Felisa Miceli está serena, aunque algo resignada. En el juicio oral por el caso de la bolsa de dinero que apareció en el baño de su despacho cuando era ministra de Economía, ayer la fiscalía la acusó de haber encubierto una maniobra ilícita y de sustracción de documento público, pidió su inhabilitación por ocho años para ocupar cargos públicos y que devuelva los 100 mil pesos. Apenas ingresado este juicio en su recta final, Página/12 dialogó con fuentes judiciales y allegados a la ex funcionaria, quienes coincidieron en que para Miceli “la causa está montada para declararla culpable”. En esa línea, considera que “la acusación fue mucho más leve de lo que habían vaticinado y no mostraron pruebas de su imputación”, aunque cree que podrían condenarla porque “es una causa política que llega a sentencia en un particular momento político”. Miceli está convencida de que “buscan crear a la primera corrupta K”.

Los fiscales Fernando Arrigo y Guillermo Marijuán alegaron ante el Tribunal Oral Federal 2, solicitaron la devolución de los billetes “que aparecieron termosellados en un ‘ladrillo’ con un rótulo identificatorio del Banco Central”, y la acusaron por la desaparición del acta policial del hallazgo del dinero por parte de dos bomberos de la Brigada Explosivos, el 5 de junio de 2007. “Ha llegado el momento de dejar de cargar responsabilidades en otras personas y asumir las propias por la imputada”, dijeron Marijuán y Arrigo. Para los fiscales “está probado” que Miceli “sacó” el fajo de 100 mil pesos de la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, del barrio Villa Lynch, así como que “ese dinero era resultado de un ilícito penal” y, a la vez, “fue sustraído de manera fraudulenta del patrimonio” de la entidad financiera “por sus directivos”.

El acta

Según los fiscales, los uniformados labraron un acta, dejaron el dinero y una copia del acta a las secretarias de Miceli y se fueron. Pero a media mañana la entonces ministra llegó a su despacho y al enterarse de lo ocurrido mandó a sus colaboradores a pedir a la policía el original del acta, que luego llegó a sus manos y desde entonces permanece desaparecido. Miceli sostiene que en esa acusación está la “arbitrariedad más grande”, y niega que la haya perdido una empleada suya. “Dicen que la rompí sin tener pruebas, deducen que lo hice para borrar todo rastro, pero, si fuese así, ¿para qué la di a conocer el 25 de junio a los medios de prensa?”, dicen que dijo ayer a sus íntimos. Y agregan que se despreocupó del original porque no tenía razones para conservarlo.

El ladrillo

Para la defensa de Miceli, durante este proceso “no tomaron en cuenta las contradicciones sobre qué es un ladrillo, un policía que declaró conoce más que los demás y a partir de ahí la inculpan de la tenencia de un dinero espurio, pero está demostrado que ese dinero se lo prestó su hermano para comprar una casa, aunque hayan ignorado todos los testigos que confirmaron esa búsqueda”. (El hermano de la ex funcionaria, José Rubén, estaba enfermo cuando declaró en condición de indagado, y falleció hace pocos meses.) Y desmiente que ella misma haya dicho que lo “envasó como un ladrillo termosellado”, cuando en realidad declaró que sólo lo puso en una bolsa de nylon y la cerró. En su alegato del 18 de diciembre planteará que el fajo de dinero pudo haber salido del Banco Central a Cuenca, pero insistirá en que no hay pruebas de la relación entre Miceli y esa empresa. “Es absurdo, plantean como si se lo hubiera robado del tesoro de Cuenca, porque no hay ningún nexo”, dicen.

Luego de que trascendiera de que la fiscalía iba a pedir la pena máxima, su defensa destaca que no sólo solicitaron cuatro años, sino que tampoco la acusaron de dádivas, ni pidieron falso testimonio de su secretaria. “Revisaron toda la gestión y no encontraron nada, es un disparate que esto haya llegado a juicio, la supuesta corrupción K de 100 mil pesos, sin sobreprecios ni comisiones, cuando un caso como IBM-Nación que tuvo 30 millones de coimas terminó en probation”, repiten en su entorno.