La Rioja atraviesa con muchas dificultades su primer juicio de lesa humanidad. A dos semanas del traslado de Luciano Benjamín Menéndez a su casa de Córdoba, la semana pasada el juicio se suspendió porque el ex jefe del III Cuerpo del Ejército fue internado en el Hospital Militar. Mientras los médicos sugerían que debe estar entre “30 o 40” días sin audiencias, se descompuso otro acusado. El juicio empezó y se suspendió el jueves y el viernes por esa situación con un tribunal de cuatro jueces, dos de los cuales viajan desde Córdoba, otra desde Buenos Aires; con parte de la querella que también llega desde otra provincia y con testigos que recorren el interior de la provincia o llegan de otros lugares para someterse a horas de espera y poder declarar después de treinta y seis años, y deben volver a sus casas sin haber podido hablar.

“El viernes pasado esta querella les ha planteado a los magistrados formalmente que de continuar con las situaciones dilatorias, de modificaciones en audiencias, suspensiones o descompensaciones, se está perjudicando de manera clara la continuidad de las audiencias”, dice Ramiro Fresneda, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. “Estas situaciones desgastan a los testigos, el jueves y el viernes no pudieron declarar en un juicio y planteamos que, si continúa esta situación de supuestas descompensaciones, pedimos que (el ex comisario Domingo Benito) Vera sea trasladado al Hospital penitenciario de Ezeiza, donde tiene médicos que lo asistan y las condiciones que le garantizan la videoconferencia.”

Esa misma posición compartió la querella de las hermanas del cura Carlos Murias, uno de los dos mártires de Chamical, cuyas ejecuciones se intentan investigar en este juicio. Semanas atrás, varios curas y religiosas de la provincia firmaron un comunicado: “Nos preocupan las idas y venidas que se vienen repitiendo luego de haberse iniciado el juicio, con las permanentes objeciones o trabas de los defensores de los imputados que pretenden dilatar el proceso especulando con que se pueda mantener en la impunidad a los imputados o autores”, dijeron en un escenario que por momentos parece no haber cambiado. Entre otros aspectos, los curas nombraron situaciones que vuelven a presentarse como fantasmas para los que esperan una sentencia. Recordaron que “buena parte de los escollos que fueron postergando el juicio se generaron en el tráfico de influencias y presiones que dominan distintos estamentos de poder en nuestra provincia”.

Lo que ocurrió en el terreno de los hechos debe dividirse en dos partes. Por un lado, la situación de Menéndez y, por otro, la del ex comisario Domingo Vera, cuya estrategia para librarse del juicio es lo que más preocupa a las querellas.

La semana pasada un perito del Tribunal Oral Federal de Córdoba revisó a Menéndez y entendió que su situación requiere que quede ausente de las audiencias por un mes o poco más. En ese frente, las querellas pidieron que un perito de parte lo revise el miércoles próximo en el Hospital de Clínicas de Córdoba. No aceptan que se lo aparte del juicio como quieren sus defensores, y eventualmente lo que se analiza es que el juicio siga adelante con Menéndez representado por su abogado defensor en la sala, tal como sucede en buena parte del país en casos similares. En esos casos, los acusados están de cuerpo presente sólo en el comienzo y en el final del debate.

En el caso de Vera, la situación es más compleja no por el cuadro de salud sino por lo que representa el ex comisario en la provincia. Vera, acusado como parte de quienes asesinaron a los curas, representa la cara con la que el poder represivo se garantizó impunidad. Tiene un tendal de relaciones parentales que parecen sugestivas a la hora de entender por qué pudo estar libre hasta diez días antes del comienzo del juicio: un hermano camarista y un abogado defensor hermano de un integrante del Superior Tribunal de Justicia. El Hospital regional Enrique Vera Barros en el que lo examinaron antes del juicio –y donde habilitaron su participación porque intervino un perito de las querellas– depende del Ministerio de Salud riojano, dirigido por alguien cuyo padre es también parte del Superior Tribunal de Justicia, que a su vez es hijo del ex intendente de la dictadura de Chamical, casado con la hermana de la mujer de Vera.

Así, cuando la situación de Menéndez estaba controlada, él se descompuso en la sala o al menos eso planteó su defensa. Mientras las querellas anunciaban que iban a pedir el traslado a Ezeiza, su abogado defensor le dijo con voz potente a Fresneda que lo hacía responsable a él si le pasaba algo a su defendido en el traslado. El TOF pidió vía exhorto a la Corte Suprema de Justicia un perito del Cuerpo Médico Forense para que lo examine. Ahora las querellas esperan ese paso. Con o sin perito, se supone que las audiencias deben seguir el jueves que viene. Nadie sabe qué sucederá. El tribunal ya pidió un médico permanente al Hospital Regional, pero le dijeron que no tenían personal.

En ese escenario se abre la pregunta sobre qué hacer para que el juicio avance. Menéndez y Vera podrían seguir en el juicio representados por sus abogados. Los familiares esperan a los acusados en la sala por la dimensión reparatoria que tienen esas presencias, como dice Cristina Murias, para que escuchen el horror de lo que hicieron.