En medio de la creciente agitación social, el gobierno español de Mariano Rajoy aprobó el presupuesto 2013, que incluye un drástico e impopular tijeretazo de casi 40.000 millones de euros, prometido a Bruselas de cara a un posible pedido de rescate soberano. El nuevo ajuste, considerado el mayor de la era democrática, equivale al importe que España debe asumir por pago de intereses de su deuda, más de 38.000 millones de euros. El 3 de agosto Rajoy presentó el plan presupuestario 2013-2014 que su Ejecutivo remitió a la Comisión Europea (CE) y que cifra el recorte total acumulado desde 2012 en 102.149 millones de euros, lo que equivale casi al 10 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto). Este plan era una condición impuesta por la troika para que España pudiera demorar un año, hasta 2014, el cumplimiento del objetivo de déficit de la Unión Europea (UE), del 3 por ciento del PIB. Además, el aplazamiento fue concedido en plena negociación con el Eurogrupo a cambio del rescate de 100.000 millones de euros para la banca, condicionado también a reformas profundas y al cumplimiento del déficit, es decir, a más recortes en el gasto público.

Dicho de otro modo, el esfuerzo de reducción de gasto de 2013 es mayor que el que se llevó a cabo el año anterior, cuando el ajuste ascendió a 27.300 millones de euros. Sin embargo, se espera que en 2014 se recorten 50.000 millones de euros. Entre algunas medidas incluidas en el presupuesto votado por los legisladores españoles figura la reducción del gasto disponible de los ministerios en un 8,9 por ciento, la extensión del congelamiento de los salarios de los empleados públicos, limitaciones a la jubilación anticipada y la eliminación de algunas exenciones tributarias.

El recorte por ministerios oscilará entre el 4,2 por ciento en Justicia y el 30 por ciento de Agricultura, de más del 15 por ciento en Exteriores, entre el 13 por ciento y el 15 por ciento en Salud, el 20 por ciento en Industria y el 6 por ciento en Defensa, según la prensa española, a falta de datos detallados por parte del gobierno de Rajoy. Por otro lado, se crea un nuevo impuesto sobre los premios de loterías, que será del 20 por ciento y afectará al 40 por ciento de los premios (los que superen los 2500 euros), con el que se prevén recaudar 824 millones de euros. El gobierno también anunció un plan que subvencionará la compra de autos eléctricos.

Para mejorar la competitividad de la economía, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció una batería de 43 leyes. También se crea una autoridad fiscal independiente que supervise las cuentas públicas. “Son presupuestos en tiempos de crisis para salir de la crisis”, aseguró Sáenz de Santamaría tras la aprobación de las cuentas del Estado para el próximo año. Por primera vez desde que comenzó la crisis, hace cuatro años, el Ejecutivo español tendrá que recurrir al fondo de reserva del sistema de Seguridad Social y echar mano a 3063 millones de euros para pagar las pensiones, que se incrementarán en un uno por ciento, según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El gasto social representa un 63,6 por ciento del presupuesto en el que, además de las pensiones, sólo crecen las partidas de becas e intereses de la deuda. “Hay más ajuste de gastos, un 58 por ciento, que de ingresos, un 42 por ciento, es decir, que se está llevando a cabo una reestructuración administrativa”, dijo la número dos de Rajoy. España atraviesa su segunda recesión en tres años y su desempleo araña el 25 por ciento, el más alto de la Zona Euro, lo que está minando la recaudación y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados por los países de la Unión Europea (UE).

No obstante, con un escenario donde se prevé una caída del 0,5 por ciento del PIB, Montoro subrayó que el gobierno confía en conseguir el objetivo del 6,3 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas este año. Los nuevos ajustes llegan en una semana marcada por el recrudecimiento del conflicto social, después de la brutal represión desatada el martes por la policía antidisturbio, que apaleó y persiguió por todo Madrid a los manifestantes que se concentraron cerca del Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de Rajoy y una reforma radical de la clase política, dejando un saldo de 64 heridos y 28 detenidos.

Los esfuerzos del líder del Partido Popular (PP) por tratar de convencer a los inversores que dudan de su capacidad para controlar el déficit público y pilotear la salida de la crisis se vieron minados ayer por el anuncio de la comunidad de Castilla-La Mancha, que solicitará un rescate al Estado central. Su presidenta, Dolores de Cospedal, del PP, anunció que necesita 848 millones de euros para evitar caer en default. Con esa región ya son cinco las comunidades que acudirán al fondo de rescate creado por el Ejecutivo y dotado con 18.000 millones de euros (Valencia pidió 4500 millones de euros, Cataluña 5023 millones, Murcia 600 millones y Andalucía 4906 millones de euros).

Ignacio Fernández Toxo, secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), aseguró que con el presupuesto aprobado ayer el gobierno va a seguir hundiendo al país en la situación de recesión y desempleo, lo que va a generar mayor empobrecimiento y un aumento de las desigualdades.