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La estructura tributaria de un país da cuenta de la viabilidad de su proyecto político-económico-social.

En nuestro país, el gobierno democrático popular que inaugura esta etapa en 2003 recibió como herencia un esquema tributario que no es funcional a la idea de desarrollo con inclusión social. Es necesario que el Estado recaude más y mejor.

Es imprescindible modificar aspectos de aplicación del IVA que pagan por igual ricos y pobres y la aplicación del Impuesto a las Ganancias en el caso de los asalariados. No es incorrecto que los altos ingresos tributen, pero primero hace falta definir claramente qué son altos ingresos, cómo y cuánto deben tributar y establecer escalas que se revisen periódicamente con criterios de equidad y justicia distributiva.

No se resuelve simplemente con modificar el mínimo no imponible. Una posible reforma debería además fijar nuevas escalas bajando la contribución de la primera franja y subiendo la contribución de las más altas. Hablamos de ejecutivos de grandes empresas que, además de ganar salarios diez veces más altos que el mínimo no imponible, en muchos casos tienen acciones de la firma por cuyas utilidades no pagan ganancias.

El gravamen a la renta financiera es ineludible junto a las restricciones que impidan la fuga de capitales.

No es posible que se puedan deducir de Ganancias los intereses de créditos hipotecarios y no alquileres, cuando precisamente la necesidad de alquilar se produce por falta de acceso al crédito hipotecario.

Es absurdo que se incluyan en la base de cálculo las sumas que se pagan en concepto de viáticos y refrigerios, o material didáctico en el caso de los docentes.

Es incomprensible e injustificable que una docente jefa de familia que se ve obligada a trabajar en dos cargos y pagar alquiler esté alcanzada por Ganancias.

Carece de toda lógica que alguien que gana 12 mil pesos, por supuesto un buen salario, termine cobrando de bolsillo menos que alguien que gana 10 mil pesos por la aplicación de las escalas que están vigentes desde el año 2000 (es decir antes de la salida de la Convertibilidad).

De ninguna manera pretendemos medidas que desfinancien al Estado, muy por el contrario, hay que profundizar el combate contra el trabajo no registrado y el fraude laboral, la evasión y la elusión impositiva y se impone volver a reponer los aportes patronales con políticas específicas de promoción para las pymes y garantizar que todos los trabajadores cobren asignaciones familiares.

Continuar avanzando en las medidas anticíclicas que nos protejan del impacto de la crisis económica internacional implica también reformular la estructura tributaria aún vigente y ponerla en línea con las necesidades del desarrollo sustentable autónomo con justicia social por el cual los trabajadores hemos luchado tantos años.

* Secretaria general de Ctera.