Desde Río de Janeiro

Un análisis del momento vivido en Brasil señala un fuerte y veloz intento de deconstrucción de la imagen no sólo del Partido de los Trabajadores (PT), sino principalmente de su figura máxima, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para alcanzar ese fin se desató una furiosa campaña en los medios de comunicación, y el tono del juicio llevado a cabo en el Supremo Tribunal Federal colabora de manera eficaz para esa guerra, por menos que fuese ésa la intención de los señores magistrados.

Los partidos de oposición, con la timidez y la inercia típicas de personajes mudos de una película sin movimientos, ganan un espacio inesperado. Mientras tanto, los medios de comunicación, con rarísimas excepciones, buscan desmoralizar a Lula. Cualquier denuncia, no importan su procedencia ni su inconsistencia, obtiene una repercusión insólita. El objetivo es, claramente, uno solo: involucrar directamente al ex presidente en un escándalo tan oscuro como altisonante.

Mientras, el tiempo corre rápido en dos líneas que no deberían converger, pero caminan en una misma dirección. Una línea es la campaña que culminará, el domingo 7 de octubre, en las elecciones municipales. Otra es el juicio llevado a cabo en el Supremo Tribunal Federal, corte máxima del país, contra un esquema de corrupción ocurrido durante el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006). Entre los denunciados hay figuras históricas del Partido de los Trabajadores.

Caben, ahora, al menos tres cuestionamientos sobre el Supremo Tribunal. El primero: ¿no es demasiada coincidencia que el juicio alcance a las figuras políticas más importantes justo en vísperas del pleito? El segundo: ¿no es demasiada coincidencia que el juicio se haya transformado en un espectáculo transmitido en directo por la televisión, y que varios de los magistrados máximos del país se dediquen a realizar comentarios de índole personal, cargados de sarcasmo, cuando deberían atenerse exclusivamente a lo que está en los autos? El relator del proceso, Joaquim Barbosa, llegó al extremo de distorsionar escandalosamente una declaración de Dilma Rousseff, entonces jefa de Gabinete, para corroborar la tesis por él abrazada, sin comprobación, de que hubo compra de votos de parlamentarios, y no dinero irregular para cubrir deudas de campaña.

Tercero: ¿no debería llamar la atención la cantidad de innovaciones jurídicas surgidas en ese tribunal, con claras indicaciones de que el país asiste a un claro juicio político, de excepción? Entre las insólitas innovaciones están la transferencia de la carga de la prueba a la defensa, el predominio de testimonios orales sobre pruebas técnicas, además de las llamadas “flexibilizaciones de interpretación” de lo que está en los autos. Por ejemplo: el relator Barbosa rechazó algunos testimonios por considerar que fueron emitidos por amigos de los acusados, mientras aceptó otros, de adversarios notorios de los mismos acusados. Las declaraciones sin pertinencia emitidas por algunos magistrados se consolidan como una especie de juicio concomitante y paralelo. Es como anticipar una sentencia basada no en fundamentos jurídicos y legales, sino en premisas que llevan a conclusiones preestablecidas.

Entre juristas se entrecruzan análisis diferentes, pero muestran la clara preocupación de que el juicio se haya dejado contaminar por la necesidad de satisfacer a una opinión pública infectada por la condena ya dictaminada por los medios.

Del lado de Lula y del PT, a su vez, queda en evidencia que minimizaron, de manera casi irresponsable, el alcance de ese juicio, y que el precio será cobrado en las urnas del 7 de octubre.

Están comprobados el desvío de recursos públicos, los préstamos fraudulentos para enmascararlo, la formación –un mal endémico en los procesos electorales brasileños– de la llamada “caja 2”, es decir, dinero no declarado, irregular, para abastecer campañas. Está comprobado que en su primer gobierno, para atraer partidos a su alianza y asegurarle gobernabilidad, el PT se dispuso a utilizar parte de los recursos recaudados para acercar a los aliados.

Y en este punto específico sale a flote la politización del juicio: todas esas prácticas son harto comunes en Brasil, gracias a las fallas obvias de la legislación electoral. La opinión pública no se dejaría impresionar tanto por algo que, ahora mismo, está ocurriendo en la presente campaña para las elecciones municipales. Un vistazo superficial en la contabilidad de los candidatos en las grandes ciudades brasileñas muestra que entre los donantes sobresalen grandes constructoras, grandes bancos, y que el 70 por ciento de esas donaciones no van dirigidas a los candidatos sino a los partidos, que seguramente harán la partición que mejor les convenga.

Ya la imagen de un diputado que en cada votación pasa antes por la caja a buscar su coima es mucho más violenta e impactante. No hay una única prueba de que eso haya ocurrido. Pero, a esta altura, poco importa: la opinión pública está convencida, y, por lo visto, buena parte del Supremo Tribunal Federal también.

Los primeros efectos se harán sentir el 7 de octubre. Las perspectivas del PT son más bien discretas en general, y muy negativas en ciudades consideradas clave. Luego vendrán los intentos de la oposición, recién movida de su inercia inepta, para abrir un nuevo juicio, esta vez teniendo a Lula en el centro de la acusación. Las posibilidades son ínfimas, pero es fácil imaginar el ruido que se producirá mientras se intenta. Y, todo eso sumado, el PT, Lula y Dilma tendrán bastante trabajo, de aquí a 2014, cuando serán las elecciones presidenciales, para reconstruir lo que ahora se intenta destruir.