Desde París

Muchos miembros del gobierno socialista francés encienden una vela antes de acostarse con la esperanza de que al día siguiente una nueva revelación no venga a derrumbarlo todo. La cuenta suiza del ex ministro de Presupuesto y Hacienda Jérôme Cahuzac propagó una honda explosiva en el Ejecutivo socialista y obligó al presidente François Hollande a sacar de la galera un ramo de medidas en contra de los paraísos fiscales y los evasores de impuestos. Empañado por sondeos de opinión calamitosos, por la sensación de que dirige al país de forma dubitativa, acorralado por el constante incremento del paro y la tenaza de los imperativos liberales de la Unión Europea, Hollande tuvo que elaborar en pocos días un dispositivo de leyes capaz de atenuar las consecuencias del escándalo Cahuzac. Ante el contratiempo inesperado, Hollande actuó como solía hacerlo su predecesor, el conservador Nicolas Sarkozy, en casos similares: recurrió a la propuesta de leyes para salir del mal paso. El presidente salió con una declaración de guerra contra los paraísos fiscales, los evasores y la delincuencia financiera.

Para el jefe de Estado se trata de “devolver la confianza a los ciudadanos” y de “erradicar los paraísos fiscales en Francia y en el mundo”. Ambición que no tardará en chocar con los poderosos intereses que sustentan esos territorios del dinero impune. Al cabo del Consejo de Ministros celebrado el miércoles, Hollande anunció que Francia obligará todos los años a los bancos a publicar “la lista completa de sus filiales en el extranjero, país por país, explicitando la naturaleza de su actividad”. De esta forma, afirmó Hollande, “ningún banco podrá ocultar las transacciones realizadas en un paraíso fiscal”. En este sentido, el presidente francés aclaró que todos los países que rehúsen la colaboración “serán considerados por Francia como un paraíso fiscal”. Algunas de las medidas anunciadas ayer no son nuevas. La idea de que cada año se establezca “una lista de los paraísos fiscales” ya figura en la ley bancaria discutida actualmente en la Asamblea Nacional. En cuanto a la lucha contra la delincuencia financiera, el presidente adelantó la creación de una “fiscalía financiera” que intervendrá en los casos de corrupción y fraude fiscal. François Hollande también presentó medidas que apuntan a moralizar la vida política. En este contexto, se prevé la modificación de las reglas sobre la publicación de los patrimonios, así como la creación de una “alta autoridad” encargada de verificar la conformidad de los patrimonios declarados por los parlamentarios, ministros y responsables públicos.

La oposición francesa, ya dividida sobre la oportunidad o no de exponer públicamente el patrimonio personal, acusó al mandatario de provocar una cortina de humo y de hacerle pagar a toda la clase política el precio del escándalo sobre la cuenta suiza de Jérôme Cahuzac. De hecho, en el dispositivo presentado por Hollande hay más palabras que medidas realmente novedosas o eficaces. El tema de los paraísos fiscales es objeto de un repudio común en la sociedad y cualquier diatriba contra ellos no puede sino conformar a la opinión pública. Sin embargo, los anuncios se suceden sin que las modificaciones o sanciones presentadas arrojen resultados. En tono exultante, el ex presidente Nicolas Sarkozy había declarado en 2009: “Los paraísos fiscales, el secreto bancario, se acabó”. Otra contradicción reside también en el hecho de que ya existe una lista de países “no cooperativos”. Sin embargo, ninguno de los auténticos paraísos fiscales figura en ella. Faltan allí nombres tan comprometidos como Suiza, Luxemburgo y las islas Caimán, verdaderos e inimitables centros del lavado de dinero y la evasión fiscal. Tal vez las cosas cambien bajo la influencia del caso Cahuzac y, sobre todo, de la investigación realizada por el Consorcio Independiente de Periodistas de Investigación, ICIJ, cuyo trabajo reveló la amplitud con que, a través de los paraísos fiscales, el dinero se esfuma de los países. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España escribieron a la Comisión Europea pidiéndole que, en el seno de la Unión Europea, se instaure un intercambio automático de informaciones sobre las cuentas bancarias de los europeos. Luxemburgo y Austria, los dos únicos Estados miembros de la UE donde impera el secreto bancario, ya anunciaron que pondrían fin a esa práctica. Pero esta intención es también limitada. Austria, por ejemplo, precisó que el levantamiento del secreto bancario se aplicaría únicamente a los extranjeros. Luxemburgo también esbozó un cuento de hadas: su idea de poner fin al secreto bancario en 2015 incumbe sólo a los ciudadanos de la UE que no residen en Luxemburgo. Quedan afuera las empresas y los ciudadanos no europeos, o sea, el porcentaje más alto de quienes detentan cuentas bancarias en el Gran Ducado. Con todo, los europeos se apuran hoy en diseñar otro marco para evitar la fuga de capitales y, sobre todo, la evasión fiscal. Empresas como Google o Amazon no pagan en Europa casi ningún impuesto.

Pero la sociedad sabe perfectamente a quién hay que combatir. Son los responsables políticos quienes tardan en identificar y erradicar el mal que corroe a las democracias que representan.