El martes a la mañana el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo en un acto ante jueces y camaristas que ni él ni sus colegas del alto tribunal opinarían sobre el paquete de reformas judiciales presentado el día anterior por Cristina Kirchner, ya que tarde o temprano podrían tener que evaluar su constitucionalidad. Por la tarde, el mismo día, se reunió con presidentes de las cámaras de apelaciones de todo el país. Es algo que hace todos los meses, sólo que esta vez la reunión era un hervidero de togas maldiciendo al Gobierno, en especial por las propuestas que modifican el Consejo de la Magistratura, órgano que elige y sanciona a los jueces. Lorenzetti los llamó a la “calma” pero, a su vez, los alentó a hacer lo que dijo que él no podía: “Es el momento de opinar sobre los proyectos”, les dijo, palabras más palabras menos.

Uno de los primeros en recoger el mensaje fue Gustavo Hornos, el titular de la Cámara de Casación Penal. Hornos tiene entre sus otros diplomas el de presidente de la Junta de Cámaras de Apelaciones de todo el país, en virtud del cual comenzó a analizar la posibilidad de emitir alguna clase de manifestación o posición. Por eso, ayer al mediodía llamó a una reunión de urgencia a toda la Casación. Fue el primer encuentro plenario del año, aunque tenía un toque de informalidad. Con matices y posturas diversas, la mayoría de los que estaban allí –sólo faltaban Pedro David y el subrogante Luis Cabral– le dijeron que ni él ni ellos tenían por qué opinar sobre proyectos de ley, aunque no se descartó que quien quisiera lo hiciera a título personal.

En la reunión de los titulares de Cámaras que se había hecho en la Corte durante toda la tarde del martes, hubo dos temas que quedaron claramente posicionados como los más perturbadores para la corporación judicial, ambos relacionados con la reforma prevista para el Consejo de la Magistratura: uno, es que para elegir o destituir a los jueces el kirchnerismo apunta a sustituir la mayoría actual requerida de dos tercios de los consejeros presentes por una mayoría absoluta (la mitad más uno del cuerpo) lo que, deducen, los pondrá en una situación de mayor vulnerabilidad; la otra cuestión es que las facultades de administración del dinero del Poder Judicial, que ahora domina la Corte, pasarían al Consejo de la Magistratura, desde fijar salarios hasta manejar el presupuesto.

Las quejas sobre esas y otras cuestiones –como que los jueces ya no podrán designar sus secretarios de confianza, que deberán concursar– reaparecieron en una cena en la noche del mismo martes en la Asociación de Magistrados. El anfitrión era Hornos, que quería agasajar y retribuirles a los camaristas de otras provincias el buen trato que le dispensan cada vez que a él le toca ser visitante. Lorenzetti fue como invitado. Al comienzo del banquete hubo un pacto de jueces para no seguir dándose manija con la reforma judicial en ese ámbito de distensión, donde era mejor disfrutar de unos tragos y unos ricos langostinos. Pero el tema volvía solo, entre copa y copa.

Según relataron a Página/12 dos de los jueces presentes en el plenario sorpresivo de Casación de la mañana siguiente, Hornos les planteó con ciertos eufemismos que Lorenzetti pedía o necesitaba respaldo por nota “en resguardo de la independencia” y en rechazo a los dos temas señalados como más urticantes. La idea central era que desde el Poder Judicial había que empezar a sentar posición, más aún teniendo en cuenta que antes de la elaboración de los proyectos nadie los había consultado. Otros dos camaristas que estuvieron presentes interpretaron que Hornos simplemente quería recoger opiniones y después ver qué hacía.

El propio Hornos, consultado por este diario, dijo que el presidente de la Corte no le pidió nada, y que él sólo quiso informarles a sus colegas que había ido a escuchar la presentación de los proyectos de la Presidenta al Museo del Bicentenario junto con otros presidentes de cámaras “como gesto de apertura”. Lo concreto, cualquiera haya sido su planteo, es que excepto a Mariano Borinsky –que respaldó que Hornos desde su cargo dijera lo que creyera conveniente– a nadie le pareció oportuno o apropiado que el tribunal o su presidente emitieran ninguna opinión sobre el plan democratizador para la Justicia.

Según reconstruyó Página/12, Ana María Figueroa señaló que sólo había proyectos enviados al Congreso, por lo tanto no cabía que como jueces dijeran nada. Se le sumó Angela Ledesma, que además señaló que nunca opinaron en circunstancias así. Juan Gemignani no descartó que pudieran evaluar las formas de democratizar, pero en todo caso debían buscar la forma de ser consultados en el debate. Liliana Catucci dijo que ellos están para dictar sentencias. Raúl Madueño y Eduardo Riggi quisieron mostrarse abiertos a democratizar pero cercanos a las críticas a los proyectos y en cierta sintonía con Hornos. En el extremo opuesto a Hornos quedó Alejandro Slokar quien, enrolado en el movimiento “Justicia legítima”, el día anterior había participado de una suerte de conferencia en apoyo a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

“Justicia legítima” cuestiona el corporativismo propio incluso de los eventos de jueces organizados por Lorenzetti y las asociaciones tradicionales de la familia judicial, y busca instalar una idea de independencia judicial no solo en relación con el poder político sino con corporaciones económicas, religiosas y la de los propios jueces.

Hornos no tuvo eco en Casación, pero da por hecho que sus colegas en otras cámaras tal vez tuvieron más éxito. Si no, el camino que les indicó Lorenzetti es que estudien bien los proyectos y empiecen a “opinar” a través de las entidades o asociaciones que los nuclean, entre las cuales se puso a la vanguardia la Asociación de Magistrados, que aun antes de que se presentaran los proyectos ya decía que eran inconstitucionales.