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El proceso para reformar la Constitución Política de Guatemala comenzó ayer en el Parlamento cuando el presidente Otto Pérez Molina hizo entrega del proyecto oficial para modificar 35 de los 280 artículos de la Carta Magna. El mandatario dijo que espera que las enmiendas sugeridas sean aprobadas por los diputados en poco tiempo. Anunció, a su vez, que a partir de ayer se lanzó una campaña masiva para informar a la población sobre el contenido de las enmiendas. “Esperamos que estas reformas sean conocidas, que se sigan los procesos (parlamentarios), y ojalá que en un término de dos o tres meses sean conocidas, discutidas y aprobadas por los legisladores”, indicó el mandatario. El proyecto, que según Pérez Molina tiene como objetivo modernizar el Estado guatemalteco, contempla cambios en materia de seguridad y justicia, transparencia, sistema político y redefine el carácter de la nación al reconocerla como multicultural, multilingüe y multiétnica.

De ser aprobada la iniciativa, que empezó a gestarse dentro del gobierno hace más de cuatro meses, sería el más importante de los logros políticos alcanzados por Pérez Molina desde enero, cuando asumió al frente del Ejecutivo por un lapso de cuatro años. Junto al equipo de trabajo que lo ayudó a redactar las modificaciones a la Constitución, aseguró el gobernante, recorrerá todo el país para explicar los cambios propuestos y sus razones. “Conforme vaya avanzando esta discusión en el Congreso, yo tengo el compromiso de salir al interior del país a dar a conocer las reformas en todos los foros y espacios”, adelantó el presidente guatemalteco. El proyecto de reformas fue entregado por Pérez Molina al presidente del Congreso, su correligionario Gudy Rivera, quien se comprometió a darle trámite inmediato y enviarlo a los jefes de los bloques legislativos, en donde se decidirá el proceso a seguir para su discusión.

El texto, explicó Rivera, puede ser elevado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que lo analice y emita dictamen o podría formarse una comisión especial integrada por representantes de todos los bloques parlamentarios para estudiarlo. La iniciativa contempla reformas a 35 de los 280 artículos de la Constitución, que, según la legislación guatemalteca, puede ser reformada por dos terceras partes de los diputados del Congreso, es decir con el voto favorable de 105 de los 158 legisladores.

Luego de ser aprobadas por los legisladores, las reformas deberán ser ratificadas por la población mediante una consulta popular que deberá ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral, a petición del Parlamento. De momento, el gobierno cuenta con el apoyo de 63 diputados de su riñón y 25 aliados de otras agrupaciones, por lo que le faltarían como mínimo otros 17 legisladores para alcanzar los 105 votos necesarios para aprobar las enmiendas.

Aunque durante más de dos meses el gobierno consultó el contenido de las reformas con diferentes sectores del país, no obtuvo el apoyo de todos los grupos representativos, entre ellos las organizaciones indígenas y los partidos políticos de oposición que manifestaron su rechazo. Entre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo se destacan la reducción del número de escaños en el Parlamento, de 158 a 140; la posibilidad de que el Ministerio de la Defensa sea dirigido por un civil y elevar el status de la Policía Nacional Civil a rango constitucional. Además, incrementa de cinco a diez años el plazo del mandato de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad –máximo tribunal del país– y establece que el cincuenta por ciento de los jueces sean relevados al promediar su período de gestión.