Los echaron en minutos apelando al reclamo popular. El 5 de julio de 2011, al grito de “Ningún ser humano es ilegal” y “Barrio unido contra el racismo”, un grupo de vecinos del madrileño barrio de Lavapiés, que se solidarizaba con un senegalés retenido, se plantó frente a la Policía Nacional para expulsarla de sus calles. Ganaron esa batalla, pero la persecución a extranjeros continúa. Así se desprende del dossier Cuando la vulneración de derechos se normaliza: controles de identidad racistas en Madrid, presentado ayer en la capital española. El documento, elaborado por las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (Bvodh), afirma que desde el primer informe (publicado el mismo mes que los vecinos de Lavapiés hicieron dar marcha atrás a la policía) se recibieron 1144 avisos de razzias y se documentó al menos un control racista en el 30,4 por ciento de las recorridas que tuvieron lugar entre mayo de 2011 y noviembre de 2012.

“Establecer cupos de detenciones de inmigrantes es algo inadmisible, ilegal, que atenta contra el Estado de Derecho y xenófobo”, afirmó en 2009 Ignacio Cosidó, por entonces diputado del Partido Popular. Mientras las redadas racistas siguen siendo moneda corriente en España, Cosidó está hoy al frente de la Dirección General de la Policía. La circular X/2012 de la Dirección General de la Policía, publicada el 21 de mayo de este año, establecía que las identificaciones de personas que infundan sospechas (sic) se realizarán “de forma proporcionada, respetuosa, cortés de tal manera que se evitarán aquellas que se consideren innecesarias, arbitrarias, abusivas” y que supongan “una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Sin embargo, a seis meses de su difusión esa reglamentación aparece como letra muerta. A partir de la publicación de la circular X/2012, las Bvodh (brigadasvecinales.org) recibieron 255 denuncias de retención de inmigrantes. “Evidenciamos que la circular no ha supuesto el fin de estos controles discriminatorios, sino más bien ha sido un mero intento de invisibilización mediática y social, así como un ensayo de normalización de su existencia en un contexto de vulneración generalizada de derechos”, reza el documento del colectivo de derechos humanos. De los 1144 casos registrados, Lavapiés encabeza las denuncias con 145 avisos (12,7 por ciento), seguido por Nuevos Ministerios con 79 avisos (6,9 por ciento) y Avenida América con 71 avisos (6,2 por ciento).

Christian Ruiz vive en el barrio Moncloa. En septiembre de 2010 se acercó a Bvodh cansado de ver cómo la policía obligaba a inmigrantes a colocar sus manos contra la pared para pedirles sus papeles. “Me interioricé en el tema y, en poco tiempo, me di cuenta de que no se trataba de una práctica legal”, señala el integrante de las brigadas de derechos humanos en diálogo con Página/12. Comenta, además, que para formar parte de ese colectivo es necesario aprobar un taller de legislación sobre extranjería y derechos humanos. Otra de las condiciones es aprender a dialogar con la policía y los inmigrantes que son identificados.

El 32,3 por ciento de las denuncias se realizan entre las 7 y las 10 de la mañana, promediando un total de 120,3 avisos por hora. Según los datos que reciben las brigadas, el 76,2 por ciento de los controles se efectúan en el transporte público (accesos, pasillos y vagones de metro y Renfe); el 22,4 por ciento se realizan en la vía pública (especialmente en calles cercanas a estaciones de metro, también en plazas y parques), y el 1,5 por ciento en negocios (locutorios, restaurantes, bares y pubs).

“Con el cambio de gobierno, las autoridades (PP) dijeron que se iban a acabar las redadas racistas, que era algo propio del anterior gobierno. Lo que nosotros venimos a denunciar es que a pesar de esa promesa, los controles continúan”, sostiene Ruiz. Y remarca que la administración de Mariano Rajoy trata de vincular inmigración con delincuencia y que en sus declaraciones públicas dice: “Nosotros ya no hacemos controles racistas, sólo detenemos delincuentes”.

En el discurso de la policía madrileña, argumento cuyo sentido pocas veces es homogéneo, se manifiesta esa articulación que denuncia el militante de derechos humanos, que evidencia la discriminación sistemática del Estado. –Pues sí, a veces nos basamos en rasgos físicos –dijo un policía el 30 de marzo, cerca de la estación Cuatro Caminos.

–Pues seguramente eran sospechosos, los policías tenemos nuestros criterios para determinar quiénes son sospechosos –señaló su compañero de rondas.

Ruiz asegura que pudo confirmarse que la policía recibe instrucciones para identificar cupos de extranjeros. “Tenemos constancia de gente que es denunciada en el mismo momento en el que se para a preguntarle a la policía si se trata de una redada racista”, agrega. Por lo general, la Bvodh recaba información de las redadas durante observaciones callejeras, por correo electrónico y vía Twitter (@BrigadasDDHH), en estos dos últimos casos, se trata de avisos de ocasionales testigos. Entre las conclusiones, el documento advierte que los controles racistas tienen “consecuencias devastadoras” en la vida cotidiana ya que las identificaciones se realizan sistemáticamente con un trato humillante y degradante, y en demasiadas ocasiones con violencia. El texto apunta que además de apuntar a la criminalización frente al resto de la sociedad, estas prácticas “generan miedo, alteran la vida, dificultan sus trabajos e impiden el derecho a la libre circulación en los espacios públicos”.