoridad y uso indebido de bienes públicos– fueron presentadas por el Movimiento al Socialismo (MAS), una de las agrupaciones que formó el Polo Patriótico, la organización que llevó a Chávez al gobierno.